En cadena nacional, el Presidente puso el foco en el avance del proyecto petrolero Sea Lion y anunció medidas para castigar a las empresas que operen en las Islas sin autorización argentina. Además, adelantó un DNU para reforzar los recursos destinados a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y enviará al Congreso un proyecto que contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El presidente Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional una batería de medidas vinculadas al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, con el avance de la explotación petrolera en el Atlántico Sur como principal argumento de urgencia. El paquete incluye acelerar las sanciones contra empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, ampliar fondos para Defensa y enviar al Congreso una denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Milei abrió el mensaje con una reafirmación explícita de la posición histórica argentina. “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”, sostuvo. Afirmó que la ocupación británica iniciada en 1833 constituye una situación colonial y rechazó que el principio de autodeterminación pueda aplicarse a los habitantes de las Islas, a quienes definió como una “población implantada”.
El mandatario recordó además que la Constitución establece como objetivo “permanente e irrenunciable” la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y ha llamado a ambos países a encontrar una solución negociada y pacífica.
El eje concreto de los anuncios fue el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration al norte de las Islas. Milei sostuvo que su avance constituye un “peligro claro y urgente” porque permitirá comenzar a extraer petróleo de una zona cuya soberanía está en disputa.
“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió el Presidente, quien afirmó que permitir el desarrollo del yacimiento generaría además un incentivo para profundizar la presencia británica en el Atlántico Sur.
El proyecto efectivamente se encuentra en una etapa avanzada. Navitas y Rockhopper ya tomaron la decisión final de inversión y comenzaron trabajos de infraestructura vinculados al desarrollo. La planificación publicada por las propias compañías prevé que las perforaciones comiencen a principios de 2027 y que la primera producción de petróleo llegue durante el primer trimestre de 2028. Es decir, el desarrollo comenzará a materializarse en los próximos meses, aunque la extracción comercial está proyectada para 2028.
Frente a ese escenario, Milei anunció que firmará un decreto para agilizar la aplicación de la Ley 26.659, que prohíbe actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional y ya contempla inhabilitaciones y otras sanciones. El Gobierno buscará mejorar el intercambio de información entre organismos y acelerar los procedimientos contra compañías, accionistas, directores y proveedores vinculados con esos proyectos.
“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, aseguró Milei. Según indicó, Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países relacionados con distintos emprendimientos en el archipiélago.
La intención oficial es ir más allá de la reglamentación vigente. El Presidente anunció que enviará con carácter urgente al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que modificará la Ley 26.659 para endurecer las penas y ampliar su alcance. Entre otras cuestiones, pretende que los proveedores de empresas que desarrollen actividades no autorizadas reciban sanciones equivalentes y que los infractores queden impedidos de contratar tanto con el sector público como con privados en la Argentina. También planteó extender el régimen a otras actividades que afecten recursos naturales en las Islas y utilizar, cuando corresponda, el juicio en ausencia.
El proyecto tendrá además un alcance mucho más amplio que Malvinas. Milei anticipó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de establecer una política transversal para todo el Estado y coordinar las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. La iniciativa incluirá un régimen de protección de infraestructura crítica y un marco de protección aeroespacial y marítima. El Ejecutivo buscará además que el organismo tenga facultades para adoptar respuestas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados considerados una amenaza para la seguridad nacional.
En paralelo, Milei anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. El dinero tendrá como destinos prioritarios avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y aumentar las capacidades de telecomunicaciones. El Presidente presentó a la base como una herramienta para convertir al país en un polo logístico de relevancia en el Atlántico Sur y fortalecer la proyección hacia la Antártida.
La construcción de la Base Naval Integrada no nació con este anuncio: el proyecto tiene antecedentes de varios años. Lo que Milei anunció ahora es una ampliación de recursos para acelerar su concreción y la incorporó expresamente a una estrategia de seguridad nacional vinculada con Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Existen antecedentes legislativos sobre el proyecto al menos desde 2018.
El discurso tuvo además un fuerte componente geopolítico. Milei sostuvo que la Argentina debe convertirse en una nación “políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable” para sostener eficazmente su reclamo territorial y planteó que la seguridad nacional debe abarcar no sólo la defensa militar, sino también la economía, los recursos naturales, las telecomunicaciones, la infraestructura y el sistema financiero.
En ese tramo vinculó la disputa por el Atlántico Sur con la competencia futura por recursos estratégicos y la Antártida, y afirmó que “cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”.
Milei también volvió a apoyarse en su relación con Donald Trump. Señaló como un cambio favorable que el presidente estadounidense haya dicho recientemente que Washington está revisando su posición histórica respecto de Malvinas. Trump efectivamente afirmó esta semana que analiza la política de Estados Unidos sobre la disputa, aunque hasta el momento no anunció un cambio formal de posición ni un reconocimiento de la soberanía argentina.
En otro tramo, el Presidente contrastó el futuro que proyecta para la Argentina con lo que describió como un proceso de “declive” británico, al mencionar problemas migratorios, demográficos y económicos del Reino Unido. La posición de Londres, sin embargo, continúa siendo la de rechazar la negociación de soberanía y sostener el derecho de los isleños a decidir su estatus político, apoyándose entre otros argumentos en el referéndum realizado en 2013. Argentina rechaza que ese principio sea aplicable en este caso.
Sobre el cierre, Milei buscó sacar la cuestión del terreno de la disputa partidaria y convocó a la dirigencia política, económica y social a respaldar una posición común. “Podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa”, afirmó.
“Las islas son nuestras y nos las arrebataron”, concluyó el Presidente, quien definió a Malvinas no sólo como una reivindicación histórica sino como una pieza central de la estrategia argentina para las próximas décadas.
