El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció que la Provincia denunciará penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de la ley y la falta de inversión nacional en obras destinadas a prevenir inundaciones. Además, cuestionó la privatización de AySA y confirmó que participará de la audiencia pública del próximo 26 de octubre para rechazar los aumentos tarifarios.
El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa que Katopodis compartió con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el titular de ARBA, Cristian Girard. Allí, el funcionario advirtió sobre las posibles consecuencias del fenómeno climático de El Niño y responsabilizó al Gobierno nacional por la paralización de proyectos de infraestructura hídrica.
“Vamos a denunciar penalmente a Milei y a Caputo por el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica. El Fondo Hídrico recibe el 4,31% del Impuesto a los Combustibles que pagamos todos y que deben ser destinados a obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas. En este contexto de El Niño esto es de una gravedad absoluta. CUMPLAN LA LEY”, sostuvo Katopodis.
Según informó la Provincia, la presentación judicial contemplará presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
“El fenómeno de El Niño está causando mucha preocupación y efectos de gravedad que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Hacemos cargo al Gobierno Nacional por los daños que podrían ocurrir en la provincia”, agregó el ministro.
Uno de los principales cuestionamientos de la administración bonaerense apunta al destino de los recursos del Fondo Hídrico. De acuerdo con los datos difundidos, al cierre del primer trimestre de 2026 el fondo contaba con $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones, equivalentes al 85,49%, fueron destinados a Letras del Tesoro.
Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que esos recursos habrían permitido financiar 40 obras equivalentes a la adecuación del cauce del río Areco, ocho proyectos similares a la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca o tres intervenciones de la magnitud del mejoramiento del tramo medio del río Luján.
“No solo eso. Caputo usó créditos que habíamos dejado aprobados en 2023 destinados a prevenir inundaciones para refinanciar deuda. Obras hídricas no, pero timba financiera sí”, cuestionó Katopodis.
El funcionario también denunció que el Gobierno nacional mantiene frenados los avales necesarios para acceder a financiamiento internacional destinado a obras hidráulicas en territorio bonaerense, mientras que autorizó 18 créditos para otras diez provincias.
Entre los proyectos afectados mencionó el túnel aliviador hacia el Río de la Plata y los conductos aliviadores de la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras, además de las obras hidráulicas previstas para el Nodo Bragado, en las subregiones A2 y A3 de la cuenca del río Salado.
Por otra parte, Katopodis volvió a cuestionar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la expansión de los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Según las cifras presentadas por el funcionario, el 24,5% de los habitantes del AMBA, aproximadamente 3,7 millones de personas, carece de acceso al agua de red, mientras que el 36,4%, unos 5,5 millones, no cuenta con servicio de cloacas.
“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”, afirmó.
En ese contexto, confirmó que la Provincia participará de la audiencia pública convocada para el 26 de octubre, donde buscará impugnar los aumentos tarifarios y reclamar un programa de inversiones.
“El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei”, expresó.
Finalmente, desde la cartera de Infraestructura bonaerense aseguraron que las tarifas de AySA acumularon un incremento nominal del 555% durante la actual gestión nacional, mientras que la recaudación por el cobro del servicio creció un 135% en términos reales y la inversión en obras cayó un 75%.
También señalaron que, mientras entre 2019 y 2023 la empresa finalizó 1.307 obras, desde la llegada de Milei al Gobierno no comenzó ninguna nueva. Según los datos provinciales, de las 273 intervenciones que estaban en ejecución en diciembre de 2023, ninguna registraba avances físicos a mayo de 2026.
