El Concejo Deliberante aprobó un régimen que obliga a identificar a los verdaderos dueños de cada emprendimiento y permite frenar proyectos vinculados con personas investigadas por narcotráfico. La Libertad Avanza votó en contra.
El Concejo Deliberante de Pilar aprobó un nuevo régimen de control sobre grandes inversiones inmobiliarias, comerciales y de otro tipo que requieran autorización municipal. La normativa obligará a declarar de dónde provienen los fondos y quiénes son las personas que efectivamente se encuentran detrás de cada emprendimiento.
La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Federico Achával y presentada por el oficialismo como una “ficha limpia para las inversiones”, fue sancionada por 18 votos afirmativos y cuatro negativos. Los concejales de La Libertad Avanza Andrés Genna, María Ratti, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas rechazaron el proyecto, mientras que Sebastián Neuspiller y Analía Leguizamón estuvieron ausentes al momento de la votación.
La ordenanza crea el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos. A partir de su implementación, las personas y empresas que soliciten permisos, habilitaciones o aprobaciones para determinados proyectos deberán presentar una declaración jurada sobre el origen lícito del dinero.
La documentación tendrá que detallar la identidad del titular, la actividad declarada, el monto de la inversión y la procedencia de los recursos. Cuando intervengan sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas, deberán identificarse además sus beneficiarios finales, es decir, las personas físicas que ejercen el control real del negocio.
El Municipio podrá impedir una autorización si no logra determinar quién se encuentra detrás de la inversión. La norma establece además que los proyectos no serán aprobados cuando alguno de sus beneficiarios esté investigado o procesado por delitos vinculados con el narcotráfico, mientras continúe esa situación judicial.
El Ejecutivo comunal quedó facultado para aplicar controles reforzados sobre desarrollos inmobiliarios de gran magnitud, operaciones con sociedades complejas, inversiones cuyo volumen no resulte compatible con la actividad declarada o casos en los que no pueda acreditarse con claridad la procedencia del dinero.
Los controles podrán alcanzar trámites que ya se encuentren en curso. La presentación de documentación falsa, la adulteración de datos o el ocultamiento deliberado de información serán considerados faltas graves y podrán derivar en sanciones administrativas y acciones civiles o penales.
La discusión estuvo atravesada por la situación del predio ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana, donde funcionó uno de los principales vacunatorios de Pilar durante la pandemia. El inmueble había formado parte del proyecto Pilar Bicentenario, una megainversión impulsada por el abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet que quedó involucrada en una causa por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico colombiano.
El predio fue entregado durante un tiempo al Municipio, que instaló allí el vacunatorio y otras dependencias, pero en marzo de 2025 la Justicia dispuso su restitución a los propietarios. En los últimos días volvieron a difundirse imágenes del edificio abandonado y con distintos elementos en su interior, lo que reavivó la polémica política.
Durante la sesión, la concejal libertaria María Ratti apuntó contra la administración municipal por el estado del lugar. “Se la pasaron haciendo propaganda sobre la épica del vacunatorio y ahora vemos toneladas de insumos pagados con nuestros impuestos tirados a la basura”, afirmó.
Desde el Municipio respondieron que el inmueble se encontraba en condiciones mientras permaneció bajo su cuidado y aseguraron que, una vez producida la restitución judicial, la Comuna quedó imposibilitada de ingresar o realizar tareas de mantenimiento.
El presidente del bloque oficialista, Silvio Rodríguez, defendió la creación del régimen y vinculó su necesidad con el antecedente del emprendimiento de Panamericana. “No vamos a ceder ni a retroceder ante ninguna presión, programa de televisión ni a dar lugar a que se intenten instalar en Pilar fondos provenientes del narcotráfico”, sostuvo.
El proyecto terminó aprobado con el respaldo del oficialismo y el rechazo de los cuatro concejales libertarios presentes. Durante el debate, la discusión con La Libertad Avanza giró principalmente alrededor de la situación del antiguo vacunatorio y no se conocieron argumentos específicos de sus representantes contra las exigencias incorporadas por la nueva ordenanza.
