La modificación de la Carta Orgánica del BCRA obtuvo 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. El nuevo régimen tributario fue aprobado por 139 votos contra 110. Las dos iniciativas impulsadas por el Gobierno deberán ser tratadas ahora por el Senado.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y al proyecto denominado “Inocencia Fiscal II”, dos iniciativas promovidas por el Gobierno nacional que generaron fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
La modificación del régimen que regula el funcionamiento del Banco Central fue aprobada por 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. El proyecto será girado al Senado, donde deberá obtener una nueva aprobación para convertirse en ley.
La iniciativa establece como misión prioritaria del organismo la preservación del valor de la moneda, refuerza su independencia funcional y financiera y restringe los mecanismos utilizados para financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.
El diputado de La Libertad Avanza Santiago Pauli sostuvo que la reforma pretende que el Banco Central vuelva a ser “el guardián” del peso argentino. Según afirmó, durante décadas el organismo fue utilizado para cubrir el déficit público, una práctica que vinculó directamente con los procesos inflacionarios del país.
En la misma línea, Sabrina Ajmechet definió el proyecto como una ley mediante la cual el Gobierno decide limitarse a sí mismo, mientras que Diego Hartfield afirmó que la modificación puede “cambiar la historia”.
La oposición cuestionó tanto el contenido de la reforma como la reducción de las atribuciones del Banco Central. Itai Hagman, de Unión por la Patria, advirtió que el oficialismo busca blindar su política monetaria y quitarle al Estado instrumentos para intervenir frente a los problemas económicos.
Nicolás Massot, de Encuentro Federal, reconoció como un acierto la interrupción del financiamiento monetario al Tesoro, pero planteó que la estabilidad de precios no debería ser un objetivo excluyente y que debe contemplarse además la estabilidad del sistema financiero.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, reclamó que el Banco Central conserve un mandato múltiple, aunque con objetivos jerarquizados. Eduardo Falcone, del MID, acompañó la orientación general de la propuesta, pero pidió garantizar una composición federal de su directorio.
Desde la izquierda, Romina del Plá sostuvo que la modificación responde a una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Martín Lousteau, de Provincias Unidas, cuestionó que el oficialismo utilizara la Carta Orgánica como parte de una “batalla cultural” y anticipó la abstención de parte de su bloque.
El PRO respaldó la iniciativa. La diputada Daiana Fernández Molero afirmó que la reforma permitirá abandonar políticas que fracasaron y sentar las bases para que la Argentina funcione con normalidad.
En la misma sesión, Diputados aprobó por 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones el proyecto conocido como “Inocencia Fiscal II”. La propuesta modifica la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias e introduce cambios en los plazos de prescripción tributaria y en el régimen de sanciones.
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado aseguró que el objetivo es dejar de considerar sospechoso a todo contribuyente y reconocer que muchos argentinos recurrieron al ahorro informal como una forma de protegerse frente a la inflación y la inestabilidad económica.
Desde Unión por la Patria, Ariel Rauschenberger calificó la iniciativa como un “cuasi blanqueo” destinado especialmente a operaciones inmobiliarias. Además, advirtió sobre una posible presión a la Unidad de Información Financiera para flexibilizar las normas contra el lavado de activos.
Mariela Coletta, de Provincias Unidas, rechazó el proyecto por razones “técnicas, políticas y morales” y sostuvo que sus principales beneficiarios serán los sectores que planifican la evasión y la fuga de capitales.
Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, fue todavía más duro y afirmó que la propuesta “premia a los grandes evasores” y busca garantizarles impunidad. Tanto “Inocencia Fiscal II” como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedaron ahora en manos del Senado.
