Las niñas, de 11 y 7 años, fueron trasladadas por su madre a la provincia de Buenos Aires luego de denunciar a su abuelo paterno. Mientras la Fiscalía de San Isidro avanzó con medidas de protección y una Cámara Gesell, el fuero de Familia se declaró incompetente y remitió el expediente a Río Negro. La disputa deberá ser resuelta por la Suprema Corte bonaerense.
La Justicia de San Isidro quedó en el centro de una compleja disputa judicial por la situación de dos hermanas, de 11 y 7 años, que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de su abuelo paterno cuando vivían en Bariloche. Las niñas fueron trasladadas a la provincia de Buenos Aires por su madre, Verónica Aldazabal, quien aseguró que tomó esa decisión para protegerlas y evitar que fueran obligadas a revincularse con el acusado.
El caso presenta dos escenarios diferentes dentro del Departamento Judicial de San Isidro. Por un lado, la Fiscalía especializada en violencia de género avanzó con la investigación penal, impulsó medidas de protección y solicitó que las menores fueran escuchadas en Cámara Gesell. Por el otro, el Juzgado de Familia Nº 7 y la Sala III se declararon incompetentes y dispusieron que la cuestión continuara tramitándose en la provincia de Río Negro.
La historia comenzó cuando la menor de las hermanas, que en ese momento tenía 4 años, le contó a su madre que su abuelo, Mario Campi, le hacía “cosas malas”. Aldazabal presentó una denuncia penal en Bariloche, pero la investigación fue archivada poco después.
En 2025, la niña volvió a pedir ayuda. Esta vez habló con una maestra de música del Colegio Piaget y le solicitó que interviniera para que su madre pudiera “parar eso”. La institución educativa realizó una denuncia de oficio y la causa fue reabierta.
La Justicia rionegrina ordenó entonces una Cámara Gesell. Según relató la madre, antes de que comenzara el procedimiento le informaron a la niña que detrás del vidrio se encontraba su abuelo, señalado como el presunto agresor. La menor entró en crisis, comenzó a llorar, dijo que no recordaba nada y manifestó que quería retirarse. Posteriormente, Campi fue sobreseído por la Fiscalía Nº 4 de San Carlos de Bariloche.
Un informe presentado por la abogada de Aldazabal, elaborado sobre la base del análisis de una especialista en Psicología Forense, advirtió sobre presuntas irregularidades metodológicas en la evaluación realizada en Bariloche. El documento también alertó acerca de un posible proceso de revictimización y reclamó medidas de protección para la niña.
Luego del sobreseimiento, la madre temió que sus hijas fueran obligadas a retomar el contacto con el abuelo. El 4 de junio de 2025 despertó a las menores durante la madrugada, preparó algunas pertenencias y salió de Bariloche en una camioneta prestada con destino a la provincia de Buenos Aires.
“Hice lo que hubiese hecho cualquier mamá”, expresó Aldazabal. De acuerdo con su relato, el padre de las niñas obtuvo posteriormente una orden judicial que les impedía abandonar Bariloche.
Una vez instalada en territorio bonaerense, la mujer radicó una denuncia por abuso sexual agravado ante la Justicia de San Isidro. Durante el tratamiento psicológico iniciado en Buenos Aires, las dos hermanas comenzaron a hablar sobre los hechos que presuntamente habían atravesado.
Según consta en los informes incorporados a la denuncia, una de las niñas relató episodios de exhibicionismo, filmaciones mientras se bañaba y juegos de contenido sexual. También habría contado que era obligada a realizar determinados bailes y que, en algunas oportunidades, habría sido sujetada mientras se encontraba desnuda.
La denuncia sostiene además que la abuela paterna, la exintendenta de Dina Huapi Mónica Balseiro, habría participado en algunas filmaciones. Aldazabal aclaró que esa posible intervención continúa bajo investigación. Tanto Campi como Balseiro deberán ser considerados inocentes mientras no exista una condena judicial en su contra.
La madre también manifestó que recibió mensajes intimidatorios y amenazas para que abandonara su reclamo y regresara con las niñas a Bariloche. Según explicó, sus hijas tienen miedo de volver a encontrarse con el abuelo y temen que pueda ocurrirles algo a ellas o a su madre.
El informe psicológico de una de las menores consignó un cuadro compatible con trastorno de estrés postraumático, sospecha de abuso sexual infantil, negligencia y maltrato psicológico.
Ante ese panorama, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Isidro, a cargo del fiscal Rodrigo Fernando Caro, consideró prioritaria la investigación penal e impulsó medidas cautelares para proteger a las hermanas. El 14 de julio solicitó formalmente al juez de Garantías que fijara una fecha para realizar la Cámara Gesell.
La diligencia se concretó esta semana. Según la información publicada por Infobae, durante la entrevista las niñas ratificaron los hechos que habían denunciado. La producción de esa prueba y las cuestiones vinculadas con la competencia deberán ser analizadas por el juez de Garantías Ricardo Costa.
En paralelo, el fuero de Familia de San Isidro resolvió declararse incompetente y enviar las actuaciones a Río Negro. La familia paterna reclama que las menores regresen al sur del país, mientras Aldazabal apeló la decisión y pidió que el caso permanezca bajo la órbita de la Justicia bonaerense.
“La situación es paradójica: en San Isidro, la Fiscalía penal fijó fecha para escuchar a las niñas, mientras el juzgado de Familia dice que no es su problema”, cuestionó la mujer.
La apelación quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La madre pretende que el máximo tribunal bonaerense revoque la declaración de incompetencia y mantenga a las niñas bajo la protección del fuero local, al menos mientras se desarrolla la investigación penal y se evalúan sus testimonios.
Aldazabal sostuvo que teme que la resolución del fuero de Familia sea utilizada para ordenar un traslado forzoso. “Temo que las suban a un patrullero y se las lleven. Ahí sí nunca van a hablar”, advirtió.
Las menores también les manifestaron a los profesionales del Servicio Local de San Isidro que no quieren regresar a Bariloche. “Yo ahí no quiero volver”, expresó la más chica. La hermana mayor, por su parte, señaló durante el tratamiento psicológico que en Río Negro se sentía insegura y que en Buenos Aires se encontraba protegida.
La presentación de la madre mencionó como antecedente un fallo dictado el 11 de diciembre de 2025 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquella resolución, vinculada con una mujer que se había trasladado con su hijo desde Corrientes hacia Buenos Aires para escapar de un contexto de violencia, el máximo tribunal sostuvo que la competencia no podía resolverse sin evaluar las denuncias y los testimonios del menor.
La Corte consideró entonces que debía intervenir el juzgado que estuviera en mejores condiciones de garantizar la protección integral del niño. Con ese argumento, la defensa de Aldazabal reclama que la Justicia de San Isidro conserve la intervención y que las hermanas no sean obligadas a regresar a Bariloche.
La denuncia también pidió investigar una posible conexión con una causa iniciada en marzo de 2025 en Dina Huapi, donde se realizaron allanamientos por una presunta red de distribución de material de abuso sexual infantil. La investigación se originó a partir de una alerta internacional remitida mediante el sistema CyberTipLine de la organización estadounidense NCMEC.
La presentación no sostiene que Campi esté vinculado con esa causa. Sin embargo, solicita que la Fiscalía de San Isidro requiera a la Justicia rionegrina el cotejo del material audiovisual secuestrado, debido a que una de las niñas denunció haber sido filmada.
Mientras la causa penal continúa avanzando en San Isidro, la Suprema Corte bonaerense deberá definir qué jurisdicción quedará a cargo de la situación familiar de las menores. La resolución será determinante para establecer si las hermanas permanecen en la provincia de Buenos Aires o si el expediente y las decisiones sobre su futuro vuelven a quedar en manos de la Justicia de Río Negro.
