La Justicia federal de San Isidro procesó este jueves al exdiputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert por presunto lavado de activos, en el marco de la investigación por los 200.000 dólares que recibió de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. El juez Lino Mirabelli también dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y le prohibió salir de la Argentina.
La resolución judicial representa un avance en la causa que investiga el origen de los fondos recibidos por el economista en enero de 2020, cuando ingresó una transferencia a una cuenta bancaria que tenía en Estados Unidos. El dinero provenía de Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala y relacionada con Machado, quien fue condenado en Estados Unidos en una causa por delitos financieros vinculados a una organización criminal.
Además de Espert, el magistrado procesó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, como presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos, y ordenó un embargo de 700 millones de pesos. La decisión también alcanzó a la sociedad familiar Varianza SA, sobre la que se dispuso un embargo de 500 millones de pesos.
Uno de los puntos centrales del expediente es el contrato de asesoramiento profesional con el que Espert justificó el ingreso de los 200.000 dólares. Según su defensa, el acuerdo fue firmado ante escribano y contaba con documentación respaldatoria, por lo que rechazó que se tratara de una operación destinada a ocultar dinero de origen ilícito.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ese contrato habría sido utilizado para darle apariencia legal a una transferencia de fondos de procedencia sospechosa. Entre los elementos analizados por los investigadores aparecen la falta de documentación que acredite los servicios profesionales, la ausencia de viajes de Espert a Guatemala y la situación operativa de las explotaciones mineras mencionadas en el acuerdo.
En agosto, el exlegislador presentó un extenso descargo ante la Justicia y solicitó su sobreseimiento. También defendió públicamente la operación al señalar que el dinero había llegado mediante una transferencia bancaria identificada con su nombre, argumento con el que buscó descartar cualquier intención de ocultamiento.
El procesamiento se conoció apenas dos días después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara distintos planteos presentados por los abogados de Espert para cuestionar las medidas de prueba y apartar al fiscal Fernando Domínguez de la investigación. Los camaristas consideraron que no se habían acreditado irregularidades que justificaran invalidar las actuaciones judiciales.
La causa se inició a partir de una denuncia del dirigente Juan Grabois y quedó radicada en el Juzgado Federal de San Isidro. La investigación también puso bajo análisis la situación patrimonial del exdiputado y los movimientos financieros relacionados con el empresario Machado.
Espert, que dejó su banca en la Cámara de Diputados en medio del escándalo por sus vínculos con Machado, enfrenta ahora una situación judicial más comprometida. De todos modos, el procesamiento no constituye una condena: significa que el juez considera reunidos elementos suficientes para avanzar con el proceso penal, mientras que la defensa conserva la posibilidad de apelar la resolución ante la Cámara Federal de San Martín.
