La central obrera confirmó la huelga de 24 horas para este jueves, cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En una conferencia de prensa en la sede de Azopardo, el triunvirato cegetista endureció su postura, vinculó el cierre de FATE con el rumbo económico oficial y anticipó que, si el proyecto avanza, recurrirán a la Justicia.
En la antesala del debate parlamentario por la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó el paro general de 24 horas previsto para este jueves y aseguró que la medida será “contundente”. “La Argentina se paralizará de punta a punta”, afirmó Jorge Sola, uno de los miembros del triunvirato que conduce la central obrera, junto a Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Durante una conferencia de prensa en la histórica sede de Azopardo 802, Sola sostuvo que no se oponen a una reforma en abstracto, pero sí a “perder derechos”. En ese sentido, describió un escenario “sociolaboral complicado”, con una caída de “300 mil puestos de trabajo formales en los últimos dos años”, el cierre de “más de 21 mil pymes” y la pérdida de “400 empleos formales por día”.
La conducción sindical vinculó directamente el reciente cierre de FATE con el “fracaso del plan económico del Gobierno” y se solidarizó con los 920 trabajadores que quedaron sin empleo. “Es un ejemplo de lo que está pasando”, remarcaron, al tiempo que señalaron que la industria funciona con “menos del 50% de su capacidad instalada” y cuestionaron la “apertura indiscriminada de importaciones”.
Según la CGT, el proyecto oficial implica una “gran transferencia de recursos económicos” desde los trabajadores hacia los empleadores. Sola advirtió que la iniciativa “lesiona derechos individuales, debilita derechos colectivos de las instituciones gremiales y promueve transferencias monetarias significativas”, en referencia a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema de indemnización con salario diferido y la reducción de aportes patronales. De acuerdo con el dirigente, ese esquema implicaría una transferencia de “6000 millones de dólares anuales” al sector empleador.
Cristian Jerónimo, por su parte, calificó la reforma como “regresiva” y denunció que apunta a “debilitar a las organizaciones sindicales e inclusive desfinanciarlas con el objetivo de flexibilizar las condiciones laborales”. “No estamos dispuestos a ceder ni a entregar los derechos y conquistas que consiguió el movimiento obrero argentino”, enfatizó, y agregó: “Este es el comienzo”.
La central obrera también hizo un “llamado a la reflexión” a los diputados nacionales para que actúen con “responsabilidad política” y no acompañen el proyecto. “No dejen sus convicciones en la puerta de la Cámara de Diputados”, reclamaron, al tiempo que cuestionaron la falta de diálogo con el Ejecutivo. “Nunca nos han convocado a discutir. Una y otra vez reclamamos diálogos constructivos y nunca tuvimos respuesta”, sostuvo Sola.
En paralelo, la CGT confirmó que el paro cuenta con el respaldo de los gremios del transporte, incluida la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que anticipa un fuerte impacto en la circulación y en la actividad económica durante la jornada.
Además, Jerónimo advirtió que, si la ley es aprobada, la central recurrirá a la vía judicial para impugnar los artículos que considera “inconstitucionales”, al entender que vulneran el principio protectorio del derecho laboral y el principio de progresividad, que impide la reducción de derechos ya adquiridos.
Con este escenario, el paro general se presenta como un nuevo capítulo en la escalada de tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero organizado. La votación en Diputados no sólo definirá el futuro de la reforma laboral, sino también el tono del conflicto político y sindical que, según anticipa la CGT, está lejos de terminar.
