La crisis desatada puertas adentro de la Quinta Presidencial de Olivos sumó en las últimas horas una salida de peso y tiene una conexión directa con la Zona Norte. María Belén Agudiez, quien antes de llegar al Gobierno nacional fue candidata a concejal de La Libertad Avanza en Escobar, renunció a la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia en medio del desplazamiento de personal civil, el desembarco de Casa Militar y una denuncia judicial que puso bajo la lupa el manejo de alimentos y contrataciones dentro de la residencia presidencial.
La salida quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 1055/2026, firmado por Javier Milei, que aceptó la renuncia de Agudiez a partir del 20 de septiembre. El texto se limita a agradecerle “los servicios prestados” y no brinda ningún motivo para explicar su alejamiento.
El momento elegido, sin embargo, difícilmente pase inadvertido. Apenas días antes el Gobierno había iniciado una profunda reorganización en Olivos, con el despido de 12 trabajadores civiles, la disolución de la estructura que administraba la residencia y un mayor control de Casa Militar sobre el predio. Entre los desplazados apareció Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como administrador general de la Quinta.
La relación administrativa entre ambos no era menor. El organigrama oficial de la Presidencia ubicaba a Agudiez al frente de la Subsecretaría de Planificación General y, debajo de esa estructura, a la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos encabezada por Sosa. Este último había sido designado formalmente por el propio Milei mediante el Decreto 279/2024.
A esa trama se agrega el vínculo familiar señalado públicamente entre ambos: Sosa es cuñado de Agudiez. Su desplazamiento quedó así en el centro de una reestructuración que terminó alcanzando pocos días después a la propia subsecretaria.
Pero la historia se volvió todavía más delicada a partir de la intervención de la diputada nacional Marcela Pagano, quien llevó a la Justicia una serie de acusaciones sobre el funcionamiento de la Quinta.
Pagano pidió investigar, entre otros puntos, la relación entre funcionarios vinculados a Olivos y un emprendimiento privado de catering denominado “Pancitos Caseros”. Según la presentación de la legisladora, deberá determinarse si mercadería adquirida con fondos públicos para la residencia presidencial pudo haber terminado beneficiando a esa actividad privada. La diputada también denunció presuntas irregularidades en contrataciones de jardinería y sostuvo que un hombre sin patrimonio habría figurado como proveedor de Presidencia con una facturación superior a los $600 millones. Son acusaciones que, hasta el momento, no cuentan con una resolución judicial que las tenga por probadas.
En paralelo, el Gobierno decidió darle a Casa Militar un papel mucho más amplio dentro de Olivos. La explicación oficial fue la necesidad de elevar los niveles de seguridad y eficiencia, en un contexto internacional considerado más riesgoso y de cara a la prevista visita del papa León XIV. Desde la Casa Rosada también atribuyeron parte de los cambios a filtraciones de información sobre las actividades del Presidente y su entorno.
La Casa Militar ya tenía entre sus funciones formales la seguridad del Presidente, su familia y la Residencia de Olivos. La novedad pasa por la ampliación de su intervención en el funcionamiento cotidiano de un predio que hasta ahora contaba con una importante estructura civil.
En ese contexto aparece la pata escobarense de la historia. Antes de desembarcar en el Gobierno nacional, Agudiez integró en 2023 la boleta de La Libertad Avanza en Escobar que llevaba a Eduardo Gianfrancesco como candidato a intendente. Ocupó el quinto lugar entre los candidatos a concejales titulares. La fuerza libertaria obtuvo tres bancas, por lo que Agudiez no ingresó al Concejo Deliberante.
Pocos meses después dio un salto considerable: Milei la nombró, a partir del 2 de enero de 2024, subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, el área que conduce Karina Milei. Desde allí quedó sobre una estructura que incluía servicios generales y la administración de la propia Quinta de Olivos.
Ahora, menos de tres años después de aquella candidatura local en Escobar, Agudiez abandonó el Gobierno en el momento más turbulento que atravesó la administración interna de la residencia presidencial desde el inicio de la gestión libertaria.
La secuencia concentra todos los ingredientes de una crisis todavía abierta: trabajadores civiles despedidos, un administrador desplazado, Casa Militar ganando terreno en Olivos, denuncias por presunto uso irregular de recursos públicos y, finalmente, la renuncia de la funcionaria bajo cuya órbita se encontraba buena parte de esa estructura.
El decreto presidencial no dice que su salida responda a esas denuncias ni establece relación alguna entre ambos hechos. Pero la coincidencia temporal coloca inevitablemente la renuncia de Agudiez en el centro de un episodio que ya salió de los portones de la Quinta de Olivos y llegó a los tribunales.
