El Diputado Nacional Horacio Alcuaz presentó un proyecto de resolución a fin de que se disponga la suspensión de los efectos de las disposiciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación y el Ente Regulador de Energía Elíctrica (ENRE), que autorizaron el aumento tarifario en el servicio público de electricidad, hasta tanto se adopten nuevos parámetros que establezcan "tarifas justas y razonables de acuerdo al poder adquisitivo de los usuarios".
En los fundamentos del proyecto el legislador bonaerense por la Coalición Cívica afirma que “el desproporcionado incremento, que en algunos casos se expresa en subas de hasta un 1000 %, radica en la aplicación del plexo normativo integrado por la resolución 1169/08 dictada por la Secretaría de Energía de la Nación, en concordancia con los resoluciones 745/05, 797/08 y 1170/08 del mismo organismo, y las resoluciones 628/08 y 654/08 emitidas por el Ente Regulador de Energía Elíctrica”.
Destacando el accionar del Defensor del Pueblo de la Nación , quien emitió una recomendación a la Secretaría de Energía e interpuso una demanda judicial de nulidad ante la Justicia Federal -en el marco de la cual se dictó la medida cautelar que prohibió el corte del suministro-, señaló Alcuaz que “la falta de razonabilidad de las medidas adoptadas es manifiesta". Agregó “es de público y notorio conocimiento que se han autorizado incrementos tarifarios desproporcionados e imprevisibles para los usuarios que se vieron asediados por el altísimo impacto en las facturaciones. Testimonio de ello han sido las masivas manifestaciones populares en diversos puntos del país, la infinidad de reclamos presentados en los medios de comunicación, ante el Defensor del Pueblo, ante las empresas distribuidoras de energía elíctrica, asambleas de usuarios, entre otros”.
Sostuvo el diputado que “la arbitrariedad no sólo se manifiesta en la desproporción, la magnitud y la imprevisibilidad de los incrementos, que fueron aplicados en forma retroactiva a consumos ya efectuados, sin haber proporcionado al usuario una información clara y precisa, sino que el parámetro de 1000/kwh/bim. resulta claramente discriminatorio y violatorio del derecho a la igualdad jurídica, ya que no es el consumo de energía elíctrica, harto heterogíneo, el significante apropiado de la capacidad económica”.
El diputado Alcuaz concluyó que “el modelo de desigualdad que ha imperado en los últimos años en materia de energía elíctrica, aquíl que favoreció a las empresas prestadoras y a los usuarios de mayor poder adquisitivo a travís de subsidios crecientes, se mantiene con las actuales medidas, al establecerse aumentos tarifarios que afectan por igual a estratos pudientes y sectores de menor poder adquisitivo”.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar