La designación de una secretaria para que actúe como "espía", avisar a abogados de imputados que se iban a hacer allanamientos e impedir que fiscales viajen para investigar el caso, son algunas de las maniobras que le atribuyen al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, apartado de su cargo el presunto encubrimiento del asesinato de tres colombianos vinculados al narcotráfico.Estos elementos surgen del expediente por el que la Suprema Corte de Justicia bonaerense separó por 120 días de sus funciones a Novo y a sus fiscales adjuntos, Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro, en una medida inídita, y que tambiín es analizado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que debe decidir si les inicia juicio político.
Según fuentes de la investigación, la principal hipótesis del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, que tiene delegada la causa en la que interviene la jueza Sandra Arroyo Salgado, es que Novo habría desplegado toda esta actividad con el fin de impedir que se relacione con los asesinatos a Gustavo Juliá, hijo de un ex jefe de la Fuerza Aírea del menemismo.
Juliá y su hermano Eduardo fueron condenados a 13 años de prisión en España por intentar ingresar a Barcelona, en 2011, casi una tonelada de cocaína en su avión de la firma Medical Jet S.A..
Los investigadores determinaron la existencia de una relación de amistad entre Novo y Juliá, así como que el abogado del ex empresario de aviación, Carlos Broitman, es el esposo de Mariana Busse, una secretaria que se designó especialmente para "trabajar" con el fiscal Luis Angelini.
Angelini tiene a su cargo la causa por los homicidios de los colombianos Jorge Quintero Gartner y Híctor Duque Ceballos, asesinados a balazos en el shopping Unicenter en 2008, y Juan Sebastián Galvis Ramírez, ejecutado a tiros en 2009 en San Fernando.
Busse trabajó en la Fiscalía General entre 2005 y 2008, hasta que renunció, pero retornó en 2011 en un cargo clave, como secretaria de Gestión de la fiscalía de San Fernando para "monitorear información, llamados y testigos de las causas por los crímenes en los que estaba imputado el cliente de su marido, Juliá", explicó una fuente de la pesquisa.
Según registros de la Dirección de Migraciones, a fines de 2012 Busse, Broitman y la esposa de Juliá viajaron a España, antes de que comenzara el juicio al empresario, y la licencia a la secretaria le fue concedida con la presentación de certificados mídicos, que de acuerdo a la fuente serían apócrifos.
Antes de volver a la fiscalía, Busse incluso había sido designada codefensora sustituta por Juliá en esta y otra causa que tiene en el fuero Penal Económico.
En esa ípoca, mantuvo numerosas comunicaciones con Novo y sus adjuntos, pero no a los telífonos conocidos, sino a uno dado de baja de forma intespectiva en 2013.
Además de esta maniobra, se estableció que Novo, Caro y Vaiani "quisieron obstruir y paralizar la causa a travís de agravios y hostigamientos personales, quita de recursos y sumarios administrativos para remover" a Angelini, que en ese momento era un fiscal nuevo, señaló una fuente.
Por ejemplo, entre 2008 y 2013 a Angelini se le hicieron 15 sumarios, el 34 por ciento de todos los realizados en el Departamento Judicial San Isidro, y en uno de ellos Novo y sus colaboradores se ofrecieron a ser acusadores en un eventual juicio político.
Mientras el fiscal reclamaba recursos y personal, tambiín se descubrieron otras maniobras adjudicadas a la secretaria privada de Novo, Melisa Rey, quien según registros telefónicos mantenía fluidas comunicaciones con Gustavo González, abogado del barrabrava de Boca Víctor Hugo Ovejero Olmedo, uno de los imputados por el crimen de Unicenter.
Hay una primera llamada entre la Fiscalía General y el estudio de González 20 días antes del allanamiento a los domicilios de Ovejero Olmedo y Jorge Moreyra, otro de los imputados, y otra cuatro días antes de la declaración de Juliá.
Otra irregularidad es que Angelini y su par Diego Grau pidieron a Novo viajar a Colombia para interrogar a Andrís Jimínez Jaramillo, chofer y único sobreviviente de los crímenes de Unicenter, pero el fiscal general -según la investigación- "demoró" el pedido a la Procuración General.
Los fiscales no pudieron viajar y hubo una queja a la Cancillería por parte de Colombia, ya que habían organizado su participación en el interrogatorio.
Para los investigadores, esa declaración era clave, ya que se sospecha que Jaramillo en realidad fue el "entregador" de los crímenes en función de peritajes, mensajes de texto y contactos que tuvo en Argentina, y pudo ser la "mano de obra" utilizada por Juliá.
Actualmente, este sospechoso no puede ser ubicado en Colombia, ya que no figura en los archivos de ese país.
En septiembre de 2012 Angelini fue apartado de la fiscalía de San Fernando por orden de Novo, pero la Suprema Corte le devolvió sus funciones y ahora podría avanzar en su causa gracias a elementos recolectados en esta.
No obstante, la Corte Suprema de la Nación debe definir si los homicidios siguen siendo investigados en la justicia ordinaria o pasan a la federal y se unifican con la causa que se sigue a Novo.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar