En el Concejo Deliberante de San Isidro, durante una sesión interminable, que se extendió desde ayer al mediodía hasta las 3 AM de esta madrugada, y a la que se impidió el acceso de los vecinos que se manifestaron en la puerta del recinto, el oficialismo logró aprobar la extensión del contrato con la empresa que terciariza el estacionamiento medidos SISTE- Chediak SA y la erradicación del barrio Uspallata de Beccar.El primero de los temas tratados, a altas horas de la noche de ayer, fue la extensión del contrato con la empresa Chediak SA que explota el Servicio de Estacionamiento Medido y Tarifario en San Isidro (conocido como SISTE).
El concejal oficialista Pablo Fontanet explicó que “la buena noticia para los vecinos es que ya tiene fecha cierta el fin de la concesión de SISTE y los parquímetros en las áreas centrales. Esto será el 30 de junio de 2016. Esto tiene que ver con un pedido que había hecho la empresa de prorrogar por 9 años y nosotros desde el HCD planteamos que debía ser menor la prórroga de la concesión que vence ahora a fin de año. Esto se hace con el objeto de empezar a trabajar y estudiar distintas alternativas de estacionamiento medido en las áreas centrales, con nuevas tecnologías, y empezar un proceso para llegar al 30 de junio con un servicio de estacionamiento medido municipalizado o bien realizar una nueva licitación pública”.
“La idea es avanzar con un sistema inteligente que tienda a diferenciar las áreas centrales de las periferias. Hoy mucha gente para no pagar el parquímetro estaciona en las periferias que son zonas residenciales y esto genera inconvenientes. Buscamos avanzar en un sistema inteligente y que tenga un valor en el área central y disminuya a medida q unos aleja. Y tambiín eso debe contemplar que los vecinos que viven donde hay estacionamiento medido tenga algún tipo de exención", añadió.
“La idea es que lo recaudado en concepto de estacionamiento medido se destine a las mejoras de infraestructura en los centros comerciales”, cerró.
Desde el FPV PJ Leandro Martin mostró su oposición a la extensión y afirmó: “El oficialismo de San Isidro acaba de otorgarle una vez más una polímica prorroga a la empresa SISTE, a cargo del estacionamiento medido en San Isidro, hasta el 30 de Junio de 2016. Este sistema vetusto y tramposo no está a la altura ni del servicio ni de la tecnología que los vecinos merecen”.
En ese sentido reveló que “presentamos una propuesta alternativa, donde planteamos que en forma inmediata la prestación del servicio y sistema de parquímetros, con control de estacionamiento y acarreo, se realice a travís de la administración directa de la Municipalidad de San Isidro”.
Marcela Durrieu del Frente Renovador dijo por su parte que "la discusión es si debe seguir o no la concesión del Estado. Hay un acuerdo universal, este es un sistema obsoleto. Hay unanimidad, a cualquiera que uno le pregunte y que conozca alguno de los nuevos sistemas va a decir que SISTE es un desastre, y lo es. La discusión queda en la amenaza de siempre: que alguien le va a hacer un juicio a la municipalidad. Si hacemos una cuenta muy sencilla, para que la entienda cualquiera. Si uno mira la información de la propia empresa de 2013, uno empieza a sospechar que ninguna empresa va a trabajar a pírdida durante 22 años como dicen. Si uno hace la cuenta de la cantidad de parquímetros que ellos mismos denunciaron, la tarifa por hora, la tarifa del cepo, la de la playa, y despuís suma la cantidad de horas de lunes a viernes, la cantidad de hora de los sábados, y divide la cantidad de horas por la plata, es una cuenta muy sencilla que da que el porcentaje de ocupación de los parquímetros según el propio SISTE es del 53%. Nunca ningún sanisidrense podrá decir que el porcentaje de ocupación es del 50%, porque jamás hay un parquímetro vacío. Si fuera un hospital uno diría que los parquímetros trabajan a cama caliente. Pero además ni siquiera el 100%, porque hay un tramo que se pierde de la ficha, y además están las fichas que se pierden, las tarjetas que se pierden. Por lo cual, en mi cálculo el porcentaje ocupacional debe ser del 120%. Como SISTE plantea una ocupación del 53%, cifra que todos sabemos que no responde a la realidad, supongamos que tiene una ocupación del 90% -no del 120% como yo creo- cuando hacemos la cuenta, SISTE hubiera empezado a obtener ganancias netas en el año 88. Sólo 5 años despuís de la concesión tiene todo pago y está empezando a tener ganancias. Esto calculando el 90% y con los números de SISTE. En el año 2011, SISTE ya tenía una ganancia acumulada de 2,5 millones de dólares. En 8 años ya habían pagado las obras realizadas y empezado a tener ganancias".
"Pero además, miren las diferencias presentadas por SISTE en la IGJ (Inspección General de Justicia). En estos balances, firmados por el mismo contador, en el que está presentado en la IGJ, figuran 14 millones y algo de pesos. En cambio, al Honorable Concejo Deliberante, declaran $ 12.800.000. Eso, que parece poquita cosa, son $ 1.200.000 en un año que no declararon al municipio que equivalen a 400.000 fichas de parquímetros. Esas fichas no declaradas implican a los vecinos un perjuicio de $ 26.400.000 teniendo en cuenta los 22 años de concesión de SISTE. A mí me parece que más que la preocupación de nosotros o de los ciudadanos de San Isidro por si no ampliarle la concesión a SISTE podría traerle algún problema legal, yo si fuera SISTE estaría muy preocupado por no tener un problema legal de algo que uno dice si esto no es una estafa está cerca. No hay absolutamente ninguna razón para seguir este convenio. Uno no puede ser cómplice de esto", disparó.
Tras el debate se aprobó la extensión de la concesión para SISTE por 14 votos a favor (possismo, FAUNEN y UCR) y 10 en contra (PJ, Libres del Sur FAUNEN,
Convocacion, Union X SI y FR).
Luego llegó el turno de votar el desalojo de 62 familias del barrio Uspallata de Beccar, con un subsidio de la Municipalidad para cada una de ellas.
Jorge Álvarez del possismo enfatizó que “hay que aclarar que existió un proyecto inicial en el que se planteó regularizar una situación que es irregular donde hay tierras privadas y espacio público. Hay privados que fueron a la justicia, ganaron y van a echar a gente a la calle entonces lo mejor que puede hacer el Estado es colaborar para que la gente no quede en la calle. En un principio hubo una posición que era transferirles un monto para que compren en otro lugar, eso a partir de sugerencias se modificó; hoy se les da un dinero para que puedan acceder a una vivienda de la cual sean propietarios cosa que hoy no son. Se le da respuesta a un conjunto de familias que si no interviene el municipio quedan en la calle, construir una novela de que hay una estrategia de expulsión de vecinos de San Isidro es mentir”.
El edil del FPV-PJ Leandro Martin respondió que “en el reino del revís, el Municipio abandona su rol de garante de la buena calidad de vida y el ascenso social de los vecinos, para convertirse en un mero operador inmobiliario”.
“El oficialismo municipal quiere erradicar a las 62 familias del Barrio Uspallata de Beccar, sin tener en cuenta la media sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia de expropiación del barrio”, enfatizó que “la única solución viable es integrar a travís de la urbanización del Barrio. Basta de discriminar a los vecinos que necesitan de la mano del municipio para mejorar su situación habitacional”.
Asimismo, Marcos Hilding Ohlsson de Con Vocación por San Isidro dejó en claro que desde su bloque “proponemos urbanizar y buscar dar titulación”.
Tambiín desde el FPV, Fabián Brest disparó con dureza "ustedes defienden los negocios inmobiliarios y nosotros defendemos la dignidad y justicia social para los vecinos".
“Dicen que le están dando una solución definitiva y digna a los vecinos, darle un subsidio para que se vayan de San Isidro. Posse no tiene vergüenza. Perderemos la votación pero seguiremos luchando por los vecinos”, concluyó.
El oficialista Pablo Fontanet relató que “este es un barrio de hace muchos años donde los vecinos viven en una situación precaria ya que no tiene títulos dominiales, por lo que están en condición de ocupantes o en forma irregular. En el año ‘97 hubo una ley de expropiación que los dueños de la tierra plantearon la inconstitucionalidad, que fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con lo cual pasó por distintas instancias judiciales y se le dio la razón a los dueños. A partir de allí los vecinos mantuvieron la situación de irregularidad”.
“El municipio en un trabajo consensuado con los vecinos y los vecinos linderos viene logró una solución habitacional que consiste en entregarles un subsidio de hasta 450 mil pesos para que compren una vivienda, y la ordenanza contempla que pueda ampliarse si son familias numerosas o con algún miembro discapacitado. Y una vez que los vecinos resuelvan la situación habitacional, el Municipio vendería las tierras para recuperar lo invertido”, enfatizó.
En ese sentido dejó en claro que “la ordenanza preví que los vecinos puedan comprar fuera o dentro de San Isidro y se crea una comisión ejecutora que hace el seguimiento del plan. No es que se les dan 450 mil pesos y van a y compran donde quieren, sino que el Municipio hace el estudio de la propiedad y le entrega directamente la escritura a los vecinos”.
A su turno la edil massista Marcela Durrieu expuso que "en realidad fue el propio Municipio el que ha impedido el desarrollo del barrio, cerrando calles, colocando patrulleros para que no ingresen materiales de construcción, dejándolos sin gas ni cloacas, siendo las mismas familias quienes se han encargado hasta el día de hoy del mantenimiento de los espacios verdes. Hay un abandono ex profeso por parte de Posse respecto del mantenimiento y la infraestructura". Para colmo ahora el intendente los quiere dejar en la calle al echarlos de sus casas y ofrecerles un subsidio a condición de que avandonen San Isidro".
"¿Cuál es el sentido de sancionar una Ordenanza, que a todas luces resulta irregular, discriminatoria e inconstitucional, cuando además de todo ello, existe un Proyecto de Ley Provincial, con media sanción en la Cámara de Diputados y con un acuerdo en la Cámara de Senadores para votar su aprobación en la primera sesión que se convoque, a partir de la cual, esta Ordenanza quedarí automáticamente derogada", preguntó Durrieu.
La edil sostuvo que "esta es una gestión municipal que en 30 años no ha podido urbanizar La Cava ni siquiera con los $ 400.000.000 que destinó la Nación para las viviendas, ni tampoco dar soluciones a los vecinos del barrio Uspallata, sino que por el contrario los acusa de usurpadores, hostigándolos permanentemente. Eso sí, lo que tienen muy en claro es que detrás de todo hay un formidable negocio inmobiliario hoy arranca en 10 millones de pesos y se multiplica geomítricamente. Acá no hay ni villa ni usurpadores, solamente un nuevo negocio inmobiliario de Posse".
Finalmente se aprobó el proyecto oficialista por 14 votos a favor (possismo, FAUNEN y UCR) y 9 en contra (PJ, Libres del Sur FAUNEN, Convocacion, Union X SI y FR), con la ausencia de Federico Gelay del FR del recinto.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar