Una tercera fiscal se sumó al equipo de investigadores judiciales en la causa por el doble homicidio del abogado jubilado y su esposa ocurrido el jueves pasado en Vicente López, donde por ahora solo está detenida como presunta entregadora la empleada doméstica pero el o los autores materiales están prófugos con un botín de 1,5 millones de pesos, 10.000 dólares, diamantes y lingotes de oro.
Ante la complejidad del caso, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, decidió sumar hoy al equipo que ya estaba conformado por los fiscales Martín Gómez y Alejandro Musso, ambos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Este de Vicente López, a una tercera agente fiscal.
Se trata de Marcela Semería, titular de la UFI de Drogas de Vicente López, aunque su selección no está vinculada a que este doble homicidio tenga alguna relación con el narcotráfico, sino a la vasta trayectoria de la fiscal en el ámbito penal en este distrito del norte del conurbano, aclararon las fuentes.
“Estamos analizando las comunicaciones y las cámaras de seguridad privadas y del municipio en esa zona para identificar a los autores”, confió una fuente del equipo fiscal.
En tanto, la empleada María Ninfa “Nina” Aquino, única detenida por el doble crimen de José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72), pidió hoy a través de su nuevo abogado, Hugo López Carribero, ampliar su declaración indagatoria.
Aquino ya fue indagada el viernes pasado, pero en aquella oportunidad, asistida por un defensor oficial, no quiso contestar preguntas de los fiscales y se limitó a presentar un descargo por escrito de una carilla y media en el que negaba la imputación y justificaba la tenencia de la billetera de cuero donde se cree podría haber estado la llave de la caja fuerte de la casa, en que se la había regalado su patrona.
“Vamos a contestar todas las preguntas que sean necesarias. Mi clienta es inocente y es insólito que primero meten presa a la supuesta entregadora y luego salgan a buscar a los ejecutores del hecho, cuando en realidad tendría que haber sido al revés”, dijo López Carribero.
Aquino, quien está imputada como “partícipe necesaria” de un “robo y homicidio agravado criminis causa” -delitos que prevén prisión perpetua-, fue la persona que encontró los cadáveres y quedó aprehendida por una serie de contradicciones y actitudes extrañas que mencionó en su relato sobre el día del hallazgo.
“Este acontecimiento delictivo no podría haberse llevado a cabo sin la participación necesaria de María Ninfa Aquino, quien franqueó a los autores materiales el ingreso a la finca mencionada, así como la información respecto de los movimientos de los residentes de la misma y los elementos de valor existentes en ella”, señala la imputación que redactaron los fiscales.
Allí se precisa que el botín robado por los homicidas de la casona de la calle Melo al 1100 esquina Gaspar Campos de Vicente López fue de “10.000 dólares estadounidenses, 1.500.000 pesos, 50 lingotes de oro de 10 gramos y varios diamantes”; también se llevaron el DVR con las imágenes de las cámaras de la casa.
Según los pesquisas, entre las actitudes de “Nina” que llamaron la atención de los fiscales están que llegó a las 6.40 del jueves y tardó más de dos horas en preocuparse porque el matrimonio no bajó a desayuna pese a que estaba intacta la cena, un plato con brócoli y alcauciles, que ella les había preparado para la noche anterior.
Tampoco advirtió cuando llegó el desorden que el o los asesinos habían dejado en varios ambientes de la casa que estaban revueltos.
Además, luego de hallar los cadáveres dentro del auto, Aquino apagó la luz del garaje, volvió a cerrar la puerta que lleva desde la vivienda a la cochera, ponerle llave y colgarla en el llavero y se puso a ordenar la casa.
En un allanamiento realizado en su casa de la localidad de Pablo Podestá, los detectives encontraron una billetera de cuero rojiza marca “Prune” que era propiedad de Alonso y donde, según un hijo de las víctimas, su madre podía tener escondida la llave de la caja fuerte de donde robaron el botín.
En su celular, los peritos detectaron una foto borrada de esa misma billetera rojiza, lo que la defensa justifica con que se la había regalado su patrona hace un tiempo, que allí en una oportunidad guardó 2.000 pesos, la perdió y cuando la encontró, la fotografió para mostrarle a su hija que había aparecido.
A los fiscales también les pareció sospechoso que pese a la cantidad de años que llevaba trabajando en la casa, Aquino dijo desconocer la existencia de una caja fuerte.
El robo y posterior doble crimen fue cometido entre las 16:48 del miércoles último –momento del último contacto telefónico de Alonso- y las 4.30 de la madrugada del jueves, horario estimativo de la data de muerte.
Los fiscales manejan la hipótesis de que el matrimonio Del Río fue abordado luego de que la mujer regresara de hacer unas compras a un supermercado -las bolsas con mercadería quedaron arriba del auto-, o que alguien proporcionó una copia de la llave.
Los pesquisas hallaron un disparo en uno de los livings de la casona, que atravesó un almohadón, quedó incrustado en el piso de parquet y cuya vaina la ahora detenida dijo haber encontrada tirada en una alfombra, por lo que se cree que antes de ser asesinadas en el auto, las víctimas estuvieron varias horas siendo intimidadas.
Las víctimas estaban sentadas con los cinturones de seguridad colocados en los asientos delanteros del Mercedes Benz E350, la mujer del lado del conductor con un tiro en la cabeza y el hombre como acompañante con tres disparos.
El tirador los ejecutó con una pistola calibre 9 milímetros de atrás hacia adelante de derecha a izquierda, por lo que se cree que podía estar en el asiento trasero.
Una hipótesis es que los autores del doble crimen subieron al matrimonio al auto para ir a otra propiedad que tenían en un country de zona oeste y algo precipitó el plan para asesinarlos.
Los Del Río estaban por mudarse a un departamento en el exclusivo edificio Chateau del barrio porteño de Núñez y pensaban continuar allí con la empleada ahora detenida.
Además de abogado jubilado, Del Río tuvo un breve paso por la Policía Federal Argentina (PFA), tenía una relación comercial con una empresa de seguridad privada y era propietario de playas de estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires.