Los nuevos controles aplicados por el Gobierno a las exportaciones de carnes provocarán “trabas y permisos arbitrarios”, advirtió un estudio de especialistas del sector.
El Gobierno dispuso que esas ventas deberán ser informadas e inscriptas a través de una Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC), en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) que funciona en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Según un informe del estudio Zorraquín + Meneses y Asociados, este nuevo registro de exportación “hará que un funcionario ponga trabas o permisos según un criterio que nunca es claro, y siempre es arbitrario”.
De acuerdo al análisis de los especialistas Teo Zorraquín y Alejandro Meneses, hay “mucho ruido en la cadena de ganados y carnes por las declaraciones de funcionarios con amenazas de aumento de retenciones y restricciones a las exportaciones ya concretadas para reducir los precios internos”.
En tanto los valores de la hacienda siguen hacia arriba: el novillo ya muestra operaciones a $200 el kilo, y los terneros con tratos de más de $260 el kilo. y con un mercado activo y demandado”.
Por su parte, los feedlots, el engorde a corral, se encuentran -según el informe del negocio ganadero- “haciendo cuentas, pero todavía con baja ocupación, porque si bien algo mejoró la relación de compra-venta, aún no alcanza para revertir el resultado del alto costo de la alimentación de los animales”.
Además, el análisis destacó que “la faena de machos sigue firme y los números no muestran liquidación de hembras por encima del promedio, a pesar de ser atractivo el precio de la vaca gorda buena, unos $150 el kilo”.
La exportación de carne vacuna sigue a buen ritmo, con precios fluctuantes sobre todo para el mercado europeo, con la Cuota Hilton y China con demanda sostenida, pero sin recuperar precios altos.
“El consumo interno de carne vacuna muestra una tendencia decreciente y las alternativas como las avícolas y de cerdo en franco crecimiento”, dijeron.
Resaltaron que un informe del IERAL, el instituto económico de la Fundación Mediterránea, muestra el deterioro de la capacidad de compra del salario formal para adquirir un kilo de carne, ubicándose 20% por debajo respecto de promedio histórico.
“Esto hace prever que la intervención sobre este negocio será creciente y que los productores enfrentan un año electoral con un negocio sensible políticamente. Una vez más”, añadieron.
Consideraron que “el túnel del tiempo parece ser una forma de hacer política económica. En estos días se repiten las declaraciones de funcionarios relevantes, como la amenaza de Paula Español, titular de Comercio Interior, de aumentar las retenciones, y de otros asignando la culpa de la inflación a determinados productos, en especial a la carne”.
El estudio señaló que vuelve el discurso del “desacople de precios”, la “mesa de los argentinos” y “por qué quieren cobrar en dólares lo que producen en pesos”.
“Sumado claro a que estos mismos funcionarios aspiran a que las empresas deben tener una rentabilidad razonable, sin entender cómo operan los estímulos en la toma de decisiones y la relación entre rentabilidad y riesgo”, indicaron Zorraquín y Meneses.
En ese mismo sentido, el Ministerio de Producción y Desarrollo emitió una circular que obliga a las empresas a producir al máximo de su capacidad.
“Si bien no se refiere al agro, imaginemos que llegara esta nota a un criador al que se lo inste a mejorar su porcentaje de preñez y producir más terneros, o a un agricultor a fertilizar más para producir más granos”, expresaron.
Evaluaron que “parece folclore, pero estas acciones y declaraciones siempre han sido anticipos de lo que viene: más impuestos, más restricciones, menos producción, menos inversión, menos empleo y aumento de precios. Nada nuevo bajo el sol”.
Respecto del control de exportaciones expresaron que la resolución del Ministerio de Agricultura con nuevos requisitos que deberán cumplir los operadores inscriptos en el RUCA que quieran exportar granos, carne o leche tiene como objetivo oficial evitar el ingreso de operadores desleales.
Los analistas objetaron que “se agrega más burocracia a las empresas, que deberán presentar sus planes, los volúmenes a exportar, sus destinos, sus proveedores, sus movimientos bancarios y otra serie de datos más”.
“Esto huele a que se están generando nuevos modos de intervenir en el mercado y frenar exportaciones cuando les resulte funcional”, indicaron.
Dijeron que existe una “mirada ideológica que sugiere que las empresas están al servicio del Estado y no a la inversa”.
Fuente: (www.www.zonanortediario.com.ar / NA)