Es sabido que los Intendentes de Vicente López dedican gran parte de su tiempo a dibujar “excepciones” al Código de Ordenamiento Urbano (COU) de su propia Municipalidad, con el objetivo de realizar pingues negocios inmobiliarios; en eso andaba el anterior Intendente y en eso anda -en mucha mayor escala- el actual, Jorge Macri; el COU rige para los pobres Vecinos que tienen que ampliar un dormitorio o hacer un baño, no para los Intendentes ni para los Concejales.A fines del 2012 se produjo una escandalosa sesión del Concejo Deliberante, donde se generaron excepciones a favor de Ribera Desarrollos, propiedad de Carlos De Narváez (hermano de Federico) para desarrollar un megaproyecto inmobiliario aledaño al Río de la Plata, que incluye torres de oficinas, hoteles, 8.900 cocheras, salas de cine y un shopping. Cuando adjetivamos la sesión como “escandalosa” es porque se votó a las 4 de la mañana y varios Vecinos vieron como los Concejales se escapaban del recinto despuís de aprobar las excepciones.
El COU establece que esa zona esta anulada para uso administrativo, comercial, residencial, de esparcimientos y de servicios. Ante las irregularidades que acompañaron el proceso, los vecinos de Vicente López recurrieron a la justicia impugnando la habilitación otorgada, por lo que Jorge Macri y Carlos de Narváez están imputados en esa causa.
Esto, sumado a las excepciones aprobadas por el anterior Intendente, destruye el hábitat y la calidad de vida de nuestro Municipio y -como quedó dicho- reduce el COU a un instrumento que solo sirve para torturar a los Vecinos. Para modificar el esquema rector urbano y las regulaciones de la zona de la costa de avenida Libertador hacia el río se tendrían que haber hecho consultas previas a los Vecinos, que nunca se hicieron.
“La Nación” apoyaba las denuncias vecinales sobre el megaproyecto inmobiliario por el impacto ambiental, la falta de infraestructura, el uso del espacio público con fines comerciales, la dudosa autorización otorgada por el Concejo Deliberante y la falta de participación ciudadana durante el proceso de aprobación del mega emprendimiento.
Una nota del diario, del 16 de Abril de 2010 expresaba: "Para que quede en la memoria de todos se está haciendo un documental con la historia que implica fondos públicos que avanzarán sobre espacios que los vecinos reclaman. Se construirán un hotel, torres y un camino ribereño. Se teme que se desaparezca la biodiversidad que allí existe”.
Pero resulta que en algún momento Don Bartolomí Mitre decidió mudar las oficinas del diario, justamente al gran edificio cuestionado. Desde ese momento, con la doble moral que es clásica en los medios hegemónicos, ni “La Naciòn” ni “Clarìn” volvieron a publicar una sola línea sobre el tema, salvo para desdecirse y afirmar que todo era legal y estaba bien hecho.
Mientras tanto, y profundizando su doble moral , “La Nación” denunció, el 20 de abril del 2014, que la Justicia ordenó peritajes por presuntos sobreprecios en las reformas del edificio Evita. “Tras una investigación de LA NACIÓN, el juez federal Sergio Torres pidió estudios a peritos contables de la Corte para determinar si hubo irregularidades en la refacción del inmueble de la 9 de Julio; investigan a De Vido, entre otros funcionarios”. Esto nos recuerda aquella parábola de mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que hay en el propio.
La habilitación del edificio de Vicente López contradijo la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo Nº 8.912, que establece en su art. 62 que "podrán habilitarse total o parcialmente sólo despuís que se haya completado la infraestructura y la instalación de los servicios esenciales fijados para el caso, y verificado el normal funcionamiento de los mismos".
Otro de los problemas centrales es que el funcionamiento del edificio demanda mucha energía y produce cortes de luz en la zona, cosa que ocurrió a fines del 2013 con un corte masivo, del que – ¡oh casualidad! – el edificio de “La Nación” quedó exento. La inauguración de esa mole de 110.000 metros cuadrados arruinó la calidad de vida de los vecinos y los dejo literalmente a oscuras.
Obviamente “La Nación” sabia del problema de suministro elíctrico de antemano: la arquitecta Elsa Álvarez, de Ribera Desarrollos, solicitó en marzo de 2011 a la empresa Edenor "tener a bien otorgarnos la factibilidad del suministro elíctrico de nuestro proyecto Torre Al Río I". El escrito continuaba explicando que el destino del edificio "es la instalación del Diario La Nación y el resto de plantas con destino a alquilar para oficinas, y tendrá una potencia instalada de 4.000 KVA", previendo que sin la estructura elíctrica suficiente, la torre no podría funcionar.
Ya consumados los hechos la "solución" propuesta fue la instalación de una subestación transformadora, previa autorización del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS). En el marco de una audiencia pública celebrada el año pasado, los vecinos rechazaron la instalación de esa subestación debido a las consecuencias negativas que podría acarrear para la salud de la comunidad. Además, exigieron el desarrollo de un estudio ambiental que debería haber estado formulado de manera previa a la habilitación.
A mediados del 2013 el ENRE convocó a una audiencia pública con los vecinos para conocer su postura respecto de la instalación de una nueva subestación, y ante la negativa de los habitantes, le solicitó al OPDS que llevara a cabo un estudio de impacto ambiental, que aún no está concluido. "Nos llamaron a una audiencia pública. Queríamos un análisis ambiental que no se hizo, pero igual el intendente autorizó que todo siguiera adelante". Y “La Nación” finalmente se mudó a Vicente López, acompañada de su doble moral.
Queda en claro que el patrimonio ambiental de una ciudad no es propiedad de las grandes empresas ni de los políticos de turno, porque las consecuencias –en este caso nefastas- de las malas decisiones de los Intendentes deberán ser soportadas por los Vecinos en el presente y en el futuro, mientras ellos, seguramente con los bolsillos llenos, parten en busca de un nuevo destino político.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar