El intendente de Morón, Lucas Ghi, quedó nuevamente en el centro de la escena política local luego de que el Ejecutivo municipal solicitara retirar del Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026, una decisión que profundizó las tensiones internas y volvió a exponer las dificultades de gobernabilidad en el distrito.
Según trascendió, el Gobierno local pidió la devolución del expediente a las áreas técnicas del municipio y solicitó una prórroga de 30 días para presentar una nueva versión con correcciones. De esta manera, el tratamiento legislativo del Presupuesto quedó frenado y el Concejo deberá aguardar el envío de un nuevo proyecto.
La decisión generó malestar en sectores críticos del oficialismo y también en la oposición, desde donde cuestionan la falta de previsibilidad en el manejo de una herramienta clave para ordenar los gastos, los recursos y las prioridades de gestión. En ese marco, algunos dirigentes interpretaron el retiro del expediente como una maniobra dilatoria en medio de un escenario político cada vez más complejo para el intendente.
El Presupuesto 2026 venía siendo observado con atención en el Concejo Deliberante, especialmente después de los cuestionamientos que ya había recibido la administración municipal por la rendición de cuentas 2025, la presión fiscal sobre vecinos y comerciantes, el nivel de gasto político y la falta de consensos dentro del propio oficialismo.
El conflicto también se inscribe en la interna abierta entre el sector de Ghi y el sabbatellismo, una disputa que viene condicionando la dinámica legislativa local y que golpea directamente sobre la capacidad del Ejecutivo para aprobar sus principales iniciativas.
Con el expediente fuera del debate inmediato, Morón continuará por ahora sin Presupuesto 2026 aprobado. El Ejecutivo tendrá ahora un plazo extra para corregir y reenviar la propuesta, mientras crecen las negociaciones políticas y las acusaciones cruzadas en torno al rumbo financiero del municipio.
La nueva demora suma incertidumbre sobre la planificación de obras, programas sociales y servicios esenciales, y deja al descubierto un escenario de alta tensión institucional en uno de los distritos clave del oeste del conurbano bonaerense.
