Los legisladores Rubén Eslaiman y Facundo Tignanelli presentaron un proyecto para declarar de Interés Legislativo el fallo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, que reconoció como delitos de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos el 10 de junio de 1956.
La iniciativa también solicita que el Poder Ejecutivo bonaerense, a través de los organismos competentes, declare de Interés Provincial la resolución judicial, considerada un paso relevante en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
La sentencia fue dictada el 22 de junio en el marco de un Juicio por la Verdad y estableció la responsabilidad del Estado nacional en la planificación, ejecución y posterior encubrimiento de los hechos ocurridos durante la denominada Revolución Libertadora. Además, determinó que existió una persecución sistemática contra ciudadanos bonaerenses por motivos políticos, lo que configuró delitos de lesa humanidad.
Los fusilamientos de José León Suárez constituyen uno de los episodios más dolorosos de la historia argentina. En la madrugada del 10 de junio de 1956, un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a un descampado donde se llevaron adelante ejecuciones sumarias. Cinco personas fueron asesinadas y otras siete lograron sobrevivir.
Los testimonios de los sobrevivientes, junto con la investigación realizada por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, permitieron sacar a la luz la verdad sobre aquellos hechos y reconstruir una de las páginas más oscuras de la historia política argentina.
Desde el proyecto se destaca que el fallo judicial salda una deuda histórica con las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina, al reafirmar que el paso del tiempo no puede borrar ni justificar los abusos cometidos desde el aparato estatal.
Asimismo, la iniciativa pone en valor la lucha sostenida durante décadas por familiares y organismos comprometidos con la búsqueda de justicia, cuyo trabajo permitió que, siete décadas después, los hechos fueran reconocidos bajo la categoría jurídica internacional correspondiente.
