En una decisión de fuerte impacto institucional, los clubes de Primera División resolvieron suspender por completo la actividad del fútbol argentino durante cuatro días —del 5 al 8 de marzo— en respaldo a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en medio de la causa judicial impulsada por ARCA por presunta retención indebida de tributos. La medida se definió en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde los dirigentes coincidieron en que el conflicto atraviesa a toda la estructura del fútbol y que exige una postura conjunta.
El paro, que abarca la fecha 9 del Torneo Apertura, será acompañado también por las categorías del Ascenso, luego de que se iniciaran conversaciones para una adhesión unificada. La resolución llegó después de una exposición interna en la que Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, exhibió documentación que —según planteó ante los dirigentes— demostraría que la entidad no posee deudas fiscales exigibles ni declaraciones juradas pendientes. Ese elemento fue determinante para que los clubes interpretaran que la causa judicial carece de sustento.
La conducción de la AFA difundió un comunicado donde señaló que las obligaciones fiscales señaladas por ARCA “fueron abonadas en forma voluntaria y antes de su vencimiento”, y denunció que el ente recaudador pretende transformar pagos aún no exigibles en la base de una imputación penal. Afirmó además que la postura del Comité Ejecutivo responde al “repudio unánime” frente a la denuncia.
Tras la reunión, uno de los dirigentes que tomó la palabra fue Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, quien expresó que el escenario configura “una persecución” y que los clubes no descartan profundizar las medidas. También afirmó que el conflicto “pasa a ser un tema de Estado” y mencionó que las recientes decisiones judiciales que alcanzan a Tapia, Toviggino y Cristian Malaspina generan preocupación entre los directivos. El dirigente insistió en que los socios ya se pronunciaron contra la imposición de sociedades anónimas deportivas y que el actual proceso judicial aparece, en ese contexto, como parte de un embate institucional más amplio.
El caso que detonó la crisis se originó en diciembre de 2025, cuando ARCA denunció la falta de depósito de aportes previsionales y otras obligaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, un perjuicio estimado en más de $19.300 millones. Según la acusación, la AFA contaba con ingresos suficientes para afrontar esos pagos y la omisión configuraría delitos previstos en el Régimen Penal Tributario. Las auditorías internas, firmadas por el presidente, el secretario general y el tesorero, mostraban pasivos fiscales acumulados durante ese período.
En los testimonios que ya se incorporaron al expediente, funcionarias del área administrativa señalaron que el pago de impuestos dependía exclusivamente de las instrucciones del tesorero y que tanto Tapia como Toviggino tenían roles centrales en la administración económica y en el manejo de la clave fiscal institucional. El cronograma de declaraciones indagatorias comenzará el 5 de marzo con la citación al presidente de la AFA; luego deberán presentarse Toviggino, Lorenzo, Blanco Rodríguez y Malaspina.
El conflicto se amplifica en paralelo a otros frentes judiciales que atraviesan a la conducción de la AFA. Uno de ellos investiga el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión y un conjunto patrimonial millonario en Pilar, donde se sospecha la existencia de testaferros. Otra causa avanza sobre presuntas irregularidades contractuales y desvío de fondos vinculados a acuerdos estratégicos firmados con sociedades radicadas en Estados Unidos.
En medio de ese escenario, la justicia autorizó a Tapia a viajar a Colombia y Brasil entre el 23 y el 28 de febrero para cumplir compromisos oficiales, bajo una fianza de cinco millones de pesos y con la obligación de informar sus movimientos al sistema judicial.
La suspensión total de la actividad futbolística marcará uno de los episodios más disruptivos de los últimos años. Para los clubes, la medida busca enviar una señal contundente de respaldo institucional. Para la justicia, el proceso penal continuará su marcha con el inicio de las indagatorias. El conflicto, por ahora, no muestra signos de desacelerar.
