El Municipio de San Isidro presentó una denuncia penal contra la empresa de seguridad privada que impidió el ingreso de policías a un barrio cerrado durante un operativo que terminó con un violento robo y la privación de la libertad de un vecino. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad bonaerense que sancione e inhabilite a la firma por haber obstaculizado el accionar de las fuerzas de seguridad.
La presentación judicial se realizó este martes, luego del episodio ocurrido durante la madrugada del domingo 18 de octubre en un complejo residencial ubicado en la zona de Guido y Ernesto de las Carreras, en jurisdicción de la Comisaría 11ª de San Isidro.
Según reconstruyó el Municipio, todo comenzó alrededor de las 2.30, cuando una vecina de Ernesto de las Carreras al 2100 alertó sobre ruidos sospechosos en los techos. A partir del aviso, el móvil 442 de la Patrulla Municipal y efectivos del Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense desplegaron un operativo cerrojo en la manzana y revisaron las viviendas linderas.
Durante el procedimiento encontraron un bolso que contenía un crique, elemento que despertó sospechas sobre la posible presencia de delincuentes en la zona. Ante la posibilidad de que hubieran ingresado al barrio cerrado, los policías solicitaron autorización para inspeccionar el predio, pero el personal de seguridad privada les negó el acceso.
Poco después, cerca de las 3.34, tres delincuentes ingresaron por la parte trasera de la vivienda de Tomás Makintach, ubicada en Guido 2555, dentro del mismo complejo.
Los asaltantes permanecieron entre 30 y 45 minutos en la propiedad y se llevaron 1.000 dólares, 800.000 pesos mediante una transferencia desde Mercado Pago, un teléfono Samsung S26 Plus, un reloj Garmin, una PlayStation 3 y las llaves de un vehículo Honda que se encontraba estacionado en la calle.
Si bien la víctima no fue golpeada ni atada durante el asalto, los delincuentes la obligaron a subir a su automóvil Ford para escapar del lugar. De acuerdo con la información oficial, el personal de seguridad privada abrió la salida del barrio y permitió que los sospechosos abandonaran el complejo con el propietario del vehículo en su interior.
Los asaltantes escaparon por las calles Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. Al llegar a Murature, la víctima consiguió salir del automóvil, que fue abandonado por los delincuentes. Los tres sospechosos continuaron la fuga a pie en dirección al barrio San Cayetano.
Tras reconstruir la secuencia, el gobierno municipal decidió avanzar judicialmente contra la empresa encargada de custodiar el predio. La denuncia contempla los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a un funcionario público, previstos en el artículo 239 del Código Penal, y encubrimiento, contemplado en el artículo 277, por ayudar a alguien a eludir una investigación o sustraerse de la acción de las autoridades.
En paralelo, la comuna formalizó ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires un pedido de sanción e inhabilitación de la firma, al considerar que su actuación obstaculizó el procedimiento policial.
Desde el Municipio recordaron que la Ley provincial 12.297, que regula la actividad de las empresas de seguridad privada, establece la obligación de cooperar y asistir a las autoridades policiales y judiciales en cuestiones vinculadas con las personas y los bienes bajo su custodia.
Por otra parte, San Isidro entregó a la fiscalía interviniente las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales de la zona y continúa trabajando junto con la Policía Bonaerense para identificar a los tres delincuentes que participaron del robo.
La investigación deberá determinar tanto las responsabilidades de los autores del asalto como la eventual responsabilidad penal del personal de seguridad privada que impidió el ingreso de los efectivos y posteriormente permitió la salida del vehículo en el que los delincuentes trasladaban a la víctima.
