Legisladores nacionales, bonaerenses y porteños presentaron distintas propuestas para atender una problemática que, según expusieron, alcanza a 20 millones de argentinos y mantiene a cerca de siete millones en situación de mora o cesación de pagos.
Representantes del Frente Renovador reclamaron una intervención del Estado frente al crecimiento del sobreendeudamiento familiar y cuestionaron la desregulación de las tasas de interés y las comisiones financieras. El planteo se realizó durante un conversatorio organizado en la Legislatura bonaerense por la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus) y la Fundación Encuentro.
La actividad fue presentada por José Ignacio “Vasco” de Mendiguren y contó con las exposiciones del diputado nacional Guillermo Michel, la legisladora bonaerense Sofía Vannelli, el legislador porteño Francisco Caporiccio y Claudio Fede, juez de Cámara de San Martín y autor del libro Consumidores sobreendeudados.
Michel rechazó el argumento de que el endeudamiento familiar sea exclusivamente un conflicto entre particulares. “El Gobierno, cuando dice que el sobreendeudamiento familiar es un problema entre privados, está mintiendo con un rasgo de cinismo muy importante”, sostuvo. Además, señaló que el Ejecutivo congela salarios y jubilaciones mientras elimina límites a las tasas y comisiones mediante el decreto 70/2023.
El diputado presentó cuatro iniciativas para enfrentar la situación: utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para refinanciar deudas de hasta un millón y medio de pesos a una tasa razonable; transparentar las tasas y auditar el sistema de evaluación crediticia utilizado por las billeteras virtuales; suspender los débitos automáticos sobre la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones sociales; y crear un sistema público de pagos digitales similar al PIX de Brasil.
“No queremos refinanciar al que se compró un auto o al que accedió a una casa, sino al que se endeudó para comer”, afirmó Michel.
Por su parte, Vannelli indicó que el 91,7% de los hogares mantiene al menos una deuda activa y que, durante los últimos tres años, el endeudamiento bancario habitual pasó de representar 1,5 a 3,5 salarios promedio. Según explicó, gran parte de esos compromisos se originó en gastos de alimentos, alquileres, tarifas y medicamentos.
La legisladora calificó la situación como un caso de “crédito irresponsable” por la existencia de tasas excesivas y presentó una propuesta para modificar la Ley provincial de Consumidores N° 13.133. El proyecto contempla la incorporación del concepto de crédito responsable, una ficha estandarizada con las condiciones de cada préstamo, la protección de un ingreso mínimo vital, un procedimiento administrativo gratuito ante las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y una instancia judicial de rehabilitación financiera.
Vannelli se refirió además al crecimiento de las denuncias por acoso de empresas de cobranza, que, de acuerdo con los datos difundidos durante el encuentro, pasaron de 393 a 1.237 en la provincia de Buenos Aires.
“Esto de estar llamando a cualquier horario no va, de estar contactando a tu empleador tampoco, y esto de estar contactando a tu familia menos”, advirtió.
Desde la Ciudad de Buenos Aires, Caporiccio sostuvo que una de cada tres personas endeudadas se encuentra en situación de morosidad y alertó sobre el impacto del fenómeno entre los jóvenes. “Muchos jóvenes conocen primero la deuda o un préstamo de una fintech antes de tener un trabajo estable o un empleo en general”, expresó.
El legislador destacó la aprobación porteña de un programa de desendeudamiento familiar impulsado por Leandro Santoro y acompañado por el Frente Renovador. La propuesta incluye créditos del Banco Ciudad y ocho entidades privadas, con un plazo de 24 cuotas y tasas de entre el 30% y el 35%. La línea permanecerá disponible hasta el 13 de octubre.
Caporiccio informó además que trabaja en una regulación de las cobranzas extrajudiciales y en la creación de un registro de empresas que incumplan la Ley N° 6171. Al responder a quienes responsabilizan exclusivamente a quienes tomaron los créditos, afirmó: “Esa pistola en la cabeza es el modelo económico que están llevando adelante”.
Finalmente, Fede explicó el funcionamiento de las denominadas pequeñas quiebras, una herramienta utilizada por personas que ya no pueden afrontar sus obligaciones. El magistrado puso el foco en el impacto que esa situación produce sobre la dignidad de los ciudadanos y en la responsabilidad del derecho y la Justicia cuando una familia atraviesa una crisis financiera.
El juez remarcó que la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario es de orden público y consideró que, aunque la deuda sea privada, las entidades financieras no pueden regularse por sí mismas porque el acceso al crédito se encuentra condicionado por un contexto social y económico más amplio.
Participaron del encuentro el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci; Malena Galmarini, Alexis Guerrera, Marcos Pisano, Valeria Arata, Rubén Eslaiman, Ayelén Rasquetti, Germán Di Cesare, Juan Malpeli, Roberto Vázquez, Carlos Puglelli y Luciana Padulo, además de funcionarios judiciales y representantes legislativos.
