El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó esta tarde la ordenanza que declara la caducidad del permiso y/o autorización de explotación de la línea municipal 707, hasta ahora en manos de Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM), luego de la parálisis total del servicio que desde abril afecta a miles de usuarios del distrito. La votación en general fue acompañada por todos los bloques, al igual que el artículo 1, mientras que el artículo 2 fue rechazado por los seis concejales del peronismo, integrados en los espacios del kirchnerismo, massismo y axelismo.
La norma habilita la reversión de los recorridos y trazas a la órbita municipal y faculta al Ejecutivo a avanzar con herramientas transitorias para restablecer la prestación. La decisión se tomó en medio de la crisis del transporte que golpea a San Isidro desde hace varias semanas, con la 707 sin servicio efectivo y con fuerte impacto en la conectividad interna del distrito, especialmente en los recorridos que unen Boulogne, Villa Adelina, Martínez y San Isidro.
Según el informe técnico-jurídico que acompañó el expediente, la línea 707 se encontraba sin prestación efectiva desde el 20 de abril de 2026 y la paralización alcanzaba a todos sus ramales. El documento sostiene que, entre enero de 2025 y la fecha de elaboración del informe, se registraron al menos 53 días de suspensión del servicio, entre interrupciones parciales y totales, hasta derivar en el cese completo de la operación.
Uno de los datos centrales del expediente es el análisis de validaciones SUBE: hasta el 20 de abril se registraban movimientos habituales de pasajeros, pero desde el 21 de abril las validaciones cayeron abruptamente a cero y se mantuvieron sin actividad en los días posteriores. De acuerdo con la estimación oficial, cada jornada sin prestación de la 707 afecta aproximadamente 30 mil transacciones SUBE en un día hábil laboral y escolar promedio.
Durante el debate, el oficialismo defendió la ordenanza como el paso necesario para reorganizar el sistema y aseguró que la salida se trabajó con el Ministerio de Transporte bonaerense, el sindicato y empresas provinciales. El concejal Juan Bautista Ocampo sostuvo que la medida no buscaba “entorpecer” la situación de los trabajadores, sino “dar un paso para que se pueda resolver la situación de ellos”, y remarcó que el conflicto perjudicó tanto a los usuarios como al personal de la empresa.
Ocampo vinculó la crisis de MOGSM con un proceso más amplio de distorsiones acumuladas en el sistema de subsidios al transporte. Según planteó, durante años el esquema financió la oferta —unidades y kilómetros recorridos— y no la demanda real de pasajeros, lo que incentivó ramales de baja utilización, flotas sobredimensionadas y recorridos poco eficientes. A eso sumó la caída de la demanda durante la pandemia, el aumento de costos y el cambio de criterio en los subsidios impulsado por el gobierno nacional, que impactó especialmente en empresas que habían construido su modelo de negocios sobre el esquema anterior.
En ese marco, señaló que la comuna intentó acompañar a la empresa con medidas operativas para sostener el servicio y preservar las fuentes laborales. Entre ellas mencionó la unificación de ramales, la reorganización de recorridos y la reducción de kilómetros ociosos. Como ejemplo citó el caso del ramal 8, que pasó de un índice de pasajeros por kilómetro de 1,4 a 2,5, lo que en principio lo volvía sustentable. “Pero claramente todo esto no alcanzó”, reconoció, al considerar que la crisis ya estaba “totalmente desatada”.
El edil oficialista reveló además que el Municipio viene articulando con líneas provinciales “con espalda económica y estructuras sólidas”, entre ellas la 314, la 343, la 338 y la 228, para reemplazar los servicios caídos y rediseñar recorridos. En ese punto, anticipó que una de las nuevas conexiones permitirá cumplir un reclamo histórico de vecinos: unir Villa Adelina y el Bajo de Boulogne con el Hospital de Boulogne. “No es un acto de cierre, sino un punto de partida de una solución que está en marcha”, resumió.
Desde el Frente Renovador-Fuerza Patria, Federico Meca cuestionó el alcance de la iniciativa y advirtió que declarar la caducidad, por sí solo, no resuelve la emergencia. “Dictar esta caducidad es solamente sacarse el problema de encima; si bien es cierto que la empresa contratista no está cumpliendo con su función hace más de un mes, no vemos avance alguno del intendente en el sentido de resolver el problema”, sentenció el presidente del bloque.
Meca afirmó que su espacio trabaja junto al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires “en ayudar en la diagramación de los nuevos recorridos con las líneas provinciales” y sostuvo que el proyecto aprobado es “precario” porque, a su entender, “no contempla ni soluciona la problemática de los vecinos ni de los trabajadores”.
También acompañó la ordenanza el bloque Acción Vecinal San Isidro, aunque con fuertes críticas al oficialismo. Walter Pérez dijo que su espacio votaba a favor porque buscaba “una solución lo más urgente posible tanto para los vecinos como para los trabajadores”, pero lamentó que se hubieran perdido “más de un mes” desde la presentación de una propuesta propia que, según sostuvo, incluía puntos similares a los del expediente finalmente tratado.
Pérez cuestionó lo que definió como una actitud de “protagonismo” y de “no dar lugar a la oposición”, y aseguró que esa demora afectó a pasajeros, vecinos y empleados que todavía no tienen garantizada su continuidad laboral. “Estamos acá para tratar de solucionar un conflicto y no para tratar de llevarnos medallas. Eso no nos interesa. Nos interesa que esto funcione”, expresó.
El cierre político del debate lo dio el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Álvarez, quien bajó al recinto para hacer uso de la palabra y fue reemplazado momentáneamente en la presidencia por Ocampo. Álvarez buscó explicar la decisión del Ejecutivo y sostuvo que el intendente asumió el costo del enojo vecinal porque había un objetivo superior: garantizar que San Isidro siguiera teniendo transporte urbano de pasajeros en todo el distrito y, al mismo tiempo, evitar la pérdida de fuentes de trabajo.
Álvarez reconoció el peso histórico y simbólico de MOGSM en San Isidro, al recordar que se trata de una empresa con más de 60 años vinculada al desarrollo del distrito, pero afirmó que en los últimos años la estructura del transporte cambió de manera drástica. En esa línea, coincidió en que el paso de un paradigma de subsidio a la oferta a otro de subsidio a la demanda golpeó especialmente a una empresa de carácter municipal, con recorridos cortos y menor capacidad de compensar la ecuación económica.
El titular del HCD reveló que la salida se trabajó “minuciosamente y en silencio” con el Ministerio de Transporte de la Provincia, con la organización de los trabajadores y con empresas provinciales prestadoras del servicio. En particular, destacó la predisposición de la línea 314, a la que definió como una empresa histórica de la ciudad, para colaborar en la búsqueda de soluciones.
Álvarez explicó que la caducidad llegó al recinto en este momento porque, según dijo, ya se había firmado la posibilidad de una homologación entre las partes para garantizar que las empresas provinciales que reemplacen los servicios de la 707 absorban a los trabajadores de la firma municipal. También indicó que se realizó un censo conjunto con el Ministerio de Transporte bonaerense, el sindicato y las empresas para cotejar el padrón del personal y avanzar en su incorporación.
En ese contexto, defendió especialmente el artículo 2 de la ordenanza, resistido por el peronismo, al señalar que funciona como un “reaseguro” para que, si la implementación vuelve a demorarse, el Ejecutivo tenga herramientas inmediatas para resolver la cobertura. “Estaríamos en condiciones de poder garantizar que en breve, para algunos ansiosos tal vez el fin de semana, a más tardar el martes, tengamos las empresas de transporte funcionando en San Isidro”, afirmó.
La definición concreta del nuevo esquema operativo deberá instrumentarse ahora en coordinación con las áreas técnicas municipales y los organismos provinciales competentes. El objetivo declarado es restablecer la cobertura de los corredores afectados, evitar un vacío de prestación y dar respuesta a los vecinos que dependen de la 707 para trasladarse a sus trabajos, escuelas, centros de salud y estaciones ferroviarias.
