La investigación comenzó cuando cuatro argentinos intentaron viajar desde Ezeiza con la excusa de que habían sido contratados para reconstruir edificios. Sus relatos se derrumbaron durante los interrogatorios: admitieron que iban a incorporarse al frente de batalla. La pareja de la detenida está prófuga.
Una mujer acusada de integrar una organización dedicada a reclutar civiles y exuniformados para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia fue detenida durante un allanamiento en una vivienda de la calle Alfonsina Storni al 100, en Tigre. A los potenciales combatientes les prometían un sueldo mensual de 3.000 dólares, aunque viajaban sin contratos firmados, pasajes de regreso ni garantías sobre lo que encontrarían al llegar al frente.
El operativo fue realizado por agentes de la Policía Federal Argentina. La principal sospechosa habría actuado junto con su pareja, un hombre que salió del país rumbo a Brasil a finales de junio y permanece prófugo.
La trama comenzó a quedar expuesta en marzo, cuando cuatro hombres llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con pasajes hacia Europa y la intención de continuar viaje hasta Ucrania. Al ser entrevistados por separado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aseguraron que habían conseguido trabajo en la construcción y que viajarían para reparar los daños provocados por los ataques rusos.
La historia no resistió demasiadas preguntas. Los viajeros no pudieron explicar quién había pagado sus boletos, quién los recibiría al llegar ni para qué empresa trabajarían. Tampoco llevaban dinero suficiente para mantenerse, contaban con pasajes de regreso o podían precisar cuáles serían sus supuestas tareas.
Las contradicciones terminaron por derrumbar la coartada. Los cuatro reconocieron que su verdadero objetivo era sumarse a los combates del lado ucraniano a cambio de un salario en dólares. También admitieron que habían acordado contar la misma historia sobre los trabajos de reconstrucción porque temían ser detenidos si revelaban el motivo real del viaje.
El dato más inquietante era que ninguno tenía un contrato previo. Según explicaron, la documentación recién sería firmada una vez que llegaran a destino, una modalidad que los dejaba completamente expuestos y sin certezas sobre las condiciones prometidas.
Ante esa situación, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora impidió que abordaran el vuelo y delegó la investigación en el Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Las tareas posteriores permitieron reconstruir el circuito y condujeron hasta Tigre. Los investigadores determinaron que los presuntos reclutadores captaban interesados en distintos puntos del país y utilizaban vehículos para trasladarlos al aeropuerto.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanar la vivienda de los sospechosos. Del procedimiento participaron efectivos del GEOF, especialistas en cibercrimen y agentes de los departamentos de Trata de Personas y Antisecuestros.
En la casa fue detenida la mujer y se secuestraron un teléfono celular, dispositivos electrónicos, insignias y partes de un uniforme policial. En el aparato, los investigadores detectaron movimientos realizados mediante Binance y la utilización de criptoactivos. Los fondos vinculados con esas operaciones ya habían sido congelados judicialmente.
Durante el operativo no se encontraron personas retenidas ni documentación que acreditara directamente maniobras de trata. Sin embargo, la sospechosa quedó detenida e incomunicada mientras se profundiza el análisis de los dispositivos secuestrados y continúa la búsqueda de su pareja.
La investigación ahora apunta a establecer cuántas personas fueron captadas mediante el ofrecimiento, si otros argentinos consiguieron llegar a Ucrania y qué conexiones internacionales sostenían una estructura que prometía salarios en dólares para enviar hombres desde Tigre directamente a una de las guerras más cruentas del mundo.
