La gestión de Demian Reidel al frente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. quedó envuelta en una ola simultánea de acusaciones internas y gremiales que exponen fallas de control, presunto direccionamiento y sobreprecios en contrataciones estratégicas de la empresa estatal. Los señalamientos abarcan dos expedientes distintos —uno vinculado a la migración del sistema SAP y otro a la limpieza de las centrales nucleares de Atucha— pero convergen en un mismo diagnóstico: un esquema de decisiones cuestionadas, debilitamiento de los controles y crecientes tensiones en la cúpula.
La primera presentación fue elevada por la seccional Zárate de ATE, que el 19 de enero denunció un salto presupuestario extraordinario en un contrato de tecnología para la migración a SAP S/4HANA. Según el gremio, el costo habría pasado de USD 600.000 a USD 7.000.000, una diferencia de USD 6,4 millones que absorbió el presupuesto anual del área de IT. Para el sindicato, la falta de justificación documentada, la ausencia de auditorías y la inexistencia de trazabilidad en las decisiones configuraron un riesgo patrimonial grave para una empresa considerada estratégica. En el escrito, ATE remarcó que los proyectos SAP pueden variar según complejidad, pero advirtió que el problema no fue el sistema elegido sino la forma en que se gestionó el expediente.
Ese señalamiento no apareció solo. Entre los puntos citados por el gremio, se mencionó que la situación “no es un hecho aislado” y se vinculó directamente con otra denuncia que tomó estado público días después: el proceso de licitación para el servicio de limpieza en áreas sensibles de Atucha I y II. Allí, una presentación interna expuso que los cambios en los requisitos, los plazos reducidos y los criterios técnicos aplicados en la evaluación limitaron drásticamente la competencia. De nueve oferentes iniciales, solo dos superaron el filtro técnico, y una tercera firma —Limpiolux— fue incorporada más tarde sin evaluación previa del área requirente. Las tres presentaron ofertas muy superiores a los valores vigentes.
La propuesta más baja, presentada por LX Argentina, igualmente implicaba un sobreprecio superior al 140% respecto del contrato en ejecución. El gerente de planta de Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, denunció presiones para reformular informes técnicos ya emitidos y pedidos para justificar ofertas más caras. El directorio de Nucleoeléctrica decidió frenar la licitación y apartar de sus cargos al gerente general Marcelo Famá y al gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, ambos designados por Reidel.
En ambos expedientes afloran elementos comunes: decisiones tomadas por circuitos informales, señales de debilitamiento de los controles internos y tensiones dentro de la estructura directiva. ATE pidió preservar evidencia, congelar pagos y realizar una auditoría integral del caso SAP, mientras que en el proceso de limpieza ya hay intervenciones administrativas y judiciales en marcha. Según información difundida por distintos actores internos, la empresa Distribón SRL había recurrido previamente a la Justicia Federal para impugnar otra licitación de limpieza por presunto direccionamiento, lo que refuerza el cuadro de conflictividad en el área de compras.
El clima interno se complejiza aún más por el peso político de Reidel, economista y físico con pasado en el Banco Central y considerado uno de los asesores más influyentes del presidente Javier Milei en materia energética y nuclear. Las acusaciones —que van desde un salto presupuestario del 1.067% hasta presuntos sobreprecios del 140%— colocan a la conducción de Nucleoeléctrica bajo un escrutinio creciente en un momento en que el Gobierno promueve la privatización parcial de la compañía.
Mientras el silencio oficial se mantiene, los expedientes avanzan y la interna se profundiza, las denuncias abren un frente que ya excede lo administrativo y amenaza con escalar a investigaciones de mayor alcance.
