Una joven del partido de Pilar hizo pública una grave denuncia por violencia de género contra su expareja, a quien acusó de haberla sometido durante meses a golpizas y amenazas de muerte. El caso tomó visibilidad tras la difusión de videos y mensajes en redes sociales, donde la víctima expuso la situación y reclamó intervención judicial.
La denunciante, identificada como Camila, aseguró que decidió exponer su historia luego de no encontrar respuestas en la Justicia. “Me cansé que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, relató en una publicación acompañada por imágenes de los episodios de violencia.
Los registros, captados por cámaras de seguridad del interior de la vivienda, muestran distintos momentos de agresión. En uno de ellos, el hombre la toma de la ropa y la arroja sobre un sillón, donde continúa golpeándola con puños. En otra secuencia, ya en la cocina, se observa cómo la zamarrea, la tira del pelo e incluso intenta asfixiarla.
Según denunció la mujer, el agresor —identificado como Federico Nicolás Balbuena— tiene otras causas penales en su contra y, pese a ello, permanece en libertad. “Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No solo por mí, sino por mi familia”, expresó.
Camila radicó la denuncia en la UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género, pero cuestionó que, a varios meses de iniciada la causa, el acusado no haya sido citado a declarar. En ese contexto, también apuntó contra el entorno laboral del hombre, al que acusó de encubrirlo.
En su descargo, dejó una advertencia que sintetiza el nivel de temor que atraviesa: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”.
Por su parte, fuentes del caso indicaron que los hechos registrados en los videos corresponden a mayo del año pasado, aunque la denuncia formal se realizó meses después. Además, señalaron que hasta el momento no habría constancias médicas incorporadas a la causa que respalden las lesiones denunciadas, un punto que podría influir en el avance judicial.
El caso vuelve a poner el foco en los tiempos de respuesta del sistema judicial frente a denuncias por violencia de género y en la exposición de las víctimas que, ante la falta de medidas, recurren a la difusión pública como última instancia de protección.