El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores a realizar la Revisión Técnica Obligatoria y la Verificación Técnica Vehicular, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la autoridad de aplicación. La medida comenzó a regir este miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial, y apunta a abrir el sistema a nuevos prestadores, más allá de las plantas tradicionales habilitadas por el Estado.
La reforma crea un registro nacional para que los establecimientos privados puedan incorporarse al sistema de controles vehiculares. Desde la Secretaría de Transporte se administrará esa base de datos centralizada y se controlará la carga de información de cada inspección, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad entre los prestadores y los organismos oficiales.
La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que la apertura del registro para talleres privados busca terminar con el “monopolio de las plantas de VTV”. En los hechos, el nuevo esquema permitirá que los automovilistas puedan realizar el trámite obligatorio en establecimientos particulares, siempre que estos hayan sido previamente habilitados y cuenten con el equipamiento correspondiente.
Para obtener la autorización, los talleres deberán cumplir con exigencias técnicas específicas. Entre ellas se incluyen equipos para controlar el sistema de frenos, la alineación de la dirección, la suspensión, la iluminación, las emisiones contaminantes y el nivel de ruidos. También deberán disponer de instrumentos para verificar neumáticos, sistemas eléctricos y el estado general del vehículo, de modo de certificar que se encuentra en condiciones de seguridad para circular.
El cambio forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional desde comienzos de año. En marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anunciado una reforma del régimen de verificaciones técnicas que incluía la extensión de los plazos para vehículos cero kilómetro, la posibilidad de que cualquier taller equipado pudiera realizar las inspecciones y la eliminación del denominado informe de configuración de modelo.
La implementación, sin embargo, había quedado demorada por una medida cautelar promovida por cámaras vinculadas a las plantas de revisión técnica. Con la nueva normativa ya vigente, el sector privado queda formalmente habilitado a incorporarse al sistema, aunque la aplicación definitiva dependerá también de la adhesión de cada jurisdicción, ya que las provincias conservan facultades para definir cómo se instrumentan los cambios dentro de su territorio.
En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular mantiene sus valores actualizados para junio de 2026. Para autos particulares, el trámite cuesta $96.968, mientras que para motos el valor vigente es de $36.469. Las tarifas incluyen IVA, oblea y gastos administrativos.
El esquema bonaerense contempla además exenciones para vehículos oficiales de la Provincia y organismos descentralizados, ambulancias provinciales y municipales, vehículos de bomberos y personas con discapacidad titulares del vehículo. También se prevén bonificaciones del 50% para vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en territorio bonaerense, taxis y remises habilitados, transportes escolares, jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos.
La renovación de la VTV en la provincia debe realizarse de acuerdo con el cronograma anual según la terminación de la patente. En 2026, las patentes terminadas en 6 tienen plazo hasta el 30 de junio; las finalizadas en 7, hasta el 31 de julio; las terminadas en 8, hasta el 31 de agosto; las finalizadas en 9, hasta el 30 de septiembre; las terminadas en 0, hasta el 31 de octubre; y las finalizadas en 1, hasta el 30 de noviembre.
Con la apertura a talleres privados, el Gobierno busca modificar uno de los trámites más habituales para los automovilistas y ampliar la oferta de prestadores. De todos modos, el impacto concreto para los usuarios dependerá de cuántos establecimientos logren inscribirse, de los controles que se apliquen sobre el nuevo sistema y de la forma en que cada provincia adhiera a la reforma nacional.
