El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires cuestionó con dureza una iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense por diputados de La Libertad Avanza, al considerar que busca flexibilizar la actividad inmobiliaria y permitir la intervención de personas no matriculadas en operaciones de compraventa de inmuebles.
Desde la entidad, conocida como Martilleros BA, advirtieron que el proyecto representa “un retroceso de más de medio siglo en la evolución histórica profesional” y señalaron que, bajo una supuesta premisa de desregulación, se pretende equiparar a profesionales universitarios con personas sin título habilitante ni matrícula.
El presidente del Colegio, Luis Eusebio Colao, apuntó contra un grupo de legisladores libertarios que impulsó la propuesta y sostuvo que la iniciativa busca modificar aspectos centrales del ejercicio profesional. Según indicó, el texto del proyecto plantea excluir de infracciones y multas a quienes intervengan en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público.
Para Colao, esa modificación implicaría “legalizar la ilegalidad” y abrir la puerta a un escenario de mayor informalidad en el sector. “Dicha modificación no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, se legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas”, expresó.
El titular de Martilleros BA también sostuvo que la propuesta vulnera el trabajo de quienes se formaron profesionalmente para ejercer la actividad. En ese sentido, cuestionó que se intente habilitar a personas humanas o jurídicas no matriculadas a intervenir en operaciones inmobiliarias, algo que, según planteó, afectaría la seguridad jurídica de compradores, vendedores e inquilinos.
Desde el Colegio remarcaron además que la actividad inmobiliaria involucra no sólo a martilleros y corredores, sino también a una amplia red de trabajadores vinculados de manera directa e indirecta al sector. En ese marco, Colao advirtió que la iniciativa podría precarizar o afectar las fuentes laborales de más de 200 mil familias en la provincia de Buenos Aires.
La entidad profesional reclamó que se preserve el rol de los martilleros y corredores públicos matriculados, al considerar que su intervención garantiza controles, responsabilidad profesional y resguardo para las partes que participan en operaciones inmobiliarias.
