El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano y desvinculó penalmente al Presidente, su hermana y otros nueve investigados. La decisión llega después de que más de 40.000 compradores sufrieran pérdidas con la criptomoneda promocionada por Milei. El magistrado había sido cuestionado por el nombramiento de su esposa como jueza federal por parte del Gobierno.
El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei fueron sobreseídos este viernes 23 de octubre en la causa que investigaba la presunta estafa vinculada con la criptomoneda $LIBRA, que el mandatario promocionó en febrero de 2025 y cuyo posterior desplome dejó miles de inversores perjudicados. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi concluyó que los hechos denunciados no constituían delitos y extendió la decisión a los otros nueve involucrados en el expediente.
La resolución hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y benefició también al empresario estadounidense Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. El magistrado consideró que los sucesos investigados no encuadraban en ninguna de las figuras penales analizadas, entre ellas estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
El fallo representa un desenlace judicial favorable para el Gobierno en uno de los mayores escándalos que atravesó la gestión de Milei. Sin embargo, la resolución llega sin que ninguno de los once investigados haya prestado declaración indagatoria y después de que los inversores damnificados fueran apartados de su condición de querellantes, una decisión que todavía es objeto de reclamos ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que promocionaba el proyecto Viva la Libertad y difundía la dirección digital necesaria para comprar la criptomoneda $LIBRA. El valor del activo se disparó en cuestión de minutos, hasta alcanzar un precio cercano a los cinco dólares, pero pocas horas después se desplomó.
Según las estimaciones incorporadas a las denuncias, más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas económicas mientras que un grupo reducido de billeteras digitales retiró alrededor de 100 millones de dólares. La secuencia despertó sospechas sobre una posible maniobra conocida en el mercado de las criptomonedas como rug pull, mediante la cual determinados operadores obtienen ganancias extraordinarias antes del hundimiento del precio de un activo.
Pese a esos antecedentes, Martínez de Giorgi coincidió con el fiscal Taiano en que la promoción presidencial, el aumento de la cotización y su posterior caída no bastaban para configurar una estafa. Para que existiera ese delito, explicó, debía acreditarse una maniobra engañosa concreta que hubiera inducido a los compradores a realizar las operaciones y que tuviera una relación directa con el perjuicio económico.
El magistrado sostuvo que la investigación no permitió identificar una afirmación falsa específica que hubiera determinado a los inversores a comprar $LIBRA. También consideró que la condición de presidente de Milei pudo haber otorgado mayor visibilidad y credibilidad al lanzamiento, pero que esa circunstancia no demostraba por sí misma su participación en una maniobra delictiva.
Otro de los puntos centrales de la causa fue la relación entre los empresarios vinculados con el proyecto y el entorno presidencial. Los investigadores analizaron documentación y conversaciones recuperadas del teléfono de Mauricio Novelli, uno de los principales intermediarios entre Milei y Hayden Davis.
Entre esos archivos apareció un borrador de acuerdo que contemplaba pagos millonarios relacionados con el proyecto y referencias a integrantes del Gobierno. Sin embargo, el juez consideró que la ausencia de firmas y la falta de elementos que acreditaran su aceptación o ejecución impedían utilizarlo como prueba suficiente de un delito.
En particular, el magistrado descartó que se hubiera demostrado que Karina Milei recibió dinero a cambio de facilitar reuniones con su hermano. También analizó las autorizaciones de ingreso a la Casa Rosada otorgadas a empresarios vinculados con la criptomoneda, pero entendió que esos encuentros no acreditaban por sí mismos un acuerdo ilícito.
El fallo también puso reparos sobre la valoración de determinadas pruebas digitales, especialmente por las filtraciones de información que se produjeron durante la investigación y los cuestionamientos a su cadena de custodia.
La resolución llega, además, en medio de una controversia relacionada con el propio juez. En julio de este año, el Gobierno nacional oficializó mediante el decreto 589/2026 el nombramiento de Ana María Cristina Juan, esposa de Martínez de Giorgi, como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.
La designación, firmada por Milei después de recibir el acuerdo del Senado, había generado cuestionamientos por producirse mientras el magistrado intervenía en una investigación que involucraba al Presidente y a su entorno más cercano. El vínculo familiar y el nombramiento constituyen un antecedente relevante de la controversia, aunque no prueban que haya existido una irregularidad en la decisión judicial.
Otro aspecto determinante para el desenlace fue el apartamiento de los inversores que participaban como querellantes. Al no existir una acusación autónoma que sostuviera la continuidad de la investigación frente al pedido de sobreseimiento del fiscal, el juez entendió que correspondía cerrar el expediente.
De todos modos, todavía permanecen pendientes recursos presentados por los damnificados para recuperar su participación en el proceso, por lo que la situación procesal podría volver a ser revisada.
Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de los once investigados y ordenó que, una vez firme la resolución, se archive la causa. También dejó establecido que la formación del expediente no afectó el buen nombre y honor de los imputados.
De esta manera, la Justicia federal descartó responsabilidades penales por los hechos investigados, pese a las pérdidas económicas que provocó el derrumbe de $LIBRA. El fallo marca un punto decisivo en el expediente, aunque no elimina los perjuicios sufridos por los compradores ni el debate político sobre la responsabilidad del Presidente por haber promocionado públicamente el proyecto.
