La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias del Municipio de Tigre, Nadia Olivieri, denunció que un grupo de familiares de niños alcanzados por medidas de protección protagonizó violentos incidentes en dependencias municipales, con daños en las instalaciones y tres profesionales lesionados. Los hechos ocurrieron el jueves y se produjeron en medio de una polémica que se extendió por las redes sociales, donde comenzaron a circular videos y acusaciones contra el Municipio por un supuesto “secuestro de niños”. La funcionaria rechazó esas versiones y también cuestionó a la senadora provincial Malena Galmarini por haber dado su respaldo en redes sociales a una publicación sobre el conflicto.
En declaraciones a Zona Norte Diario Online, Olivieri explicó que el conflicto comenzó el miércoles, cuando varias personas se acercaron a la dependencia para reclamar por niños en cuyos casos había intervenido el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos. Según la funcionaria, los familiares cuestionaron las medidas adoptadas y acusaron al organismo de actuar arbitrariamente.
“Obviamente, ellos lo que transmiten es que les robamos los chicos, que se los devolvamos, qué pasó con los chicos, que trabajamos de forma arbitraria”, relató la secretaria municipal.
La situación se agravó el jueves, cuando se produjeron los incidentes que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales. De acuerdo con el testimonio de Olivieri, las personas que participaron del reclamo provocaron destrozos en las instalaciones y agredieron a trabajadores de la dependencia.
“Lo que pasó ayer es que estas personas fueron a quejarse. No solo eso, sino que agredieron todo lo que son las instalaciones, generaron lesiones a tres profesionales nuestros, de los cuales ya, obviamente, han hecho la denuncia”, afirmó.
Frente a las acusaciones que comenzaron a viralizarse, la funcionaria rechazó que el Municipio retire niños de sus hogares de manera arbitraria y explicó que las intervenciones del Servicio Local están vinculadas con situaciones en las que se detecta una vulneración de derechos.
“Si bien no puedo dar información del caso particular, lo que te puedo decir es que el Servicio Local interviene cuando, en alguna situación, algún niño o niña está siendo vulnerado en sus derechos”, señaló.
Olivieri detalló que entre las situaciones que pueden motivar una intervención se encuentran la negligencia, el maltrato, el abuso y la exposición de niños a sustancias estupefacientes. En ese sentido, mencionó especialmente los casos de bebés que nacen con cocaína en sangre, aunque no precisó cuáles de esas circunstancias corresponden a las familias involucradas en los incidentes.
La secretaria explicó que, cuando se identifica una situación de riesgo que requiere separar temporalmente a un niño de su entorno, puede adoptarse una medida de protección excepcional conocida como “medida de abrigo”.
“Esta medida dura 180 días. Es decir, el niño se pone a resguardo, ya sea con un familiar, un referente afectivo y, si no tuviéramos red familiar, se deriva a un hogar convivencial”, detalló.
“Durante ese período, lo que se hace es trabajar con la familia de origen para ver si se puede revertir la situación. Hay casos en los que se puede, hay casos en los que no”, sostuvo.
Olivieri también remarcó que estas decisiones están sujetas a la intervención de la Justicia. Una vez adoptada la medida de protección, el organismo informa al juzgado competente, que debe controlar su legalidad. Posteriormente, la autoridad judicial define, a partir de las evaluaciones correspondientes, si el niño puede permanecer bajo el cuidado de familiares o si corresponde avanzar hacia una declaración de adoptabilidad.
“Una vez que se toma la medida, se le informa al juzgado. El juzgado la legaliza con su equipo técnico y, finalizado ese período, es el juzgado también el que define, en función también de nuestros informes, si ese niño continúa en guarda con sus familiares o si el niño va a adoptabilidad”, explicó.
Otro aspecto que destacó la funcionaria es que los padres o adultos responsables tienen derecho a participar del proceso y cuestionar las decisiones mediante las vías legales correspondientes.
“La familia puede ser parte del proceso constante. Es decir, ellos pueden apelar la decisión, pueden ir a la Cámara”, indicó.
En ese sentido, rechazó las versiones según las cuales las familias desconocen los motivos por los que se adoptan las medidas de protección.
“Las medidas de protección se notifican, obviamente, a los progenitores o a los adultos que están a cargo. O sea, se les notifica el porqué y cuál es el trabajo que deben realizar”, aseguró.
La polémica tomó mayor repercusión a partir de la circulación de videos y publicaciones en redes sociales en los que se acusa al Municipio de Tigre de quitarles los hijos a distintas familias. Olivieri sostuvo que esas acusaciones no reflejan el funcionamiento del sistema de protección de derechos y cuestionó a quienes las difunden sin conocer los expedientes.
“Ahí está la responsabilidad de algunos medios que levantan la noticia falsa, que la difunden, que la replican. Gente que desconoce, generan confusión en la sociedad”, expresó.
Olivieri también confirmó que ya se iniciaron acciones legales y se presentaron denuncias penales contra quienes publicaron, compartieron y difundieron información falsa sobre supuestos secuestros de niños en Tigre. La funcionaria remarcó la gravedad de estas acusaciones, que se viralizaron en redes sociales y generaron confusión en la comunidad.
En ese contexto, la funcionaria también apuntó contra la senadora provincial Malena Galmarini, a quien cuestionó por haber puesto “me gusta” en una publicación vinculada con el conflicto. Olivieri consideró especialmente grave esa actitud por entender que la legisladora, que anteriormente tuvo responsabilidades de gestión en el área, debería conocer los procedimientos de protección de derechos de niños y adolescentes.
“Acabo de ver, por ejemplo, que la noticia le pone me gusta la senadora Malena Galmarini, siendo una irresponsable en su función y entendiendo que ella estuvo a cargo de esa área en el momento de la gestión que le tocó atravesar”, cuestionó.
Y agregó: “Evidentemente desconoce los procedimientos porque, si no, no estaría haciendo eso. Y la verdad es que es muy doloroso, es muy doloroso que habilite a que sucedan estas cosas, entendiendo que los equipos trabajan en pos del bienestar de todos los niños de Tigre”.
Las declaraciones suman un componente político a la controversia, en medio de las diferencias que mantienen sectores del oficialismo municipal y el Frente Renovador. No obstante, la crítica a Galmarini corresponde a la interpretación de Olivieri sobre su actividad en redes sociales y no acredita una participación de la senadora en los incidentes.
Por tratarse de expedientes que involucran a menores de edad, Olivieri evitó brindar información sobre las situaciones particulares de los niños cuyos familiares participaron de las protestas. En consecuencia, no se conocen públicamente los motivos específicos de las medidas adoptadas en esos casos ni sus respectivas resoluciones judiciales.
La funcionaria insistió en que las actuaciones del organismo buscan garantizar la seguridad de niños y adolescentes frente a situaciones de vulnerabilidad y no constituyen un mecanismo para separar familias sin intervención judicial.
“Nosotros no sacamos niños ni robamos niños, sino que ponemos a resguardo a niños que están siendo vulnerados”, enfatizó.
Mientras tanto, los hechos de violencia denunciados por la Secretaría derivaron, según confirmó su titular, en presentaciones judiciales realizadas por los tres profesionales que resultaron lesionados. La controversia continúa circulando en redes sociales, donde las denuncias de los familiares conviven con la explicación oficial sobre el funcionamiento de las medidas de protección de la infancia.
