El Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana procesó con prisión preventiva a tres ciudadanos de origen chino y taiwanés acusados de trata de personas con fines de explotación laboral en un establecimiento rural de Pilar, donde cuatro trabajadores oriundos de Santa Fe fueron rescatados durante un operativo realizado a mediados de octubre.
La resolución fue dictada por el juez federal Adrián González Charvay y alcanzó a Lin Jike, propietario del campo; Chen Lung Sen, conocido como “Agustín” y señalado como responsable de reclutar a los trabajadores; y Chen Lin Qin, encargado del establecimiento. Los tres permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.
En tanto, el magistrado dictó la falta de mérito para un cuarto imputado, Wang Biao, quien recuperó la libertad bajo la obligación de fijar domicilio e informar al tribunal cualquier ausencia superior a las 24 horas.
La investigación comenzó el 9 de octubre a partir de una denuncia recibida en la Línea 145, el canal nacional destinado a reportar situaciones de trata de personas. Cinco días después, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó allanamientos en el establecimiento rural de Pilar y en una vivienda de la localidad santafesina de San Antonio de Obligado, desde donde presuntamente se captaba a los trabajadores.
Durante los procedimientos fueron rescatados cuatro hombres argentinos, mayores de edad y oriundos del departamento General Obligado, identificados por sus iniciales F.M.A., J.A.G., H.O.C. y J.I.G.
Según la investigación judicial, Chen Lung Sen había contactado a las víctimas en Santa Fe con una propuesta laboral que contemplaba una remuneración de $25.000 diarios. Sin embargo, cuando llegaron al campo de Pilar, el propietario les informó que cobrarían $20.000 por jornada.
Además, los empleadores les descontaban gastos de alimentación y transporte sin haber informado previamente los montos. El traslado desde Santa Fe también habría sido cobrado mediante descuentos salariales.
Las condiciones de alojamiento fueron otro de los aspectos considerados por la Justicia. Los trabajadores vivían dentro del predio, en una construcción de ladrillos sin terminar, que presentaba filtraciones y cables eléctricos expuestos. El lugar tenía una cocina con garrafa en su interior y un baño externo, ubicado a unos cinco metros de distancia, que carecía de puerta.
La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano constató incumplimientos en materia de seguridad e higiene y verificó que ninguno de los cuatro trabajadores se encontraba registrado.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, las víctimas cumplían jornadas de ocho horas, de lunes a sábado. Uno de los trabajadores declaró que tenía restricciones para utilizar su teléfono celular y comunicarse con su familia durante el horario laboral, además de señalar que debía realizar horas extras.
La investigación también estableció que, para salir del establecimiento, los trabajadores debían contar con autorización de personas de confianza del propietario.
Por su parte, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Ministerio de Justicia determinó que los cuatro hombres atravesaban situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, habían comenzado a trabajar desde edades tempranas y no habían completado sus estudios primarios.
Durante los allanamientos, en los que también participaron la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se secuestraron $22.751.000, USD 21.000, siete teléfonos celulares, dos revólveres, una escopeta y una camioneta Iveco Daily registrada a nombre de Lin Jike.
También se incautaron 260 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para marihuana en una prueba orientativa.
Al momento del ingreso policial al establecimiento, cuatro personas intentaron escapar y fueron detenidas en las inmediaciones. El operativo había dejado inicialmente nueve detenidos, entre ellos siete ciudadanos chinos, un taiwanés y un argentino. Migraciones informó que la mayoría de los extranjeros identificados en el predio se encontraba en situación migratoria irregular.
Como parte de la resolución, González Charvay dispuso embargos sobre los bienes de los tres procesados. En el caso de Lin Jike, la medida alcanza hasta $300 millones, mientras que para Chen Lung Sen y Chen Lin Qin se fijaron embargos de hasta $200 millones cada uno.
Los montos buscan garantizar eventuales costas judiciales y posibles reparaciones económicas para las víctimas.
Por otra parte, el magistrado se declaró incompetente para investigar la tenencia de las armas y la sustancia estupefaciente encontradas durante los allanamientos. Esas actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en Pilar, por tratarse de hechos que corresponden a la jurisdicción provincial.
Los tres principales imputados quedaron procesados por trata de personas con fines de explotación laboral, un delito que, en su modalidad agravada, contempla penas de entre ocho y doce años de prisión. La causa continuará su trámite en la Justicia Federal de Campana.
