El juez municipal de faltas Andrés Rolón, del juzgado de faltas N° 1 de San Isidro, habló con Zona Norte Diario Online tras las amenazas recibidas por él y su familia, tras haber dictado el decomiso de las plantas de cannabis de la ONG Superfly Cannabis Medicinal. Adelantó que denunciará por daños y perjuicios al abogado de la ONG Juan Palomino, al tiempo que dejó en claro: “Hay gente que puede estar ante una situación de enfermedad grave que esta medicina de cannabis alternativa le sirve y fueron llevados al cuento, a la mentira y me agredieron”.
Consulado al comienzo de la nota sobre las amenazas recibidas, Andrés Rolón explicó: “Como consecuencia del procedimiento llevado adelante el sábado, el día domingo comenzaron las amenazas en las redes sociales. Primero a mí diciendo que no conocía la ley, que era un burro y el nivel de amenaza se fue incrementando. Se sumó a eso las redes sociales de mi mujer, se tomaban fotos de mi familia, hasta de mi sobrino de 4 años con fotos mías, lo que me obligó a hacer la correspondiente denuncia penal por las amenazas el mismo día domingo. Fue ratificada en tribunales el día lunes acompañando todas las actuaciones administrativas que demuestran y garantizaban la legalidad de la actuación ante el tribunal, las injurias, las calumnias y para que sea claro para el público: la mentira que estaba manifestándose en las redes sociales”.
“Como cuestión fundamental a esto es la comunicación que se hizo pública por parte del Municipio, de que esta ONG no sólo no se encuentra habilitada sino que no podía tener las plantas porque no estaba regularizada su situación ante el Reprocann, que depende del Ministerio de Salud de la Nación”, agregó.
En cuanto a si las amenazas continuaron pasado el domingo, Rolón detalló: “Mis redes sociales son públicas, tengo cierta edad y ejerzo la profesión hace 37 años, conozco. Las dejé públicas hasta las cinco de la tarde la mía y la de mi mujer para contar con los antecedentes suficientes y a partir de ese momento pasaron a ser privadas. Por supuesto que ayer a la mañana tenía más de 60 o 70 solicitudes de nuevos amigos”.
Por otro lado, arremetió contra el abogado de la ONG Juan Palomino: “Quiero aclararle a toda la sociedad lo siguiente: yo me solidarizo con aquellas personas que utilizan legalmente esta medicina alternativa y que a través del engaño del fomentarlo por parte de específicamente quien dice ser el abogado de esta ONG inició el ataque. Es decir, yo reconozco que hay gente que puede estar ante una situación de enfermedad grave que esta medicina de cannabis alternativa le sirve y fueron llevados al cuento, a la mentira y me agredieron, pero respecto de esa persona yo estoy presentando en el día de mañana la correspondiente denuncia en el Colegio de Abogados de Capital Federal, que es donde encontré que está inscrito, por violación al Código de Ética de nuestra profesión y llevaré seguidamente las acciones de daños y perjuicios contra el mismo y ya lo he hecho público en otros medios y lo reitero: el producto de ese juicio de daños y perjuicios va a ser donado a la Cooperadora del Hospital Central de San Isidro”.
Asimismo, ante la consulta de por qué se decidió el decomiso de las plantas en primera instancia, el Juez de Faltas se explayó: “Este es un procedimiento largo. Esto nace como consecuencia de denuncias de vecinos ante el municipio de San Isidro en el mes de diciembre del año 2023. El 17 de diciembre va el municipio y labra un acta, tal cual lo refiere el acta la gente tiene para presentarse en el Tribunal de Faltas en un término de entre 5 y 10 días. El tribunal de falta mi firma confirma la medida de clausura, autoriza para que dos personas cuiden la plantas, los intimamos para que se retiren de la zona en el término de 10 días bajo el aparecimiento de allanamiento y decomiso. El día 4 de marzo se presentan en el juzgado, ya tienen el rechazo del Municipio respecto a un certificado de localización que pidieron, con lo cual reconocieron expresamente que tenían ese rechazo es decir las medidas estaban consentidas y firmes por parte de los imputados administrativamente”.
“Presentaron el 27 de marzo un amparo exclusivamente contra la clausura, no contra el allanamiento y decomiso y ese amparo es rechazado in limine por el Juzgado de Garantías N° 1 San Isidro, apelan esa resolución y la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín concede el recurso, le da traslado al municipio, pero fundamentalmente e inclusive nada más que contra la clausura que era la medida impugnada lo concede con efecto devolutivo, esto significa que las medidas se pueden llevar adelante. Perdón, que haya sido tan técnico en la explicación, pero no cabe hacerlo de otra de otra forma. En síntesis, estaban al tanto de la resolución, consintieron la resolución, cuando apelaron apelaron nada más que la clausura y no el allanamiento y decomiso”, continuó.
Finalmente, inquirido al respecto de si de haber hecho algún trámite en el Municipio era posible que la ONG tuviera una habilitación municipal para funcionar allí, Rolón fue contundente: “Esta es una zona residencial, zona no conforme para ningún tipo de actividad, ni siquiera para una ONG. No es una zona comercial y las denuncias de los vecinos vienen por la cantidad de movimiento de gente. Entrando en las redes sociales vimos que acá se hacían encuentros, cata de cannabis con DJ’s y almuerzos, eventos. No había un escritorio en una habitación del inmueble”.