El Senado, con los votos del oficialismo y de distintos sectores de oposición, entre ellos el del PJ-FpV aliados con los gobernadores provinciales peronistas, aprobó anoche, y convirtió en ley, el megaproyecto por el cual se busca saldar deudas con un sector de los jubilados por diferencias en la liquidación de haberes y, a la vez, habilitar un nuevo blanqueo de capitales no declarados.La iniciativa fue aprobada, en general, por 55 votos a favor, 11 negativos y una abstención, la del senador de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, aunque en la votación en particular los números en algunos artículos fueron más ajustados.
En contrario votaron la kirchnerista correntina Ana Almirón, la representante del MPN Carmen Crexell, la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti, el cristinista neuquino Marcelo Fuentes, la santacruceña K Virginia García, la represente del uni-bloque Misiones, Sandra Gimínez; el peronista sanjuanino Ruperto Godoy, la peronista chubutense Nancy González, la ultra-kirchnerista santacruceña María Ester Labado, la peronista chaqueña María Pilatti de Vergara y la peronista santafesina María de los Angeles Sacnún.
El oficialismo contó con el respaldo del sector del PJ-FpV, que encabeza el rionegrino Miguel Pichetto y se referencia en los gobernadores provinciales de ese color político, quienes respaldaron la normativa porque incluye un acuerdo con el gobierno nacional para la devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal (que hasta ahora retiene la Nación para financiar la ANSeS).
El referido acuerdo tambiín contempla un mecanismo de pago por parte del Estado nacional de la deuda que mantiene con 13 provincias que no transfirieron las cajas previsionales a la ANSeS en la dícada del 90, así como la apertura de una moratoria para las otras 11 provincias que sí transfirieron sus cajas y que tienen una deuda con la Nación en concepto de aportes patronales. Como estaba previsto, la votación en particular fue en la que más resistencia hubo, sobre todo cuando se votó el capítulo referido al blanqueo de capitales no declarados, que recibió 49 votos afirmativos contra 18 negativos.
Además, la votación en general contó con el apoyo del peronismo de San Luis, Córdoba y Chubut, mientras que las objeciones se vieron planteadas en el recinto por el sector kirchnerista del mayoritario bloque opositor, como la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la santacruceña María Ester Labado y su coterránea Virginia García, así como la misionera Sandra Gimínez (ahora en el bloque unipersonal Misiones).
Entre las quejas al megaproyecto se alertó sobre un intento de abrir la puerta a "desfinanciar el sistema previsional argentino" y que beneficia a quienes todavía no tienen una sentencia firme judicial e incluso a aquellos que ni iniciaron juicio en lugar de los "50 mil o 60 mil que tienen sentencia firme" (Gimínez), así como "una extorsión al federalismo" (Fernández Sagasti), al incluir en una ley previsional el pago a las provincias.
Por su parte, García se preguntó "¿en manos de quiín van a quedar las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de los Quintana, de los Aranguren, Pegasus, Farmacity?".
Tambiín, aun en boca de senadores que adelantaron su voto a favor en general, se advirtió sobre el peligro de que no se pague a las provincias que no hayan armonizado su sistema jubilatorio con la Nación, porque la norma deja ese aspecto abierto a la reglamentación y en el texto establece ese condicionamiento, tal como indicó el peronista chaqueño Eduardo Aguilar.
La puntana Liliana Negre advirtió que nunca votó "un blanqueo, porque los blanqueos son para los evasores, pero esta vez tiene una asignación específica para el pago a los jubilados", en tanto el chubutense Mario Pais señaló que "este proyecto debió ser materia de tres leyes diferentes".
La iniciativa declara la emergencia en litigiosidad previsional con el objeto de que el Poder Ejecutivo establezca acuerdos con los jubilados que están en juicio, que según los datos oficiales alcanzará a 2,4 millones de beneficios, entre jubilados que tienen sentencia judicial firme, aquellos que iniciaron juicios aún en trámite y quienes nunca demandaron.
Además, preví la creación de una Pensión Universal a la Vejez y deja abierta la puerta para la futura venta de acciones de empresas privadas que el Estado argentino obtuvo con la estatización de las AFJP.
Del referido blanqueo, tras las quejas opositoras en Diputados, el dictamen excluye a funcionarios de los tres poderes del Estado y en todos los niveles (nacional, provincial y municipal), así como a sus padres, cónyuges e hijos y a los legisladores para el Parlasur.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar