La muerte de una chica de 13 años en Ingeniero Maschwitz expuso posibles fallas graves en los controles dentro de una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. La Justicia ya investiga lo ocurrido y la familia denuncia abandono.
Una adolescente de 13 años, identificada como Renata, murió ahogada el sábado pasado en la pileta del centro terapéutico AUPA, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Según la reconstrucción del caso, la menor permaneció cerca de 30 minutos bajo el agua sin ser asistida, en un episodio que derivó en una causa judicial con tres personas imputadas.
La joven asistía regularmente al lugar desde hacía aproximadamente un año y medio para realizar actividades orientadas a personas con discapacidad. Tenía comprometido el hemisferio izquierdo del cuerpo, lo que le impedía movilizarse por sí sola y la obligaba a contar con asistencia permanente, especialmente al momento de ingresar a la pileta.
De acuerdo a los datos incorporados a la investigación, el día del hecho ingresó al agua junto a otros pacientes en el marco de una actividad coordinada. Sin embargo, durante ese lapso no habría existido una supervisión adecuada por parte del personal. La fiscalía sostiene que la adolescente estuvo alrededor de 30 minutos dentro de la piscina sin que nadie advirtiera su situación.
Las cámaras de seguridad del establecimiento son una de las principales pruebas. Según trascendió, las imágenes muestran el ingreso de varios chicos a la pileta sin control directo y a la víctima ubicada en una zona donde requería ayuda constante para sostenerse. Recién cuando notaron su ausencia comenzó la búsqueda, pero fue hallada ya sin vida dentro del agua.
La causa quedó a cargo de la fiscalía N°10 de Escobar, que imputó a tres personas vinculadas al centro, entre ellas guardavidas —incluida una joven de 22 años— y un terapeuta. La investigación apunta a determinar las responsabilidades por posibles negligencias en el cuidado y la supervisión de la menor.
En paralelo, la familia de la víctima exige justicia y sostiene que ya habían detectado irregularidades previas en el funcionamiento del lugar, particularmente en los mecanismos de control durante las actividades. También denuncian que, tras la tragedia, no recibieron explicaciones claras por parte de las autoridades del centro.
Otro dato que genera fuerte cuestionamiento es que el establecimiento continuó funcionando con normalidad luego del hecho. Para los familiares, esto refuerza la sensación de desprotección y la falta de respuestas ante una situación que consideran evitable.
El caso vuelve a poner en discusión los estándares de cuidado en instituciones que trabajan con personas con discapacidad, donde la supervisión permanente no es opcional sino una condición básica para garantizar la seguridad de los pacientes.