El concejal del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos del Concejo Deliberante de San Isidro, Diego Montivero, cuestionó los anuncios del intendente Ramón Lanús sobre la incorporación de armas de letalidad reducida para el cuerpo de prevención comunitaria municipal. Advirtió que la medida debe estar regulada por la Provincia y reclamó una reforma de la Ley 12.154 para profesionalizar estas fuerzas, proteger a los vecinos y también a los trabajadores municipales.
Ante los recientes anuncios del intendente de San Isidro, Ramón Lanús, sobre la incorporación de armas de letalidad reducida, como dispositivos tipo Taser y elementos de gas pimienta, para el cuerpo de prevención comunitaria, el concejal Diego Montivero planteó reparos sobre el encuadre legal de la medida y cuestionó la política de seguridad del Municipio.
“Lo que hoy estamos viendo en San Isidro es un verdadero cambalache permanente en cuanto al ensayo y error en materia de seguridad. El intendente Lanús anuncia con bombos y platillos el uso de armas no letales en manos de empleados que son civiles, pero lo hace en una zona gris total. El municipio termina haciendo cualquier cosa por la falta de un plan integral en materia de seguridad ciudadana”, sostuvo Montivero.
El edil, que preside la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos del Concejo Deliberante de San Isidro, señaló además que desde el Frente Renovador acompañan la necesidad de avanzar en una reforma de la Ley Provincial de Seguridad 12.154 para regular y profesionalizar las fuerzas comunales. En ese sentido, remarcó que la utilización de elementos de saturación por gas o armas de electrochoque por parte de personal civil requiere un esquema de control y capacitación más estricto.
“No estamos en contra de dotar de herramientas de prevención, pero hay que hacerlo de forma seria. Al tratarse de personal civil, los agentes municipales de San Isidro deben formarse bajo los estándares de la Escuela Vucetich y rendir, de manera obligatoria y anual, exámenes estrictos de capacitación operativa y evaluaciones psicológicas. La Policía de la Provincia debe ser el órgano rector y de control de estas certificaciones profesionales para que todo esté bajo la ley y no en un mamarracho comercial”, afirmó.
Montivero también vinculó la discusión por la seguridad con la situación laboral de los empleados municipales. Según planteó, cualquier ampliación de responsabilidades para el personal civil debe ir acompañada de mejores condiciones salariales y laborales.
“Nuestra prioridad absoluta es cuidar a los vecinos de San Isidro, pero también defender a los trabajadores. Hay una contradicción enorme por parte de la gestión de Ramón Lanús: quiere montar un show publicitario de seguridad con exigencias de fuerzas de élite, pero le da estas responsabilidades a agentes civiles. Antes de comprar cotillón para las fotos, el intendente tiene que dignificar el salario de los trabajadores municipales”, disparó.
Por último, el concejal insistió en que la seguridad local requiere planificación, respaldo normativo y control policial sobre el accionar del personal civil. “La seguridad de San Isidro es un tema central y complejo que requiere responsabilidad legislativa y un control policial estricto sobre el personal civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la integridad de los vecinos ni de los propios trabajadores locales por apurar medidas que solo buscan el marketing político”, concluyó.
