El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá responder esta semana un extenso requerimiento judicial sobre la evolución de su patrimonio en el marco de una causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
Según informaron fuentes judiciales a Agencia Noticias Argentinas, el plazo vence el próximo martes. Adorni ya había obtenido una prórroga luego de que el término inicial finalizara el 25 de agosto y todavía podría solicitar otros 15 días para presentar la documentación y las explicaciones requeridas.
El fiscal Gerardo Pollicita formuló 20 preguntas destinadas a esclarecer distintos movimientos patrimoniales registrados desde el ingreso de Adorni a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida en junio de este año.
La investigación alcanza además a su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, durante el período analizado el matrimonio registró ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones, lo que arroja una diferencia superior a los $43 millones.
A eso se suman operaciones por unos US$402.578 vinculadas con inmuebles, refacciones y mobiliario que, según el planteo de la fiscalía, no encontrarían hasta el momento correlato suficiente con los ingresos lícitos que pudieron ser acreditados.
Entre los puntos que Pollicita busca esclarecer aparece el origen de dólares en efectivo declarados por Adorni, préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo y los fondos utilizados para adquirir un vehículo Jeep.
El fiscal también pidió explicaciones sobre la compra del lote 380 del country Indio Cuá y sobre la remodelación de la vivienda construida allí. Uno de los movimientos bajo análisis corresponde a US$245.000 que habrían sido abonados al contratista Matías Tabar.
Otro capítulo de la investigación se concentra en el inmueble ubicado en Miró 550. La fiscalía pretende conocer tanto el origen de los fondos utilizados para adquirirlo como los gastos efectuados en mobiliario y mejoras.
También se solicitaron precisiones acerca de los ingresos declarados como exentos o no alcanzados por Ganancias, bienes recibidos mediante herencias, legados o donaciones y dinero utilizado para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
Entre las preguntas figura además por qué en determinadas operaciones habrían intervenido terceros para comprar bienes o efectuar pagos.
La operatoria con criptomonedas constituye otro de los puntos que deberá explicar Adorni. Pollicita requirió información sobre el capital inicial utilizado y busca determinar cómo se compatibilizan los movimientos registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos acreditados del grupo familiar.
El requerimiento alcanza asimismo a una veintena de comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por montos superiores a los $6 millones, además de eventuales cancelaciones de deudas con el Banco Galicia y honorarios correspondientes a operaciones inmobiliarias.
La Justicia también pidió información sobre consumos realizados por personas del entorno de Adorni como adicionales de sus tarjetas, una factura superior a los $4 millones emitida por una concesionaria y acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación.
Por último, el fiscal reclamó precisiones sobre la valuación de las mejoras realizadas tanto en el inmueble de Miró 550 como en la propiedad de Indio Cuá.
Una vez que Adorni presente sus respuestas, la fiscalía deberá analizar si las explicaciones y la documentación aportadas permiten despejar las dudas surgidas durante la investigación. En caso de considerarlas insuficientes, el exfuncionario podría eventualmente ser citado a declaración indagatoria.
