Un mensaje publicado en redes sociales por un estudiante de 14 años derivó en un allanamiento judicial en el partido bonaerense de Morón y volvió a poner en agenda la proliferación de amenazas en ámbitos escolares. El caso ocurrió en Haedo, donde el adolescente escribió una frase intimidante dirigida a la directora de su colegio, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades.
El posteo que originó la denuncia contenía una frase dirigida a la conducción del colegio: “Si van a hacer tiroteos tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a lo compañeros?”. Según se informó, la publicación comenzó a circular entre alumnos, madres y padres, lo que llevó a las autoridades del Instituto Parroquial Cristo Obrero a radicar la denuncia. A partir de allí tomó intervención la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón, a cargo del fiscal Gabriel Crudo Iturri, quien ordenó un allanamiento en el domicilio del menor, con aval de la jueza Karina de Luca.
El procedimiento fue realizado por personal policial en una vivienda ubicada en la calle Curuzú Cuatiá al 200, donde se identificó al adolescente y a sus responsables adultos. Además, se secuestró el teléfono celular desde el cual se habría realizado el posteo, que será sometido a peritajes en el marco de la causa.
La investigación quedó caratulada como intimidación pública, con el agravante de incitación a la violencia colectiva. Mientras avanza el expediente, el alumno no podrá asistir al establecimiento educativo y deberá continuar con clases en modalidad virtual. A su vez, la continuidad de su matrícula para el próximo ciclo lectivo quedó sujeta a evaluación.
El episodio se inscribe en un contexto más amplio de aumento de amenazas escolares en distintas provincias, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. La situación se agravó en las últimas semanas tras un caso ocurrido en Santa Fe, donde un adolescente abrió fuego dentro de una escuela, lo que generó un efecto de alerta en todo el sistema educativo.
En ese marco, desde las instituciones educativas y judiciales vienen adoptando una política de intervención inmediata ante cualquier mensaje que haga referencia a hechos de violencia, aun cuando no exista certeza sobre la intención real detrás de las publicaciones. La prioridad, sostienen, es prevenir escenarios de riesgo.
El caso de Morón vuelve a exponer una tensión creciente: por un lado, la necesidad de actuar con rapidez frente a posibles amenazas; por otro, el impacto que estas medidas pueden tener sobre menores de edad que, en algunos casos, no dimensionan el alcance de sus palabras en entornos digitales.