La quinta Marcha Federal Universitaria reunió este jueves a miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sociales y sindicales en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La movilización exigió al gobierno de Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario y recomponga los salarios y presupuestos del sector. La jornada terminó con graves incidentes entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad, que dejaron 31 detenidos, efectivos heridos y destrozos en el espacio público.
La protesta tuvo su acto central en la Plaza de los Dos Congresos, donde confluyeron columnas de distintas universidades públicas bajo una consigna que se repitió durante toda la jornada: “Milei, cumplí la ley”. También se realizaron manifestaciones en diferentes ciudades del país, en una nueva demostración del conflicto que mantienen las casas de altos estudios con el Ejecutivo nacional.
La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, con el acompañamiento de la CGT, las dos CTA, ATE, organizaciones sociales y agrupaciones políticas de distintos espacios.
El eje central del reclamo fue la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pese al veto presidencial y respaldada por distintas resoluciones judiciales. La normativa establece mecanismos de actualización salarial, becas y recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.
Desde el Gobierno nacional sostienen que ya se otorgaron incrementos salariales al sector y que avanzar con mayores partidas sin financiamiento específico pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, las organizaciones universitarias denuncian que los ingresos de docentes y no docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 32%.
En el acto central, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, cuestionó duramente la política educativa del Ejecutivo.
“Estamos ante un gobierno que está destruyendo el país, que va en contra del conocimiento, del avance científico, de la formación de nuestros jóvenes”, afirmó.
También hizo referencia al enfrentamiento institucional por la aplicación de la legislación universitaria. “Hoy también marchamos en defensa de la democracia, porque en democracia, la ley se cumple”, sostuvo.
Durante la jornada se leyó un documento conjunto en el que las organizaciones convocantes advirtieron que las universidades atraviesan una situación presupuestaria crítica y que, de mantenerse las condiciones actuales, podrían tener dificultades para garantizar su funcionamiento durante 2027.
“El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, señalaron.
El texto también cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, al considerar que no contempla las partidas necesarias para recuperar los recursos perdidos por el sistema universitario y científico.
En ese sentido, el CIN reclamó un incremento del 33,4% respecto de los fondos previstos por el Gobierno para las universidades nacionales. Además, alertó sobre el congelamiento de las Becas Progresar en 35 mil pesos desde 2024, la reducción de recursos para las Becas Manuel Belgrano y las dificultades que atraviesan los programas de formación de investigadores.
La movilización también tuvo un fuerte componente político. Entre los dirigentes presentes estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien volvió a cuestionar el ajuste presupuestario impulsado por Milei.
“Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina”, expresó.
“Mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos. Milei, cumplí la ley”, agregó.
También participó una columna de la Unión Cívica Radical encabezada por sus autoridades nacionales y porteñas. Su presidente, Leonel Chiarella, resumió la postura partidaria: “El camino es simple, hay que cumplir la ley”.
La jornada coincidió con el intento de la oposición de sesionar en la Cámara de Diputados para avanzar con la derogación del DNU 70/2023, una de las principales herramientas legislativas de la administración libertaria. Sin embargo, los bloques convocantes reunieron 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum, y la sesión finalmente fracasó.
Mientras se desarrollaba el acto universitario, alrededor de las 16 comenzaron los incidentes en las inmediaciones del Congreso, especialmente en la zona de las avenidas Rivadavia y Callao.
Un grupo de manifestantes rompió sectores de veredas y mobiliario urbano, arrojó piedras contra los efectivos e intentó avanzar sobre el vallado de seguridad que rodeaba el Parlamento. Las fuerzas federales respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.
Los enfrentamientos se extendieron durante más de dos horas y provocaron momentos de tensión entre quienes participaban pacíficamente de la marcha. Parte de los asistentes se retiró de la plaza mientras otros buscaron refugio de los gases y de la lluvia que comenzó a caer durante la tarde.
Los últimos balances difundidos durante la jornada daban cuenta de 31 detenidos y al menos ocho efectivos de seguridad heridos.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, responsabilizó a los grupos que protagonizaron los enfrentamientos.
“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, sostuvo.
“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, agregó.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también condenó los episodios de violencia y aseguró que la reparación de los daños ocasionados en el espacio público demandará aproximadamente 90 millones de pesos, según una estimación preliminar de la Ciudad.
“Quieren instalar la barbarie. No les interesa la educación”, afirmó, y anticipó que buscarán identificar a los responsables de los destrozos.
Desde el ámbito universitario rechazaron los ataques, aunque cuestionaron la actuación de las fuerzas de seguridad. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que los incidentes fueron protagonizados por una minoría ajena al espíritu de la movilización.
“Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”, relató.
En la misma línea, el jefe del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, cuestionó la respuesta policial y pidió que cesaran los enfrentamientos. “La marcha venía normal. Fue una provocación. Tiene que parar esto. No puede ser que toda manifestación de la gente termine con la represión de la policía”, expresó.
La protesta también estuvo atravesada por una novedad judicial. Durante la jornada, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente las multas diarias de 100 mil pesos que el juez Martín Cormick había dispuesto contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con el financiamiento universitario.
La decisión respondió a un recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano y dejó en suspenso la sanción económica mientras continúa la discusión judicial, sin resolver todavía el conflicto de fondo sobre la aplicación de la legislación.
Pese a los incidentes, las organizaciones universitarias pudieron completar la lectura del documento conjunto, en el que defendieron la gratuidad, la autonomía y el acceso a la educación superior como pilares del sistema público argentino.
“La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, concluyeron.
La quinta Marcha Federal Universitaria dejó así una nueva demostración de fuerza del sector educativo frente al Gobierno nacional. Con el Presupuesto 2027 en discusión, la aplicación de la ley pendiente y el conflicto salarial sin resolver, las universidades anticipan que continuarán reclamando recursos para garantizar su funcionamiento.
