El Concejo Deliberante de Pilar aprobó ayer, en su octava sesión ordinaria, declarar al diputado nacional José Luis Espert “persona no grata” en el municipio. La medida, impulsada por el bloque de Unión por la Patria, responde a un insulto proferido por Espert contra Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante un congreso de comunicación política en la Universidad Católica Argentina (UCA) el 11 de junio. Los dichos, en los que Espert llamó a Florencia “hija de una gran p…” al citar un tuit de 2012, desataron un fuerte debate en el recinto y polarizaron opiniones.
El proyecto, aprobado por la mayoría oficialista, sostiene que las expresiones de Espert “ponen en peligro la convivencia democrática” y fomentan discursos de odio. La concejala Andrea Paz, principal promotora, afirmó: “Espert no solo insultó a una ciudadana sin cargo público, sino que con su discurso habilita la violencia de género simbólica y el odio que degrada nuestra democracia”. Además, el concejal Juan Pablo Trovatelli añadió: “No podemos permitir que representantes públicos normalicen discursos de odio. Esto no es libertad de expresión, es incitación a la violencia y una afrenta a los valores democráticos”. El texto exige que Espert se retracte públicamente y ofrezca disculpas, además de “ocupar dignamente” su cargo.
Desde la oposición, la medida fue cuestionada. El concejal Flavio Álvarez (Juntos por el Cambio) expresó: “Repudiamos cualquier forma de violencia verbal, pero este tipo de declaraciones ‘persona no grata’ suelen ser usadas para polarizar y desviar la atención de problemas locales urgentes, como la seguridad o el transporte”. Por su parte, la concejala Solana Marchesan (La Libertad Avanza) defendió a Espert: “Esto es una persecución política. Espert tiene derecho a expresarse, y este proyecto busca censurarlo en lugar de debatir ideas. La democracia no se construye silenciando voces”.
La declaración, aunque simbólica y sin efectos legales, intensifica la polarización política en un contexto de creciente tensión. Los dichos de Espert en la UCA, que lo llevaron a ser abucheado y retirado bajo escolta, también motivaron un pedido de expulsión en la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral” y una denuncia penal por vandalismo en su domicilio, atribuido a militantes kirchneristas. En Pilar, la resolución reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los representantes públicos.