En medio de la crisis del transporte y con una reunión clave convocada por el Gobierno, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una retención de tareas para este jueves que podría impactar en la frecuencia de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en reclamo por el pago incompleto de salarios.
La medida comenzará a las 00 horas del 9 de abril y afectará a aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes correspondientes a marzo. Desde el gremio explicaron que la decisión responde al incumplimiento en los pagos y al deterioro de la situación laboral en el sector. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril”, señalaron.
En ese marco, advirtieron que la reducción de servicios ya comenzó a sentirse y que la situación genera tensión tanto para los trabajadores como para los usuarios. “Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, agregaron desde el sindicato.
El conflicto se da en paralelo a una reunión prevista para este jueves a las 10:30 entre el Gobierno nacional y las cámaras empresarias del sector, con el objetivo de destrabar la situación y evitar una paralización mayor del servicio. El encuentro se desarrollará en la Secretaría de Transporte y buscará avanzar en una actualización de subsidios que permita recomponer el funcionamiento del sistema.
Desde las empresas vienen advirtiendo sobre una fuerte crisis financiera, marcada principalmente por el aumento del costo del gasoil y el atraso en las compensaciones estatales. Según indicaron, esto obligó a una reducción de frecuencias como medida de emergencia para sostener la operación.
En ese contexto, señalaron que el precio real del combustible supera ampliamente el valor reconocido en la estructura de costos oficial, lo que genera un desfasaje que impacta directamente en la prestación del servicio. Mientras el gasoil se paga entre $2.100 y $2.444 por litro, el sistema reconoce un valor sensiblemente menor, lo que profundiza el déficit.
Así, entre la presión gremial por los salarios y el reclamo empresario por los subsidios, el transporte público en el AMBA atraviesa un escenario crítico que vuelve a poner en alerta a millones de usuarios que dependen del servicio todos los días.