Denuncian a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en Tecnópolis y contrataciones millonarias bajo sospecha
El vocero presidencial fue denunciado penalmente ante la Justicia federal por supuestas anomalías en el manejo de fondos públicos, designaciones de personal y adjudicación de espacios en Tecnópolis. La presentación, impulsada por la diputada Marcela Pagano, también apunta a una licitación millonaria y a posibles conflictos de interés. Desde el entorno del funcionario rechazaron las acusaciones.
El vocero presidencial Manuel Adorni fue denunciado penalmente ante el Juzgado Federal N°12 por presuntas irregularidades en la contratación de personal, el manejo de pauta oficial y la adjudicación de espacios comerciales dentro de Tecnópolis. La presentación lo acusa de posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras figuras vinculadas a la administración fraudulenta de recursos del Estado.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la supuesta omisión de procesos de licitación pública en la concesión de áreas de servicios dentro del predio de Tecnópolis. Según el escrito, la asignación de stands y espacios gastronómicos se habría realizado sin mecanismos de competencia ni transparencia, lo que podría haber generado un perjuicio económico millonario.
En paralelo, la denuncia incorpora un punto más concreto: una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios para servicios de mensajería masiva —envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas— que habría sido adjudicada a la empresa ATX S.A. por más de $3.650 millones. En ese proceso, se advierten posibles vínculos entre firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría configurar una “simulación de competencia” y afectar los principios de transparencia en la contratación pública.
Otro capítulo apunta a la designación de asesores en la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. De acuerdo a la presentación, se habrían realizado contrataciones directas con “sueldos exorbitantes” que no guardarían relación con las tareas asignadas, en un esquema que los denunciantes describen como discrecional y asociado a favoritismos políticos.
Además, el documento judicial pone la lupa sobre el manejo de la pauta oficial y el financiamiento de plataformas digitales. Allí se sostiene que podrían haberse desviado fondos hacia estructuras sin alcance verificable, lo que implicaría un uso irregular de recursos públicos y la eventual evasión de controles de los organismos de auditoría.
La denuncia también introduce un elemento sensible: un posible conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis —un proceso estimado en más de $183.000 millones— en el que se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y empresas vinculadas a firmas preseleccionadas para la explotación del predio. Según el escrito, estas conexiones podrían configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En ese marco, los denunciantes solicitaron que se investigue un presunto direccionamiento previo en la adjudicación de concesiones para beneficiar a sectores del entorno del funcionario sin atravesar procesos de compulsa de precios.
A partir de estos elementos, la presentación amplía el encuadre penal y sostiene que los hechos podrían encuadrarse, además, en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Tras conocerse la denuncia, desde el entorno de Adorni desestimaron las acusaciones y las calificaron como “operaciones políticas sin sustento fáctico”. En esa línea, aseguraron que todas las decisiones administrativas fueron realizadas conforme a la normativa vigente y remarcaron que se pondrán a disposición de la Justicia para esclarecer los hechos.