Cinco personas denunciaron haber entregado dólares para supuestas inversiones y operaciones administradas por una inmobiliaria. Tres integrantes de una familia fueron imputados y uno de ellos también es investigado por una presunta amenaza.
Una familia vinculada con una inmobiliaria de Nordelta quedó bajo investigación por una serie de presuntas estafas que superarían los 119.000 dólares. La causa comprende seis hechos denunciados, al menos cinco damnificados y maniobras que habrían ocurrido entre 2024 y mayo de 2026.
Los imputados son Guillermo Vrsalovic, de 59 años; su esposa, Marisa Pamela Bulacio, de 51; y el hijo de ambos, Conrado Vrsalovic, de 25. Según la información publicada sobre el expediente, los tres están acusados de estafas reiteradas y defraudación por administración fraudulenta. Vrsalovic también enfrenta una imputación por una amenaza denunciada por uno de los presuntos damnificados.
La investigación se encuentra a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro Cosme Iribarren y de su secretario, Germán Pascuale.
El caso gira alrededor de Northaus Propiedades, una inmobiliaria con sede en Nordelta. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, los acusados habrían aprovechado relaciones personales, sociales y comerciales para ofrecer inversiones en dólares relacionadas con operaciones inmobiliarias.
Las propuestas incluían la promesa de devolver el capital y pagar una ganancia. En algunos casos, los denunciantes habrían recibido intereses o devoluciones parciales durante una primera etapa. Para la fiscalía, esos pagos iniciales habrían servido para fortalecer la confianza y promover la entrega de nuevas sumas.
Una de las personas denunciantes aseguró haber entregado 30.000 dólares en el estacionamiento de un restaurante de Nordelta. Otra manifestó que aportó 15.000 dólares en las oficinas de la inmobiliaria ante la promesa de recuperar un total de 22.000.
Otro de los casos involucra a un hombre que conocía a la familia por el colegio de sus hijos. Según su presentación, primero habría firmado un contrato por 15.000 dólares y, después de recibir algunos pagos, habría entregado otros 30.000. El reclamo por esa operación ascendería a unos 56.000 dólares entre el capital y los intereses comprometidos.
La causa también incluye una maniobra diferente, relacionada con la administración de una casa.
Una mujer habría confiado su propiedad de Nordelta a la inmobiliaria para que se encargara de ofrecerla en alquiler. Durante un tiempo recibió como respuesta que la vivienda continuaba desocupada y que no existían interesados.
La propietaria comenzó a sospechar después de advertir un incremento en el consumo eléctrico. Posteriormente habría descubierto que un hombre vivía en el inmueble desde hacía aproximadamente tres meses y que había realizado pagos en dólares por la ocupación de la casa.
Para los investigadores, el episodio podría constituir una administración fraudulenta basada en el ocultamiento de información a la dueña de la propiedad.
Otro aspecto analizado es la exposición pública de la familia. En sus redes sociales exhibían viajes, vehículos y encuentros con figuras del espectáculo, el deporte y el sector empresarial.
Entre las personalidades que aparecen en esas fotografías se encuentran Carolina “Pampita” Ardohain, Gustavo Costas, Fabián Cubero, Mariano Iudica, Esmeralda Mitre y Eduardo Costantini. La existencia de esas imágenes no implica que las figuras mencionadas hayan participado o conocido las operaciones investigadas.
Según los denunciantes, ese perfil social y la apariencia de solvencia económica influyeron en la decisión de confiarles el dinero. La acusación sostiene que los imputados también recurrían a pedidos urgentes, situaciones de aparente desesperación y promesas sucesivas para obtener fondos o postergar las devoluciones.
Uno de los damnificados denunció además que Guillermo Vrsalovic lo amenazó cuando le reclamó el pago de una deuda. Esa presentación originó una imputación adicional, cuyo contenido deberá ser corroborado durante la investigación.
El 7 de agosto se realizaron allanamientos en el domicilio de la familia y en la sede de Northaus Propiedades, ambos situados en Nordelta. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, pero no se habría encontrado dinero ni documentación vinculada con las operaciones denunciadas.
El expediente cuenta, según las publicaciones periodísticas, con declaraciones testimoniales, correos electrónicos, contratos y conversaciones de WhatsApp aportadas por los denunciantes.
La investigación continúa abierta y busca determinar si existieron otras personas afectadas. Hasta el momento no se informó públicamente una condena ni una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los imputados.
