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sábado, abril 13, 2024
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Cuando la crueldad se vuelve razón de Estado

Si hay una palabra, un concepto o una idea que hilvana los relatos de este tiempo presente, es sin duda, la de CRUELDAD. Su enunciación se fue tornando en un término que transversalmente aglutina las más diversas y heterogéneas situaciones que tratan de graficar ese mix simultaneo -y peculiar- de goce y sufrimiento, o más bien, de goce/ disfrute del sufrimiento.

En sus primeros usos recientes pareció ser un mero descriptor de las medidas iniciales del gobierno nacional y poco a poco – a una velocidad supersónica- se fue abriendo paso como un sello distintivo de la nueva administración comandada por Javier Milei. Esto es, un gobierno nacional que construye enorgullecido una épica que se funda, por una parte, en una desregulación total de la economía (a excepción por supuesto, de los salarios) junto con un ajuste recesivo para “licuar” ingresos y así deflacionar precios. Por otra parte, también recurriendo al desguace del cuerpo profesional de agentes estatales (la denostada burocracia) con especial interés en la destrucción de las capacidades estatales en todas las áreas que sea posible. Todo ello, bajo una estética política que busca resaltar el coraje para (auto) enfrentarse con el estado que administran y terminar con los “privilegios” que este garantiza. No sin, por supuesto, hacerlo distribuyendo violencia, agresividad y represión con una alta carga de resentimiento sobre quienes se oponen.

En ese juego de pinzas que busca desmembrar todo tipo de organización social, que incluye al estado, pero también a los movimientos sociales, los sindicatos, la escuela pública, y todo espacio social donde se produce lo común, se busca minar cualquier umbral mínimo de protección social. En ese terreno despojado, o mejor dicho en esa tierra arrasada, es donde las autoridades gubernamentales convocan a los “argentinos de bien” a vivir y sentirse -ahora sí- libres.

Pero como los efectos de un tornado que deja destrozos, heridos y desahuciados, a la vez que agudiza la incertidumbre, desorganizada aún mas la vida y profundiza las condiciones de precariedad en la que ésta es diariamente (re) producida, allí, en ese lugar, emerge la crueldad. Ya no como un atributo personal de quien preside autoritariamente un estado o como característica de las acciones gubernamentales. Es más intenso: logró devenir en razón de estado.

Así, la crueldad no es efecto de. Pasa a ser el eje mismo del estado, es su motivación, su leitmotiv, es su ethos. Es convocada como propósito central de la actividad estatal porque, paradójicamente, de su ejercicio ineludible depende la preservación de la sociedad (aunque esta sea entendida como un simple espacio de intercambio individual de derechos de propiedad). La crueldad es organizadora de la maquinaria estatal en miras a su objetivo disciplinador, moldea las racionalidades con las cuales se ejercerá el control social, esto es, orienta las conductas políticas para el gobierno de lo social.

Es una crueldad de estado que se destaca, casi siguiendo los consejos de Maquiavelo, como a-moral: está por fuera de los juicios de valor, de las opiniones, las controversias y holgadamente alejada de cualquier problematización. Es decir, no se pone en cuestión sus efectos: no interesa si ello supone dejar a pibxs, jubiladxs o familias enteras sin alimentos en los comedores, sin medicamentos y tratamientos médicos a personas con enfermedades graves, mucho menos, si perversamente alienta los despidos por un lado y la sobre explotación por otro. Tampoco importa si ello implica el desfinanciamiento de la educación privando de oportunidades, sueños y futuros al grueso de la población y haciendo más difícil que lxs pibxs prioricen ir a la escuela antes que ayudar a “llevar el mango” a sus casas. En este contexto, no se dramatiza la desarticulación del sistema científico y tecnológico porque se lo confronta con una sociedad agobiada y saturada por otras múltiples urgencias.

Incluso en el extremo de la muerte que esta crueldad de estado produce, la practica de la indiferencia resulta indispensable sino es condición sine qua non. Porque, aunque parezca controversial, despojar a la política de la moral es desapropiarla de cierta “humanidad”. El resultado es una crueldad que renuncia a ser escandalosa.

Pero la crueldad también deviene en razón de estado además porque, como diría Laurent Berlant, evoca optimismo. Se compone como un programa político ineludible para un mejor por venir, donde no hay lugar para atajos, alternativas ni “gradualismos”: requiere necesariamente de shock, como también diría Naomi Klein. La salida cruel se muestra como ineludible, única, inevitable e impostergable porque conlleva un manojo de promesas y esperanzas de bienestar. Su convalidación social se observa enraizada en miles de metáforas y analogías popularizadas que homologan la resolución de nuestros problemas presentes con la administración domestica del dinero o el tratamiento de pacientes terminales, por solo mencionar algunos ejemplos. Terreno discursivo, vale decir, que fue abonado también por las frustraciones políticas recientes que protagonizaron los modelos de bienestar de las últimas décadas que no supieron, o no quisieron, resolver las desigualdades y las problemáticas históricamente procrastinadas.  Con lo cual, y aunque parezca contradictorio, la crueldad -o la política de la crueldad- que encarna esta razón de estado, es lo que curiosamente lo dota de sostenibilidad social y en simultaneo, lo convierte en un problema para superarla.

Hay que reconocer además que la crueldad al devenir en esta condición adquiere una propiedad de cierta irrestrictividad. Es decir, configura las acciones gubernamentales desde la retórica de una crisis continuada -e intencionalmente agudizada- que permite establecer una excepcionalidad permanente tal como lo indicara Carl Schmitt. Así en la razón de  estado cruel, el fondo se vuelve formalidad. La ley, la constitucionalidad, las garantías y los derechos, la institucionalidad, la protesta social, la democracia misma con sus mecanismos y procesos decisorios, se caracterizan como estorbos, como impedimentos, como frenos que conspiran contra la atención eficaz de la emergencia urgente que se vuelve regla y ya no excepción. En pos de materializarla, y volviendo a la analogía del tornado, barre sin límite alguno con todo lo que hay a su paso, en este caso, para hacer verificable y palpables las políticas de la crueldad que nos llevarían a un mejor estadío. En ese escenario, todo está habilitado, todo está permitido, hay licencia para ¿casi? todo.

Con lo cual la pregunta que subyace es ¿cómo subvertir este estado de crueldad, esta razón cruel que gobierna en nuestros días? Lejos se está aquí de ofrecer una respuesta única. Sin embargo, creo hay volver-nos sobre preguntas más simples y, quizás, básicas ¿para qué vivimos juntos? Me parece que detenernos en ella, en sus posibles modulaciones, está la clave para reconsiderar la potencia de vivir juntos, de regenerar políticas basadas en la solidaridad y la organización para superar ese estado de crueldad que se impone como regla ineludible. Una razón de estado cruel que busca individualizar, al mismo tiempo que, culpabilizar y, por tanto, desarticular las construcciones colectivas justamente porque ellas son su talón de Aquiles. Busca ya no dividirnos, sino directamente separarnos, distanciarnos, producir discordias y micro enfrentamientos cotidianos que nos impidan coaligarnos, juntarnos. La atomización de lo social no solo forma parte del corazón de las diatribas liberales- libertarias son el programa político que garantizan su subsistencia. Allí, a ese núcleo, hay que dirigir cómo flechas, nuestros esfuerzos colectivos para mantener unidos y amplificar aquellos lazos que nos permiten resistir y luchar contra esas políticas de la crueldad. La tarea por delante es resistir los embates y extender aquello que nos hace plenxs por vivir juntos.

CV DEL AUTOR: Becario doctoral en temas estratégicos- área educación (CONICET). Magister en políticas y administración de la educación (UNTREF). Profesor en ciencias políticas (IMESFD CAPACYT).  Docente en instituciones publicas de gestión estatal de nivel secundario y superior no universitario.
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