Andrés Zárate aseguró que seguirá aplicando la ley que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años pese a la cautelar dictada por una jueza de Lomas de Zamora. Otros fiscales bonaerenses adoptaron una postura similar y ya preparan una apelación contra la medida.
La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió una fuerte disputa dentro de la propia Justicia. El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro Andrés Zárate cuestionó la resolución de la jueza Marta Elba Pascual y anticipó que continuará aplicando la nueva legislación en las causas que tramiten en su jurisdicción.
“Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó Zárate en declaraciones a Radio Mitre. Para el fiscal, la magistrada de Lomas de Zamora se excedió en sus facultades al pretender suspender con alcance general una norma nacional.
Según su interpretación, un juez puede analizar la constitucionalidad de una ley y eventualmente dejar de aplicarla dentro de un expediente concreto, pero no paralizar su vigencia para todos los procesos de la provincia.
“Ella como juez penal no puede dejar sin efecto una norma. Es decir, un juez, en el ámbito de su competencia, lo que puede hacer, de acuerdo al sistema constitucional y procesal en el ámbito penal, es declarar la inconstitucionalidad de una determinada norma en el caso concreto”, planteó.
Horas más tarde, Zárate endureció todavía más su posición. En diálogo con TN calificó la resolución como “un absurdo procesal, un absurdo constitucional y un absurdo jurídico” y sostuvo que la Ley 27.801 se encuentra “plenamente vigente”. “En este caso, a mi juicio, la decisión de la jueza no está dentro de sus atribuciones como juez. No puede suspenderla”, afirmó.
La discusión se originó después de que Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y dispusiera frenar durante 60 días la aplicación del régimen en territorio bonaerense. Entre sus argumentos centrales señaló que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura, los recursos humanos y los establecimientos necesarios para absorber a los adolescentes que podrían ingresar al sistema.
La magistrada convocó además para el próximo 16 de septiembre a funcionarios provinciales para que expliquen qué medidas fueron adoptadas y cuáles están previstas para implementar la reforma.
Zárate rechazó ese argumento. Recordó que bajo el régimen anterior los menores no punibles también podían quedar sometidos a medidas de seguridad y, en determinadas causas graves, ser alojados en institutos. Asimismo, destacó que la nueva legislación contempla alternativas a la prisión y establece un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad aplicadas a adolescentes.
La Ley 27.801 comenzó a regir el sábado 5 de septiembre, 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, y estableció un nuevo régimen aplicable a adolescentes de entre 14 y 17 años. Hasta entonces, la edad mínima de imputabilidad estaba fijada en 16 años.
Para justificar su postura, el fiscal de San Isidro mencionó un caso que, según relató, se produjo apenas entró en vigencia la reforma. Se trata de uno de los condenados por el crimen de Matías Urbani, el adolescente asesinado durante un robo en Tigre en 2009. Zárate aseguró que un juez de ejecución dispuso su liberación al considerar aplicable el nuevo límite de pena por el principio de la ley penal más benigna.
“Si la aplicás para liberar, también la tenés que aplicar para condenar”, resumió el fiscal.
Pero la posición de Zárate no quedó circunscripta a San Isidro. Según publicó La Nación, fiscales de distintos departamentos judiciales bonaerenses resolvieron continuar aplicando el nuevo régimen pese a la cautelar. El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, señaló que no había recibido ninguna notificación que suspendiera formalmente la ley en su jurisdicción y cuestionó que una decisión adoptada a partir de la situación de Lomas de Zamora pudiera extenderse automáticamente a toda la provincia.
En el propio Departamento Judicial de Lomas de Zamora comenzó además la batalla para revertir el fallo. El fiscal general Carlos Baccini instruyó al fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para que presente ante la Cámara de Apelaciones y Garantías un recurso contra la resolución de Pascual.
La jueza quedó, a su vez, bajo presión por otra vía. La asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia en su contra por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad y pidió intervenir como amicus curiae en el expediente. La presentación quedó radicada en la UFI N°18 de Lomas de Zamora, con intervención del Juzgado de Garantías N°4.
Así, a apenas cuatro días de la entrada en vigencia del nuevo régimen, el escenario bonaerense quedó atravesado por criterios enfrentados: mientras Pascual ordenó suspender su aplicación por considerar que no existen condiciones materiales suficientes para implementarlo, fiscales de San Isidro y otros departamentos judiciales sostienen que la ley nacional continúa vigente y anticipan que la utilizarán en las nuevas causas.
