En un fallo de alto impacto político y económico, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este lunes que Argentina transfiera el 51% de las acciones clase D de YPF, la petrolera estatal, a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esta decisión se enmarca en una demanda por la expropiación de la compañía en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que ya había condenado al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones. En un segundo fallo dictado el mismo día, Preska también dispuso que Argentina ceda acciones de YPF al fondo Bainbridge por una deuda soberana en default de US$95 millones más intereses. El presidente Javier Milei anunció que apelará ambas resoluciones en todas las instancias posibles, calificando la situación como una consecuencia directa de decisiones tomadas por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof.
El origen del conflicto: La expropiación de YPF
La disputa judicial se remonta a abril de 2012, cuando el gobierno argentino, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. La operación, liderada por Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, se llevó a cabo tras la aprobación de la Ley de Nacionalización de YPF por el Congreso argentino. Argentina pagó US$5.000 millones a Repsol en 2014 como compensación, pero no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios, como lo exigía el artículo 7 del estatuto de YPF. Este artículo estipulaba que cualquier compra superior al 15% de las acciones debía incluir una oferta al resto de los accionistas.
Esta omisión dio lugar a una demanda iniciada en 2015 por Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, empresas del Grupo Petersen de la familia Eskenazi, que poseían un 25% de YPF. Estas compañías, que entraron en default tras la expropiación debido a la suspensión de dividendos acordada con Repsol, vendieron sus derechos de litigio a los fondos Burford Capital y Eton Park. Burford, un fondo inglés especializado en financiar demandas de largo plazo, se convirtió en el principal actor de la causa, mientras que Eton Park desempeñó un rol secundario.
El fallo de Preska y sus implicancias.
El lunes 30 de junio, la jueza Preska ordenó que Argentina transfiera el 51% de las acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de los próximos 14 días. Además, el país debe instruir a BNYM para que transfiera los intereses de propiedad a los demandantes o sus designados en un día hábil tras el depósito. Esta medida busca garantizar el pago de la indemnización de US$16.100 millones, dictada en 2023, que permanece impaga. Según el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la decisión implica un riesgo latente de cambio de control de YPF, aunque el proceso de apelación podría demorar hasta un año y medio.
En un segundo fallo emitido el mismo día, Preska ordenó la entrega de acciones adicionales de YPF al fondo Bainbridge como pago parcial de una sentencia separada por US$95 millones más intereses, relacionada con deuda soberana en default desde 2001. Este fondo había solicitado en noviembre de 2024 cobrarse con acciones de YPF, tras intentar acceder a activos como lingotes de oro del Banco Central depositados en el exterior.
Ambos fallos representan un duro golpe para Argentina, ya que YPF es una empresa estratégica, propietaria de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas no convencional del mundo. La transferencia de acciones podría significar la pérdida del control estatal sobre la petrolera, aunque fuentes oficiales señalan que cualquier cesión requeriría la aprobación del Congreso argentino, algo considerado inviable en el contexto actual.
La reacción del gobierno y la apelación
El presidente Javier Milei reaccionó rápidamente a través de la red social X, calificando el fallo como “un ataque directo” al accionar de Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la expropiación “mal ejecutada”. En un mensaje cargado de críticas, Milei afirmó: “Haber llegado a esta situación es culpa directa del inútil soviético de Kicillof cuando era ministro de Economía en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. No le alcanzó con arruinar la economía argentina, ahora está destruyendo la provincia de Buenos Aires”. El mandatario aseguró que el gobierno apelará “en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”.
La apelación principal se tramita en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde Argentina, YPF y los fondos demandantes ya presentaron sus escritos. Se espera que un panel de tres jueces fije una audiencia en los próximos meses para revisar el fallo de primera instancia. Sin embargo, Preska podría exigir una garantía de pago para suspender los efectos de su resolución durante la apelación, lo que complicaría aún más la situación financiera del país. En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia de EE.UU., bajo la administración de Joe Biden, recomendó a Preska no avanzar con la entrega de acciones, argumentando que violaría la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Esta postura, que habría sido respaldada por la gestión de Donald Trump, fue desoída por la jueza.
Impacto económico y bursátil
La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados. Las acciones de YPF cayeron un 7% en Wall Street y un 5,42% en la Bolsa de Buenos Aires, mientras que las de Burford Capital subieron más de un 20%. La incertidumbre sobre el futuro de la petrolera y el riesgo de perder el control estatal generaron preocupación entre los inversores. Además, la condena total, que incluye intereses acumulados de US$1.650 millones, eleva el monto a más de US$17.000 millones, una cifra que representa un desafío significativo para las reservas argentinas.
Argumentos legales y perspectivas
Argentina ha sostenido en el juicio que la ley de nacionalización de 2012 le impedía adquirir acciones adicionales más allá de las de Repsol. También argumentó, durante la gestión de Alberto Fernández, que la compra de acciones de Petersen por parte de Repsol en 2008 fue fraudulenta, ya que se realizó mediante préstamos de un consorcio de bancos. Sin embargo, en 2020, la justicia estadounidense desestimó esta acusación tras revisar 34.000 páginas de pruebas. En marzo de 2025, Preska también rechazó un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) para investigar irregularidades en la operación de 2008, cerrando otra vía de defensa.
Sebastián Maril advirtió que las posibilidades de revertir el fallo son bajas, estimando un 10% de probabilidad de éxito. Según el analista, la estrategia más viable para Argentina sería negociar con Burford Capital, que podría aceptar un descuento del 50% al 60% sobre el monto total. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de Milei ha evitado negociaciones directas con el fondo.
El rol de los fondos buitre
Burford Capital, principal beneficiario del fallo, es un fondo inglés especializado en adquirir derechos de litigio de empresas en quiebra o con demandas pendientes. En este caso, compró los derechos de Petersen Energía y Eton Park, que a su vez representaban los intereses de la familia Eskenazi. Eton Park, un fondo de cobertura creado por un exejecutivo de Goldman Sachs, desempeña un rol secundario. Por su parte, Bainbridge, beneficiario del segundo fallo, es otro fondo buitre que busca cobrarse deudas soberanas argentinas en default desde 2001. En 2024, este fondo intentó acceder a activos del Banco Central, como oro depositado en Europa, mediante procesos de “discovery” para identificar bienes embargables.
Un futuro incierto para YPF
Los fallos de Preska colocan a YPF y al gobierno argentino bajo una presión significativa. La petrolera, que no es directamente responsable de la indemnización, enfrenta el riesgo de un cambio en su estructura accionaria, lo que podría afectar su operación en Vaca Muerta y su rol estratégico en la economía argentina. Mientras tanto, la apelación en el Segundo Circuito y las posibles negociaciones con los fondos demandantes serán clave para determinar si Argentina puede retener el control de su principal empresa energética.
El gobierno de Milei enfrenta un dilema: cumplir con el fallo implicaría un costo político y económico enorme, mientras que prolongar el litigio podría agravar la situación financiera del país. En este contexto, la batalla legal por YPF se convierte en un capítulo más de la compleja relación entre Argentina y los tribunales internacionales, con implicancias que trascienden lo económico y tocan la soberanía energética del país.
