El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró la investigación por la criptomoneda que el Presidente promocionó en sus redes sociales y que terminó con más de 40.000 inversores perjudicados. La Justicia consideró que no se acreditó una estafa ni otros delitos, pese a que un reducido grupo de billeteras obtuvo ganancias millonarias. La decisión se tomó sin indagar a los acusados y con medidas de prueba que no llegaron a completarse.
El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, fueron sobreseídos este viernes en la causa $LIBRA, la investigación judicial que buscaba determinar si existió una maniobra delictiva detrás del lanzamiento de una criptomoneda que el mandatario promocionó públicamente y cuyo valor se desplomó pocas horas después. La resolución generó una pregunta inevitable: ¿por qué la Justicia decidió cerrar el expediente si miles de personas perdieron dinero y unos pocos operadores obtuvieron ganancias cercanas a los 100 millones de dólares?
La respuesta está en los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano y concluyó que los hechos investigados no reunían los requisitos necesarios para configurar un delito penal.
El magistrado también sobreseyó al empresario estadounidense Hayden Davis, al lobista Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy y a otros siete involucrados. Ninguno de los once investigados había sido convocado a prestar declaración indagatoria.
La historia comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto denominado Viva la Libertad Project, asociado a la criptomoneda $LIBRA. En aquella publicación presentó la iniciativa como una herramienta destinada a financiar emprendimientos argentinos y difundió información que permitía adquirir el activo digital.
La reacción del mercado fue inmediata. El precio de la criptomoneda se disparó y, pocas horas después, sufrió un derrumbe que dejó importantes pérdidas entre quienes habían comprado durante la suba. Según los datos recogidos en la resolución judicial, más de 40.000 compradores resultaron perjudicados, mientras que un reducido grupo de billeteras retiró alrededor de 100 millones de dólares.
Sin embargo, para el juez, esa secuencia no alcanzó para demostrar que hubiera existido una estafa.
En su fallo, Martínez de Giorgi sostuvo que no se acreditó “un engaño penalmente relevante” que hubiera inducido a los compradores a desprenderse de su dinero. El magistrado reconoció que la condición de presidente de Milei pudo haber otorgado al proyecto una visibilidad y una credibilidad especiales, pero consideró que esa circunstancia no demostraba por sí sola una maniobra fraudulenta.
La distinción es central para comprender la resolución. Una inversión que termina en pérdidas, incluso cuando algunos participantes obtienen ganancias extraordinarias, no constituye automáticamente una estafa desde el punto de vista del Código Penal. Para que exista ese delito debe acreditarse, entre otros elementos, un engaño destinado a provocar un perjuicio patrimonial.
En el caso de Milei, la Justicia no consideró demostrado que el Presidente hubiera participado conscientemente de un mecanismo de engaño ni que hubiera realizado su publicación con la intención de perjudicar a los inversores.
El fallo también descartó el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles con la función pública. Para el magistrado, la publicación realizada desde la cuenta personal del Presidente no constituyó un acto administrativo ni permitió acreditar que hubiera intervenido oficialmente en un negocio privado.
En cuanto a Karina Milei, la investigación tampoco logró demostrar que hubiera recibido dinero a cambio de facilitar contactos o reuniones con funcionarios. Entre los elementos analizados aparecieron documentos recuperados del teléfono de Mauricio Novelli que hacían referencia a posibles acuerdos económicos, pero el juez consideró que no tenían suficiente valor probatorio para acreditar una operación ilegal.
La decisión, de todos modos, no significa que todos los interrogantes del caso hayan sido esclarecidos.
Los peritajes permitieron identificar comunicaciones entre Milei y Novelli, algunas de ellas realizadas el mismo día del lanzamiento de $LIBRA, pero no se pudo determinar el contenido de esas conversaciones. También aparecieron archivos y anotaciones vinculados con posibles acuerdos entre los impulsores del proyecto y personas del entorno presidencial, sin que pudiera establecerse que esos compromisos se hubieran concretado.
Otro punto pendiente fue la reconstrucción completa del recorrido del dinero. Si bien los investigadores identificaron billeteras y movimientos relacionados con la criptomoneda, parte de los análisis no llegó a completarse por limitaciones técnicas.
A estas cuestiones se sumó una circunstancia procesal decisiva: los inversores que habían sido admitidos como querellantes fueron apartados de la causa antes del pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Taiano.
De esta manera, cuando el representante del Ministerio Público solicitó cerrar la investigación, ya no existía una acusación autónoma habilitada para sostener la continuidad del expediente. El juez consideró que el planteo fiscal estaba debidamente fundamentado y resolvió acompañarlo. Los damnificados apartados mantenían recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación.
También existe una diferencia jurídica importante entre absolución y sobreseimiento. Los Milei no fueron declarados inocentes después de un juicio oral en el que se debatieran las pruebas y declararan los acusados. Fueron sobreseídos durante la etapa de investigación, sin haber sido indagados, porque el juez consideró que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas.
La resolución dispuso el archivo del expediente y aclaró que la formación del proceso no afectaba el buen nombre y honor de los investigados.
Así, la Justicia cerró la causa penal con una conclusión concreta: no encontró elementos suficientes para atribuirles a los acusados los delitos investigados. Pero quedaron sin respuestas definitivas aspectos relevantes de la trama, como el contenido de las comunicaciones previas al lanzamiento, el alcance de los acuerdos entre los protagonistas y el destino completo de los fondos.
La discusión, por lo tanto, excede la pregunta sobre si promocionar una criptomoneda que termina desplomándose constituye un delito. También alcanza a la profundidad de la investigación y a la responsabilidad institucional de un Presidente cuya intervención pública contribuyó a darle notoriedad a una inversión que terminó perjudicando a miles de personas.
El sobreseimiento resolvió la situación penal de Javier y Karina Milei en esta instancia. Lo que no consiguió fue despejar todos los interrogantes que dejó el escándalo $LIBRA.
