El fiscal platense Álvaro Garganta pidió hoy la inhibición de bienes por hasta 15 millones
de pesos y la prohibición para salir del país del exjefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pírez, en el marco de la causa en la que está imputado por supuesto "lavado de activos" mediante la emisión de facturas apócrifas durante la administración de Daniel Scioli.Al mismo tiempo Garganta ordenó una serie de allanamientos en las oficinas y hangares de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA que le alquilaba aviones a la gobernación bonaerense durante la gestión de Scioli.
Los operativos se llevaron a cabo tanto en el Aeroparque Metropolitano como en el Aeropuerto de San Fernando, donde la empresa tiene oficinas.
Fuentes judiciales señalaron que el fiscal sospecha que el exgobernador usó fondos públicos para pagar vuelos que en realidad eran para la campaña presidencial del entonces candidato del Frente para la Victoria (FpV) o para uso personal.
En la mira tambiín está Pírez, quien para la Justicia era el encargado de habilitar los pagos y al cual le recayó un pedido de inhibición de bienes y la prohibición de salir del país.
La solicitud del fiscal Garganta alcanza tambiín al exsubsecretario Administrativo, Walter Carbone, al que se le secuestró de su casa en el country Abril una estatua de dragón con una caja de seguridad oculta en su vientre.
Resta saber ahora la resolución que tomará la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, a cargo de la causa que involucra además a otros exfuncionarios del Gobierno bonaerense, entre ellos la contadora y exdirectora general de administración bonaerense Sandra Alicia Mamberti y la empleada Mónica Ripamonti.
Garganta justificó la prohibición de salida del país por la "magnitud de la investigación" y por la "disponibilidad económica de los imputados": en el caso de que alguno tenga que viajar, deberá pedir una autorización previa.
Pírez y Carbone, acusados por los delitos de "peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público", negaron haber participado en la sustracción entre 2014 y 2015 de más 10 millones de pesos mediante facturas truchas por servicios brindados para eventos públicos.
El exjefe de Gabinete bonaerense había prestado declaración indagatoria ante el fiscal que investiga irregularidades en la gestión anterior: dijo que tanto Jefatura como su DGA "se desenvolvían bajo las normativas sancionadas por la legislatura y utilizadas por todos los gobiernos anteriores y que se encuentra en plena vigencia".
En esa oportunidad Pírez negó ante el fiscal Garganta su participación en la causa por supuestas "facturas apócrifas" denunciadas por la diputada nacional Elisa Carrió que dio inicio a la causa.
"La realización de eventos en la provincia de Buenos Aires, se lleva a cabo basado en la legislación vigente, esto es, en el artículo 40 de la Ley 10.189, sus modificatorias y el decreto 288/07, que no establece un procedimiento rígido y determinado", aclaró el funcionario acusado en su declaración.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar