El Concejo Deliberante de Vicente López aprobó una ordenanza que habilita al Municipio a instalar módulos gastronómicos desmontables en 25 plazas y espacios públicos. Los permisos podrán extenderse durante cinco años y tendrán un canon que será definido por el Ejecutivo. Fuerza Patria y La Libertad Avanza cuestionaron que todavía no estén precisados aspectos como el tamaño de los puestos, la colocación de mesas y sillas, la disponibilidad de baños y el impacto sobre los comercios de cada zona.
La medida no implica que los módulos vayan a colocarse automáticamente en todos los lugares incluidos. La norma crea un marco general para que el gobierno municipal evalúe cada espacio y determine dónde autorizar la venta de alimentos, bebidas y otros productos de consumo cotidiano.
Según explicó el Municipio, la intención es que los vecinos puedan “tomar un café, comprar una medialuna o algo para comer” mientras utilizan las plazas para pasear, practicar deportes o reunirse. El Ejecutivo aseguró que la propuesta apunta principalmente a aquellos espacios que no tienen negocios cercanos y sostuvo que su aplicación permitirá sumar servicios, generar empleo e impulsar la economía local.
Los permisos serán onerosos, precarios, revocables, intransferibles y renovables. Esto significa que los responsables deberán pagar por la utilización del espacio, no podrán transferir la autorización y el Municipio tendrá la facultad de dejarla sin efecto. Los módulos deberán respetar las características urbanísticas del lugar, preservar el arbolado y contar con un sistema de separación de residuos.
La discusión llegó al recinto con fuertes cuestionamientos de Fuerza Patria. La concejal Laura Braiza rechazó que el Ejecutivo pueda resolver la instalación de los puestos a partir de una habilitación general y reclamó que “cada plaza sea analizada de manera individual, de acuerdo con su identidad, sus características y las necesidades del barrio”.
Su compañera de bloque Cortiellas puso el foco en los puntos que la ordenanza dejó en manos del gobierno municipal. Advirtió que todavía “se desconoce cuánto pagarán los permisionarios, qué dimensiones tendrán los módulos, si podrán disponer mesas y sillas y cómo se resolverá la falta de baños públicos”.
Roberto Pace, por su parte, pidió que antes de avanzar “se consulte a los vecinos y a los comerciantes de cada zona”. El concejal sostuvo que la llegada de nuevos puestos gastronómicos puede afectar a los negocios ubicados alrededor de las plazas y planteó que los recursos podrían “destinarse primero a mejorar los juegos infantiles y la infraestructura existente”.
Desde La Libertad Avanza, la concejal Tello acompañó algunos puntos de los expedientes tratados, aunque votó en contra de la manera en que se proyectó el ingreso de la actividad gastronómica a los espacios verdes. Al igual que Fuerza Patria, reclamó que se evalúe la oferta comercial existente y el impacto que podrían producir los módulos en cada barrio.
El oficialismo negó que la iniciativa represente una privatización de las plazas. Ezequiel Ferrari defendió la ordenanza y sostuvo que los módulos funcionarán como “servicios complementarios, especialmente donde no existen comercios próximos”. Para el concejal, la medida permitirá “administrar mejor los espacios públicos y mejorar la experiencia de quienes los utilizan”.
La ordenanza comprende plazas y espacios públicos de Olivos, Munro, Florida, Villa Martelli, Villa Adelina, Carapachay, Florida Oeste y Vicente López. La lista establece dónde podrán autorizarse los módulos, aunque será el Ejecutivo el que resolverá cuáles se instalarán efectivamente, quiénes los explotarán y cuánto deberán pagar.
En la misma sesión se aprobó otro proyecto que permite entregar a un privado la explotación de un predio municipal ubicado entre Urquiza, Raúl Ricardo Alfonsín, Julio Argentino Roca y Juan Díaz de Solís para utilizarlo como estacionamiento. La autorización también podrá concederse por un máximo de cinco años. Durante el debate se eliminó el artículo que contemplaba habilitar publicidad dentro del lugar.
