Trabajadores de la empresa recuperada Industrias RB ingresaron al edificio de la calle Paraná 1838, en Martinez, para intentar recuperar el control de la fábrica esta tarde pero fueron desalojados con palazos, gas lacrimógeno y balazos de goma por la policía; hay heridos y detenidos pertenecientes al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la CTEP.Juan Martín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que acompañó la nueva ocupación de la planta luego del primer desalojo de principios de junio, dijo a la agencia Tílam que “la policía bonaerense irrumpió con una nueva orden de desalojo y se llevó presos a 15 trabajadores que no sabemos a dónde los llevaron, y despuís nos corrieron con balas de goma y gases por cuatro cuadras”.
“Tenemos tres compañeros heridos y dos compañeros hubo que llevarlos al hospital intoxicados con los gases; pero ahora lo más urgente es que nos digan a dónde llevaron a los 15 trabajadores detenidos y por eso van a venir hasta la comisaría octava diputados nacionales y referentes de la campaña nacional contra la violencia institucional”, añadió.
Sobre esta empresa pesa una orden de desalojo a pesar de que está vigente una orden de expropiación a favor de la cooperativa que la gestiona hace más de 15 años. Fundada en 1958, fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre durante la crisis económica de 2001, cuando convinieron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo.
Luego de un proceso de saneamiento legal y económico la Cooperativa de Trabajo Industrias RB se dedica a la producción de diversos instrumentos y aparatos de medición y control (instrumental automotor y de uso naval, instrumentos de magnitudes elíctricas y temperatura, sistemas de cobro y expendio automático de pasajes, etc).
El miírcoles 8 de junio, el magistrado Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro, ordenó el desalojo de la empresa, que fue ejecutado esta tarde por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y cuestionado por diversas organizaciones políticas que se solidarizaron con el conflicto y denunciaron que fue absolutamente ilegal ya que en el año 2007 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación de la empresa a favor de sus trabajadores y la ley fue prorrogada en 2012 por otros cinco años, por lo que aún sigue vigente.
Desde la cooperativa de trabajo se analiza presentar una denuncia penal contra el juez Díaz por incumplimiento de los deberes de funcionario público por hacer caso omiso a la ley de expropiación vigente y por dictar el desalojo desde un juzgado que no debería intervenir en el caso.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar