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Desarrolladores privados y constructores urbanos se movilizaron hacia la quinta de Olivos para reclamar la reactivación de las obras

Esta mañana, diferentes sectores ligados a la construcción le reclamaron al Gobierno Nacional y provincial que autorice la reanudación de las obras privadas luego de más de 5 meses de inactividad. El parate en el sector privado afecta transversalmente tanto a medianos y pequeños desarrolladores como a arquitectos, contratistas (electricistas, gasistas e ingenieros) y obreros de la construcción.

Se trata de una industria que emplea gran cantidad de mano de obra en todo el país: más de 1,5 millones de personas contando a los contratistas independientes. Sólo entre obras de las empresas asociadas a la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) se podrían ocupar unos 22.000 trabajadores.

El ingeniero Juan Casiragui, resaltó la multiplicidad de rubros que afecta la paralización de obras: “No se trata de grandes desarrolladores sino de muchísimas Pymes que no pueden sostener la cadena de pagos. Queremos trabajar de manera ordenada y segura, con los protocolos correspondientes. Al día de hoy son los ingenieros, arquitectos, electricistas, gasistas y una larga lista de contratistas los que están siendo afectados por la cuarentena”.

Por ejemplo en el Gran La Plata, según la Asociación de PyMEs de la Construcción, están en peligro unos 6.500 puestos directos de trabajo y 21.000 indirectos. Actualmente allí hay 300 emprendimientos paralizados desde que se inició la cuarentena. Sin contemplar las viviendas unifamiliares que suman otros 15.000 empleos.

La pregunta que no tiene respuesta:

¿Por qué en la Provincia de Buenos Aires está habilitada la obra pública y no la obra privada, siendo la misma actividad en materia de realización y modalidad de trabajo y difiriendo sólo en el origen del capital que, a los efectos de la pandemia, es irrelevante?

Los desarrolladores y constructores privados ya cuentan con protocolos sanitarios previstos para realizar su tarea de manera segura. Casiragui agregó que “los nuevos protocolos de acción implican costos para su implementación que estamos dispuestos a absorber, entre otros, el traslado del personal a las obras para que no utilicen el transporte público”.

“Necesitamos que el Gobierno Nacional, Provincial y las autoridades competentes presten atención al reclamo y nos faciliten los canales de diálogo necesarios para encontrar una solución a nuestra problemática similar a la de tantos otros sectores que, con buena voluntad, han encontrado la manera de seguir adelante”, concluyó el ingeniero.

Fuente: (www.www.zonanortediario.com.ar)

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