El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió sobre el crecimiento de los préstamos informales en los barrios populares y aseguró que algunas familias terminan perdiendo sus viviendas al no poder afrontar intereses que aumentan de manera acelerada. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Infobae en Vivo.
“Va una familia, pide 200.000 pesos, a los quince días tiene que devolver el doble y quince días después tiene que devolver un millón. Y si eso no pasa, en cinco o seis meses le toman la casa por la fuerza”, describió Alonso en diálogo con el programa Infobae al Amanecer.
El funcionario explicó que muchas personas recurren a prestamistas informales porque no tienen acceso al sistema financiero. Según indicó, el Gobierno provincial trabaja junto con jueces y fiscales para identificar y desarticular a las organizaciones dedicadas a la usura.
Durante la entrevista, Alonso vinculó el avance de estas redes con el deterioro de la situación social y cuestionó la reducción de los recursos enviados por la Nación. “El Gobierno nacional nos sacó 750.000 millones de pesos por año que llegaban para financiar el sistema de seguridad. Son 20.000 millones de dólares menos que tenemos desde que este Gobierno nacional llegó”, afirmó.
Además, sostuvo que el Decreto 70/2023 eliminó el plan de financiamiento de la seguridad bonaerense, una norma que había sido aprobada por el Congreso. “La derogó con un decreto presidencial y dejó de enviarnos el dinero”, cuestionó.
Alonso señaló que la falta de esos recursos obligó a la administración provincial a reorganizar sus prioridades para garantizar el funcionamiento de la Policía y el pago de salarios. Pese a ese escenario, aseguró que se mantuvieron las inversiones en cámaras, equipamiento y sistemas de monitoreo.
“Hemos hecho una inversión muy importante en cámaras. La seguridad requiere inversión. Sin inversión no hay seguridad”, remarcó el ministro, quien destacó la coordinación con los municipios para sostener el patrullaje y la respuesta ante emergencias.
Según detalló, la Provincia puso en funcionamiento una plataforma que permite supervisar en tiempo real los patrulleros y las llamadas al 911. Los intendentes de los 135 municipios pueden acceder al sistema para seguir los operativos y coordinar la intervención de las fuerzas.
Al referirse a los indicadores delictivos, Alonso aseguró que durante el último año se registraron 89 homicidios en ocasión de robo, la cifra más baja desde que existen estadísticas oficiales. Además, afirmó que los robos disminuyeron un 8% y la sustracción de vehículos cayó un 40%.
“La provincia de Buenos Aires no es la provincia con más homicidios de la Argentina, ni por cerca”, sostuvo. También indicó que desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof hay 18.000 personas más detenidas en el sistema penitenciario bonaerense.
Sin embargo, reconoció que esos datos no siempre coinciden con la percepción de los vecinos. “La percepción de la gente en materia de seguridad es muy importante y hay un temor”, señaló.
En ese sentido, aclaró que no considera que la inseguridad sea una construcción, pero cuestionó el modo en que los casos bonaerenses circulan en las redes sociales. “No digo que la inseguridad sea una campaña en redes. Lo que digo es que para la gente aquellos delitos que ocurrieron son todo. Hay una situación donde nosotros tenemos que trabajar en seguir reduciendo los delitos”, expresó.
“Lo que hay en redes es una campaña por mostrar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ignorando lo que ocurre en otras jurisdicciones”, agregó el funcionario.
Alonso también se refirió al uso de teléfonos celulares en las cárceles y sostuvo que las autorizaciones dependen de los jueces. “El que ordena lo que se hace con el preso es el juez. El juez es el que da la autorización, el que nos obliga a acceder a que ellos accedan a un teléfono”, afirmó.
Finalmente, explicó que el Gobierno provincial creó sectores de aislamiento para los detenidos considerados de alto riesgo y reclamó una actualización de los criterios judiciales para restringir las comunicaciones desde los penales.
