Un grupo de intendentes de toda la provincia de Buenos Aires se presentó este martes en la sede del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, para entregar un petitorio en el que reclaman por el desfinanciamiento de los programas alimentarios destinados a millones de estudiantes. La protesta se dio en un clima de fuerte tensión política, con críticas directas al gobierno de Javier Milei y denuncias sobre una deuda acumulada que, aseguran, pone en riesgo el acceso a la comida en las escuelas.
La presentación fue encabezada por el intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, quien sostuvo ante la prensa que la situación es “crítica” y advirtió: “Estamos acá porque el gobierno de Milei quiere que, de cada 10 chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, solo coman 4. Nos están debiendo 177 mil millones de pesos para el programa alimentario escolar”.
El jefe comunal también cuestionó la falta de interlocución con el Gobierno nacional. “Venimos al Ministerio de Capital Humano, la ministra Pettovello no está. Nadie nos quiere recibir el documento firmado por intendentes de distintos partidos políticos: radicales, vecinalistas, justicialistas. Esto no es democracia. La gente no puede más”, afirmó, y agregó: “No se puede jugar con la comida de nuestras chicas y chicos”.
El reclamo apunta directamente al financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y al Programa MESA, dos herramientas centrales en la política alimentaria bonaerense que alcanzan a más de 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes. En el documento presentado —fechado el 29 de abril— los intendentes solicitaron formalmente “la revisión y actualización de los montos asignados” y la incorporación de financiamiento nacional para el programa MESA, que actualmente es sostenido íntegramente por la Provincia .
Según detalla el texto, el sistema alimentario escolar constituye “el dispositivo de mayor alcance a nivel nacional”, con prestaciones que incluyen desayuno, almuerzo y merienda en los 135 distritos bonaerenses. Sin embargo, advierten que el esquema actual resulta insuficiente frente al contexto económico. El documento señala que desde diciembre de 2023 la inflación acumulada ronda el 293% y que el 43% de las compras de alimentos se realizan con tarjeta de crédito, reflejando las dificultades de acceso a bienes básicos .
En términos presupuestarios, los intendentes sostienen que la brecha entre lo solicitado y lo transferido por Nación se amplió de manera sostenida. Para 2024, indican que el Estado nacional giró $70.500 millones sobre más de $104.000 millones requeridos; en 2025, $77.500 millones frente a una necesidad superior a $130.000 millones; y para 2026 estiman que se necesitarían $177.000 millones, aunque el presupuesto nacional contempla poco más de $80.800 millones .
En ese marco, desde los municipios denuncian una deuda acumulada superior a los $220.000 millones y acusan al Gobierno nacional de retener recursos clave para la alimentación escolar. En paralelo, en el documento remarcan que la Provincia incrementó en un 30% su inversión en el SAE para sostener el sistema, lo que —según plantean— evidencia un “desbalance” en el esfuerzo entre jurisdicciones .
El planteo también se apoya en indicadores sociales. Los intendentes advierten sobre la pérdida de más de 300.000 empleos formales a nivel nacional desde fines de 2023 y señalan que solo el 16,5% de la población asalariada está libre de privaciones alimentarias, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA .
En paralelo, en declaraciones políticas difundidas por los municipios, se acusó al Ejecutivo nacional de “desfinanciar intencionalmente” los programas alimentarios y de priorizar otros destinos para los recursos. En ese sentido, Espinoza vinculó el reclamo con el contexto económico general y sostuvo que las actuales políticas están generando “una crisis económica y social catastrófica”.
El documento entregado en Capital Humano concluye con un pedido de “responsabilidad compartida” entre Nación y Provincia para garantizar la continuidad del sistema alimentario escolar, al advertir que la magnitud de la demanda supera la capacidad de financiamiento provincial en soledad . Mientras tanto, el conflicto queda abierto y suma un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno nacional y la administración bonaerense por el manejo de los recursos sociales.