La crisis del transporte en San Isidro escaló en las últimas horas a un punto crítico y ya no se trata solo de un conflicto gremial o empresario: distintas fuentes coinciden en que las líneas 707, 333, 407 y 437, operadas por Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), no volverán a circular bajo su esquema actual, lo que obliga a rediseñar de urgencia la conectividad en la región.
El escenario se fue agravando durante la última semana, con más de ocho días sin servicio producto de un paro por falta de pago de salarios, en el marco de una crisis financiera que la empresa arrastra desde hace meses. El golpe final llegó con una medida judicial que derivó en el secuestro de cerca del 40% de la flota por incumplimientos en contratos de comodato, dejando a la firma sin capacidad operativa real.
En ese contexto, tanto fuentes del sector como actores involucrados en las negociaciones dan por hecho que el esquema actual quedó terminado. Según reconstruyó el portal Que Pasa Web, la empresa “quedó sin posibilidades operativas de brindar el servicio” y existe consenso en que “estas líneas no volverán a circular” en las condiciones previas .
El impacto es especialmente fuerte en San Isidro, donde la línea 707 es la única comunal y resulta clave para la conexión interna entre localidades como Boulogne, Villa Adelina, Beccar o Martínez. Pero la afectación es más amplia: las otras líneas también articulaban viajes con Vicente López y Escobar, por lo que la parálisis alteró la movilidad en toda la región norte del conurbano.
Ante este cuadro, el Municipio y la Provincia activaron gestiones para evitar que el sistema colapse definitivamente. La estrategia apunta a que otras empresas que ya operan en la zona amplíen sus recorridos o tomen parte de las trazas abandonadas. La idea, según coinciden distintas fuentes, no es una venta de la compañía sino una reconfiguración completa del mapa del transporte, con nuevas líneas y recorridos.
“Lo que estamos haciendo es trabajar para que San Isidro tenga conectividad”, señalaron desde el entorno de las negociaciones, donde se evalúan alternativas para garantizar el servicio en los barrios más afectados . El objetivo es presentar en los próximos días un esquema que deberá contar con el aval del Gobierno bonaerense.
En paralelo, se abrió otro frente sensible: el laboral. La empresa tiene alrededor de 450 empleados, de los cuales unos 250 son choferes. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene reuniones con posibles nuevas operadoras para intentar que absorban a la mayor cantidad de trabajadores en caso de un traspaso de recorridos.
Mientras tanto, en la calle ya se percibe el impacto. La desaparición de las unidades modificó la dinámica cotidiana de miles de vecinos que dependen del servicio para trasladarse dentro del distrito o hacia otros partidos. La incertidumbre se mantiene, aunque en el sector admiten que cualquier solución llevará tiempo y difícilmente implique una vuelta atrás.
Así, lo que comenzó como un conflicto por salarios impagos derivó en una crisis estructural que dejó fuera de juego a una de las operadoras históricas de la región y obligó a las autoridades a rediseñar de cero el sistema de transporte local.